19 de septiembre 2014 - 00:00

El informe que fundó la democracia

El 20 de septiembre de 1984, el terrorismo de Estado quedaba expuesto con la entrega del informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. El estremecedor documento, recibido por Raúl Alfonsín, resultó vital para el posterior juicio a las juntas, pese a que la maquinaria que había llevado a cabo los crímenes seguía activa para ocultar las pruebas. Cumple tres décadas un hito en la vida democrática, no exento de polémicas.

El informe que fundó la democracia
"Nunca antes se había retratado a la Argentina sometida en forma tan global e impresionante". La frase de Horacio Verbitsky, en su libro "Civiles y militares", grafica el impacto del histórico 20 de septiembre de 1984, cuando la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) entregó su informe al presidente Raúl Alfonsín. El terrorismo de Estado quedaba radiografiado de una vez y para siempre, con el espeluznante recuento de más de 300 centros clandestinos de detención y un saldo de 8.961 personas desaparecidas (aunque los organismos de derechos humanos estiman la cifra en 30 mil y se comprobaron nuevos casos en los años posteriores). La mitad de los desaparecidos eran obreros y estudiantes, y casi un 60 por ciento de las víctimas tenía entre 21 y 30 años.

Si la historia de los dos primeros años de democracia es la del camino hacia la sentencia de la Cámara Federal en la causa 13 contra las juntas militares, los nueve meses iniciales de ese recorrido están marcados por la Conadep, creada por el decreto 187 de Alfonsín el 15 de diciembre de 1983, y cuyo informe (la entrega fue acompañada por una manifestación multitudinaria de 70 mil personas) sería determinante para querellar a los comandantes.

Al mismo tiempo, el Presidente apostaba a la "autodepuración" de los militares vía el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Alfonsín ya había esgrimido en la campaña la idea de los tres niveles de responsabilidad en la represión ilegal: los que habían dado las órdenes, los que se habían excedido y los que se limitaron a obedecer. El presidente radical declaró la nulidad de la autoamnistía sancionada por la dictadura en retirada (el derrotado candidato peronista, Ítalo Luder, la había considerado válida) y, merced a la ingeniería jurídica diseñada por Carlos Nino y Jaime Malamud Goti, se reformó el Código de Justicia Militar, que convirtió a la Cámara Federal en tribunal de apelación por fuera de la órbita militar y con potestad para hacerse cargo de las actuaciones si el Consejo Supremo dilataba su accionar.

En rigor, el Consejo comenzó su labor casi al mismo tiempo que la Conadep, merced al Decreto 158, que ordenó el juzgamiento de los nueve comandantes. Y la terminó una semana después de la entrega del informe a Alfonsín, con conclusiones totalmente distintas: reconocía como "inobjetables" directivas, órdenes y decretos emanados desde la superioridad y recomendaba investigar "los hechos cometidos por las presuntas víctimas". Lisa y llanamente: se reivindicaba la represión clandestina. Alejandro Agustín Lanusse, crítico del Proceso y testigo en el juicio a las juntas, lo dejó asentado en sus memorias: "Los defensores de la represión tal como fue no comprenden que, al justificar el accionar de los grupos de tareas, justifican la quiebra de la cadena de mandos, el fin de la disciplina militar. Es decir, la destrucción de las Fuerzas Armadas".

Daniel Salvador, dirigente de larga data en el radicalismo, fue citado por Alfonsín un día de noviembre del 83 al hotel Panamericano, mientras se armaba el futuro gabinete. Allí le ofreció ser parte de una comisión de notables. "Todos los que estuvimos en la Conadep fuimos convocados personalmente por Alfonsín", recuerda hoy. "Ya se hablaba de armar una comisión bicameral en el Congreso, que era la idea compartida por los organismos de derechos humanos. Cuando se armó la Conadep, se invitó al Congreso a enviar legisladores". El PJ, que en la campaña de Ítalo Luder sostenía la legalidad de la autoamnistía, no se sumó.

Los organismos preferían la bicameral. "Una comisión del Congreso hubiera tenido poder de policía, la potestad de hacer allanamientos", considera Osvaldo Barros, de la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos.

La UCR mandó a tres diputados. Se dio la primera reunión de la comisión en pleno, el 22 de diciembre, y allí fue nombrado Ernesto Sabato como presidente. Entre otros notables estaban Magdalena Ruiz Guiñazú, Gregorio Klimovsky, Eduardo Rabossi, el rabino Marshall Meyer, el obispo Jaime de Nevares y el obispo metodista Carlos Gattinoni.

