5 de noviembre 2013 - 21:03

Pese a desmentida de Lorenzetti, Carrió insistirá con el juicio político

Elisa Carrió y Fernando Sánchez
Elisa Carrió y Fernando Sánchez
Aunque el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, desmintió haber mantenido contactos con funcionarios nacionales por la Ley de Medios antes de la sentencia a favor del Estado, desde la oposición insistirán con el pedido de juicio político en el Congreso.

En diálogo con ámbito.com, el legislador porteño de UNEN Fernando Sánchez confirmó que sigue en pie la iniciativa de su jefa política Elisa Carrió, de denunciar ante el Parlamento y la Justicia federal el supuesto "pacto espurio" entre Lorenzetti y el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, para obtener la declaración de constitucionalidad de la norma que obliga a desinvertir al Grupo Clarín.

"Es un proyecto de resolución, no una ley, que se presenta en la Comisión de Juicio Político" de la Cámara baja, explicó el diputado. "Es importante que (Lorenzetti) diga si habló con Zannini por la Ley de Medios, pero más allá de eso, no puede entrevistarse como ministro con una de las partes de un conflicto a resolver en su ámbito, sin como mínimo que esté otro ministro, o sea en audiencia pública o con la otra parte presente", remarcó.

Sánchez recordó que la denuncia pública de Carrió es anterior al fallo y minimizó la reciente rectificación del semanario Perfil, que había publicado en voz del supremo la veracidad de los encuentros a solas. Tampoco Sánchez dio importancia al reciente comunicado firmado por todos los miembros del máximo Tribunal en apoyo a Lorenzetti. "La denuncia pública se hizo en el Congreso y antes de la nota de Perfil. Lorenzetti violó los principios republicanos de divisiones de Poderes, una Acordada de la Corte y el reglamento judicial", sostuvo el dirigente de UNEN.

La Acordada a la que refiere Sánchez es la 7/2004, que agrega como segundo párrafo del artículo 72 del Reglamento para la Justicia Nacional el texto: "Cuando los litigantes y profesionales soliciten audiencia con alguno de los jueces del Tribunal, ella tendrá lugar siempre que dichas personas obtengan la presencia de la contraparte o de su letrado en la causa contenciosa de que se trate". Pero en concreto, el carrioísmo lo acusa de "canjear" la Ley de Medios a cambio de que el Gobierno nacional no se haga cargo de la "caja" del Poder Judicial.

"Con la reciente rectificación (por lo de Perfil), la discusión será: la verdad de él contra la nuestra", señaló, y afirmó que en todo caso "no podemos violentar la opinión de él, pero no hay nada que le de la razón a Lorenzetti ¿cómo sabemos si habló o no habló de la ley de medios?", se preguntó el legislador.

Según reveló Sánchez ante este medio, Carrió evalúa por estas el momento oportuno para denunciar al titular de la Corte. "Tenemos todos los elementos", afirmó, aunque reveló el temor en UNEN a que el proyecto sea rechazado in limine o "cajoneado". La Comisión de Juicio Político la preside la kirchnerista Adela Segarra. Si el pedido de jury avanza, Lorenzetti podría se citado a declarar o formular un descargo ante la Comisión de Juicio Político, aunque no se descarta que lo haga voluntariamente en otra comisión. Su par, Eugenio Raúl Zaffaroni declaró ante la Comisión de Justicia por el alquiler de propiedades a personas que regenteaban prostíbulos.

Las "contundentes" pruebas que presentará la diputada reelecta serán un informe de su autoría de 42 páginas que devela presuntas "vinculaciones y actuaciones" de Lorenzetti como "gestor de intereses económicos de sectores concentrados" y la nota firmada por jueces federales en contra de la reforma judicial, que se diferenciaba de la difundida por el Tribunal. Esa nota que Lorenzetti presentó al Congreso estaba firmada por el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal y de la Junta de Presidentes de las Cámaras Nacionales y Federales de todo el país, el camarista Gustavo Hornos, y tenía diferencias con otra anterior firmada por todos los presidentes de esas Cámaras de Apelaciones. La nota que finalmente fue presentada ante la Presidencia de la Cámara de Diputados no incluía el punto relativo al régimen de mayorías para la apertura del proceso de remoción de los jueces.

Sin embargo, a pesar de la ratificación de la presentación de la denuncia, el 31 de mayo pasado, la Sala II de la Cámara Federal ya dictaminó que no existe "una hipótesis de tipo criminal con visos de verosimilitud", en el pacto. La decisión del tribunal de alzada fue firmada por los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah, quienes confirmaron una resolución del juez federal Julián Ercolini, quien había desestimado la denuncia presentada por Carrió, que llegó a abrirse por requerimiento de un fiscal, pero no avanzó más allá de esa instancia. En su momento, Ercolini desestimó investigar la denuncia al sostener que se trataba de una cuestión política no judiciable, pero en un dictamen más político que jurídico el fiscal Federico Delgado insistió ante la Cámara. Pero ese fuero fue categórico al expresar que "no existe una hipótesis de tipo criminal" en el caso y confirmó la desestimación y el archivo del caso.

"Trabajé en Poder Judicial en la década del 90 y tampoco nadie tenía vínculo con nadie", dijo con ironía Sánchez, y agregó: "Y así le fue a la Corte adicta, esta va a terminar igual".

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