lunes 19.11.2018
Política
Por Alejandro Fargosi, consejero de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación
miércoles 10 de Abril de 2013

Hacia una Justicia injusta

Alejandro Fargosi

Alejandro Fargosi

Por Alejandro Fargosi - Consejero de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación

La supuesta "democratización" esconde la decisión de eliminar la independencia de la Justicia.


Esa independencia que -con sus mas y sus menos- ha tenido nuestro Poder Judicial es lo único que impide la chavización de nuestro país y cualquier hermano venezolano lo puede explicar por su propia experiencia: el chavismo se consolidó solo cuando logró destruir su sistema judicial.

Ninguno de los cambios propuestos tienen nada que ver con mejorar el acceso de la gente al Poder Judicial, ni con acelerar los procesos, ni con simplificar sus trámites. Esos cambios violan frontalmente la Constitución y perjudicarán a la gente, creando una justicia injusta, lenta, cada vez mas cara y sometida al poder de turno.

Lo primero gravísimo que va a ocurrir, antes de la inconstitucional elección de nuevos consejeros, es que pasar de la mayoría de dos tercios (9 votos) a la de solo la mitad mas uno (8 votos) que propone la presidente, le dará de inmediato al kirchnerismo el poder de designar las ternas que quiera y de iniciar los juicios políticos que desee, sin el voto de las minorías que resistimos en el Consejo. Esto sucederá apenas se apruebe la ley y será desastroso.

Luego, someter al Consejo de la Magistratura a elecciones populares -además de violar el art. 114 de la Carta Magna- lo someterá más aún al gobierno, porque el partido dominante siempre se impondrá en las elecciones "PASO", que fueron pensadas para dirimir internas en los partidos y no para cubrir cargos en el Poder Judicial.

El Consejo es parte del Poder Judicial, porque la Constitución quiere que sus cargos se cubran con el sistema propio de los poderes judiciales y no de los poderes de elección popular, como lo dice ese art. 114.

De hecho, ningún partido político ha podido ganar elecciones entre jueces y entre abogados, y ahora sí podrán, porque solo los partidos tienen la estructura y el dinero para competir en elecciones generales. Los grupos de jueces y profesionales independientes desaparecerán, por imposibilidad material de competir y de llegar al conocimiento de la masa de la población, que poco conoce a los candidatos a diputados y senadores y menos puede saber de abogados y jueces.

Igual defecto tiene el demagógico proyecto de que otros académicos integren el Consejo... ¿o los arquitectos, abogados o ingenieros pueden elegir bien a los directores de los hospitales? ¿Qué puede saber un académico en bioquímica de administración judicial? Será un cambalache discepoliano en el que el gobierno, que maneja los presupuestos de las universidades nacionales, presionará para elegir a sus representantes, como ya lo hace.

El Consejo se creó para evitar que los poderes Ejecutivo y Legislativo, por mera política y sin conocimientos científico-jurídicos, decidan quiénes son jueces y a quiénes hay que remover y por eso se integra con abogados, magistrados y académicos elegidos por sus pares, no de manera masiva. Se requieren especialistas, profesionales, que seleccionan y analizan a otros profesionales sobre temas legales y jurisdiccionales, algo que sólo pueden hacer los que saben del tema, los idóneos, como manda la Constitución en sus arts. 16 y 114.

Lo peor del partidismo político acabará con las bondades y ventajas del Consejo, y con esto se dará un mensaje claro a los jueces: tengan miedo del gobierno, porque es el que los pone y los saca. Ese miedo y la eliminación de la justicia son sinónimos. Y qué decir de la impunidad de los gobernantes... a olvidarnos de cualquier posibilidad de luchar contra la corrupción.

Igualmente nefastas son las restricciones a las medidas cautelares. Con los parámetros dados por la presidente los derechos de la gente desaparecerán. Que se olviden los jubilados de cobrar sus haberes cuando la Anses los demora o desobedece a la Corte. Y que se olviden los ahorristas ante una futura crisis financiera. Por supuesto, que se olviden las víctimas de Once, o de las inundaciones o de cualquiera de los dramas causados por la impericia gubernamental, de que algún juez haga lugar a sus reclamos. Ni como cautelar ni como sentencia de fondo. Todo pertenecerá a este futuro estado maoísta de prácticas fascistas.

Podrá decirse que hay un exceso de medidas cautelares, pero eso no ocurre porque los jueces sean malos, sino porque los actos de este gobierno sólo dejan la opción de lograr cautelares para sobrevivir. No puede decirse que en estos años "el estado haya sido exprimido" porque si alguien ha sido exprimido hemos sido los 40 millones de argentinos que cada vez pagamos mas impuestos por peores servicios. Por eso los jueces dictan cautelares, porque su función defender a la gente y no al gobierno. 

Uno de los razonamientos mas perversos de todos estos proyectos es que las leyes y decisiones gubernamentales, como provienen de legisladores y de un Ejecutivo elegido por el voto, son necesariamente buenas. Semejante afirmación es mentira y si la dijese un alumno en la Facultad de Derecho, sería aplazado. Demasiada sangre y sufrimiento le costó a la humanidad descubrir que la legitimidad de origen -la elección popular- es diferente de la legitimidad de ejercicio. Los ejemplos son tan obvios que no los mencionaré.

Por eso nació el Poder Judicial como órgano independiente: para ponerle límites al poder absoluto de las mayorías.

Otros de los anuncios presidenciales parecen ideas positivas, pero resulta que ... existen desde hace décadas. Las declaraciones juradas se cumplen desde hace unos 10 años y el libre acceso a expedientes y sentencias es tan viejo como la Justicia misma. Precisamente por eso es que existe la jurisprudencia, que sería imposible sin esa publicidad.

El acceso de personas ajenas al Poder Judicial a los concursos para jueces ya existe y aunque pueda ser mejorado, no puede pretenderse que será una novedad "k". Y la apertura de cargos a concursos sería ideal que comenzara por el gobierno, al que solo se accede siendo parte de "la cámpora", como sería necio negar.

Mejoremos y aceleremos la Justicia, garantizando que todos tengamos juicios justos, rápidos y eficientes. Eso no se hará con las Cámaras de Casación, que además de gastar dinero que puede dedicarse a nuevos juzgados penales, demorará todos los juicios y contradicen la ley de "per saltum" que este mismo gobierno hizo ley el año 2012. Recordemos que esas Cámaras serán llenadas con jueces elegidos por el Consejo dominado por el gobierno. Un escenario dantesco.

Dice el gobierno que la sociedad ha "internalizado" la necesidad de "democratizar la justicia". Otra falacia mas, porque la gente no está pensando en esto sino en la inseguridad, la falta de servicios de salud, las huelgas docentes, la falta de energía, el riesgo de nuevas tragedias como las de Cromagnon, Once y La Plata, la penetración de la droga y la inflación. Esos son los temas de la gente.

Todas las medidas anunciadas se dirigen a dominar al Consejo y al Poder Judicial, porque en estos últimos tiempos demostraron ser los únicos lugares de la Argentina en los que el cristinismo no puede imponer su voluntad.

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