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La mayor parte de esas recomendaciones se hicieron públicas hace dos semanas, cuando el Departamento de Interior emitió nuevas reglas en áreas como el cimentado de los pozos, los sistemas de prevención de derrames, las certificaciones de seguridad, las respuestas a emergencias y la formación a trabajadores.
Entre las reglas más estrictas se encuentra la necesidad de detallar minuciosamente los planes de exploración de cada una de las plataformas, con una descripción de las mejoras emprendidas para prevenir una explosión y el plan de contingencia en caso de que se produzca, explicó Brownwich en la conferencia.
Las 36 plataformas que detuvieron su actividad con la moratoria y las compañías que quieran iniciar nuevas exploraciones deberán contratar también a un agente independiente para que evalúe y describa el diseño de su sistema de prevención de derrames, cuyo fallo detonó la catástrofe en el caso del pozo de BP.
Salazar aseguró que la experiencia de la respuesta a la crisis de BP ha surtido a la región de "suficientes recursos para hacer frente incluso a dos vertidos simultáneos".
También, el funcionario reconoció que "siempre habrá riesgos" de nuevos accidentes, pero consideró que el Gobierno los redujo "significativamente" y que es necesario recuperar "el petróleo y el gas que necesitamos para nuestras casas y coches".
La gran incógnita que ha dejado el anuncio es el plazo de tiempo en el que las plataformas podrán demostrar que cumplen con las nuevas regulaciones y volver efectivamente al trabajo.
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