viernes 16.11.2018
Se mantuvo en el poder desde 1964 a 1985
viernes 23 de Noviembre de 2012

Revelan que la principal entidad empresaria de Brasil ayudó a la dictadura

La Comisión de la Verdad que investiga los crímenes de la dictadura militar de Brasil (1964-1985) denunció al principal grupo empresarial del país, la Federación de Industrias de San Pablo (Fiesp), de haber colaborado con el golpe de Estado mediante un acuerdo clandestino de fabricación de armamento para la represión interna.

Lo afirma un documento del coordinador de la comisión, Claudio Fontenles, realizado en base a informes públicos de los servicios de informaciones de la época de la dictadura que estaban guardadas como confidenciales.

La Comisión de la Verdad fue instalada por la presidenta Dilma Rousseff y una de sus funciones es investigar el capítulo de la "unión industrial militar", la cooperación de las empresas paulistas para financiar centros de tortura a disidentes y armar a los militares.

Un documento del Servicio de Inteligencia Nacional indica que el 31 de marzo de 1964, día del golpe militar que derrocó al presidente constitucional Joao Goulart, fue creado en Sao Paulo el GPMI, Grupo Permanente de Movilización Industrial.

Los espías de la dictadura dejaron constancia material que el grupo se creó "frente a la necesidad de provisión de armas y equipos militares a los revolucionarios (sic) paulistas y basados en la idea de que no existe poder militar sin industria que fabrique ese poderío".

La Comisión de la Verdad, según dijo a corresponsales extranjeros uno de sus siete miembros, el abogado José Carlos Dias, trabaja en demostrar que el golpe de 1964 no fue apenas militar, sino con participación de la sociedad civil.

Por eso uno de los capítulos es investigar el rol de las empresas en la financiación del golpe y del régimen ilegal.   

Fontenles, en su informe sobre la participación de la Fiesp, sostuvo: "Por lo tanto la Fiesp en el mismo día de la eclosión del golpe celebró el 'primer intento de unión industrial militar' para enfrentar la posible resistencia de los jefes militares" a destinar presupuesto al armamento.

Los documentos indican que el órgano de la Fiesp "es especializado en movilización industrial para producir armas, con vistas a cualquier emergencia futura". La actual conducción de la Fiesp no se había pronunciado hasta hoy sobre el caso.

Los documentos de la dictadura indican que en los años sesenta se explicaba que las empresas de material bélico debían fabricar equipamientos para las Fuerzas Armadas en forma ilegal usando sus matrices de producción destinadas al mercado civil.

El grupo de apoyo de la dictadura formado por la Fiesp, dice el documento de la Comisión de la Verdad, pensó en abrir una fábrica de aviones en la región noreste y llevó a uno de los jefes de la Fuerza Aérea de 1965, brigadier Agemar da Rocha, a una misión comercial a Estados Unidos.

La Comisión investiga también la conformación de empresas de fachada que lavaron dinero para sustentar la Operación Bandeirantes, la red de represión ilegal de los militares y policías en Sao Paulo que entre otras detuvo a la militante izquierdista Dilma Rousseff, hoy presidente, en 1970.

Los documentos también registran uno de los temas ya conocidos por académicos e investigadores: el rol del empresario Henning Boilesen, dueño de Ultragaz asesinado en un atentado de la izquierda en 1971.

Los documentos de los propios servicios de inteligencia narran que Boilesen, nacido en Dinamarca y nacionalizado brasileño, "colaboraba con el combate al terrorismo habiendo ayudado en forma material a la Operación Bandeirantes".

Boilesen, dicen los documentos, acompañó a Copenhague a una reunión del Fondo Monetario Internacional al entonces ministro de Economía de la dictadura, Antonio Delfim Netto, economista que llegó a ser hombre de consulta de Luiz Lula da Silva, identificado con la línea desarrollista. 

Los militares pusieron como ejemplo a no seguir por los empresarios el caso de Boilesen, porque "se exponía mucho" y era conocido por los presos políticos porque asistía a las sesiones de torturas.

La Comisión de la Verdad debe entregar el informe final el 14 de mayo de 2014 a la presidenta Rousseff.

Los acusados de practicar crímenes de lesa humanidad en Brasil están protegidos de juicios por la Ley de Amnistía de 1979, ratificada por el Supremo Tribunal Federal en 2010. 

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