Se establecieron cinco secretarías para el acopio de testimonios e información. Allí se ubicaron, entre otros, Graciela Fernández Meijide y Salvador. Éste recuerda que "se trabajó en el Centro Cultural General San Martín, comenzamos en una oficina y luego pasamos a ocupar todo un piso". Los secretarios vivían el día a día y confrontaban con los testimonios. "Nos encontramos con cosas muy duras. No sólo con el relato de los secuestros y las torturas. Comenzaron a aparecer testimonios sobre robos de bienes y los bebés nacidos en cautiverio". Algunos empleados del Ministerio del Interior no resistieron la experiencia y fueron reemplazados por gente ligada a los organismos de derechos humanos, que ya habían acopiado información en los años previos. Los seis meses de trabajo estipulados por el Decreto 187 se terminaron estirando otros 90 días hasta la entrega del material.

Sigue Salvador: "El paso siguiente fue recorrer los lugares denunciados como centros clandestinos de detención. El Ministerio de Defensa dio instrucciones para que nos dieran facilidades, pero los militares nos ponían trabas. En muchas dependencias pedían orden judicial para entrar, llegábamos al mediodía y hasta la noche no nos dejaban pasar. Estábamos investigando a los que recién habían entregado el poder; eran lugares con camaradas de los que iban a ser juzgados, e incluso los acusados aún estaban en servicio". El dirigente radical resalta que Raúl Borrás, como ministro de Defensa, "fue una pieza clave" dentro de la estrategia inicial del alfonsinismo. El ministro, una de las espadas del Movimiento de Renovación y Cambio, sucumbió a un cáncer al mes de iniciado el juicio a las juntas.

La labor de la comisión coincidió con los primeros grandes roces entre el Gobierno y los militares. El otoño del 84 fue particularmente tenso, con el primer incidente serio desde la vuelta de la democracia. El juez cordobés Julio Rodríguez Villafañe dictó prisión preventiva a dos oficiales del Tercer Cuerpo, y sus compañeros de armas se amotinaron con la venia de su comandante, el general Pedro Mansilla. Borrás instruyó al jefe del Ejército, general Jorge Arguindegui, para que intimara a Mansilla, quien se negó a obedecer. Alfonsín ordenó el pase a retiro de ambos militares. Arguindegui fue reemplazado por el general Ricardo Pianta. A las pocas semanas, el consejo objetó la investigación de la Justicia federal de Córdoba. Borrás viajó a La Docta, habló con el juez Gustavo Becerra Ferrer y éste se declaró incompetente. Casi tres años más tarde, esa causa se reactivaría con la citación del mayor Ernesto Barreiro (procesado por Becerra Ferrer en el 84), desencadenando el alzamiento de Semana Santa.

Una de las últimas medidas de Mansilla antes de su pase a retiro fue negar el acceso de la Conadep a las instalaciones del Tercer Cuerpo, lo que derivó en la queja personal de Sabato ante Alfonsín. "Recuerdo la visita a Olavarría, un día de tormenta. Nos tuvieron esperando hasta la noche y nos recibieron con armas en el escritorio", rememora Salvador. "También fuimos a comisarías que habían tenido modificaciones edilicias y hubo que pedir la ayuda de arquitectos, porque teníamos testimonios sobre cómo eran los lugares y surgían diferencias porque habían tirado una pared o cambiado la cerámica".

Barros, secuestrado en la ESMA entre 1979 y 1980, coincide sobre el clima que se percibía. "Yo no declaré ante la Conadep por desconfianza; todo el aparato represivo estaba suelto. Declaré en el juicio del 85 y en las gradas estaban los marinos vociferando".

El pico de tensión llegó la noche del 4 de julio, cuando por la pantalla de Canal 13 se vio el programa especial "Nunca Más", con testimonios de sobrevivientes de los campos, como Adriana Calvo; y de familiares, como Estela de Carlotto y Chicha Mariani, quienes hablaron de sus nietos nacidos en cautiverio. "Magdalena (Ruiz Guiñazú) tuvo mucho que ver en el armado de ese programa; se invitó a participar a quienes habían dado testimonio. Ya veníamos con amenazas, microfilmando los legajos y llevándolos al Banco Nación. Nosotros queríamos que la gente tuviese conciencia de lo que había pasado, que se rompiesen barreras", precisa Salvador sobre lo que implicó el programa.

En la previa, los militares hicieron llegar al Gobierno su disconformidad por la emisión (casi a la misma hora caía el general Arguindegui). En "La historia política del Nunca Más", Emilio Crenzel aduce que "Alfonsín discutió con sus colaboradores si emitirlo con el costo de irritar a los militares o prohibirlo, pese a que ya estaba anunciado, y enfrentar el escándalo público". Gerardo Taratuto, abogado y dramaturgo, colaboró con Ruiz Guiñazú en el armado. Según él, narra Crenzel, el nombre "Nunca Más" fue idea de la periodista y Sabato amenazó con dar un portazo si se prohibía la emisión.

Para atenuar los ánimos, el ministro del Interior terminó hablando a manera de prólogo al comenzar el envío. Así, Antonio Tróccoli cargó las tintas en la guerrilla como iniciadora de la violencia de los 70, aliviando las críticas castrenses y sumando más polémica a algo que quedaría de manifiesto tras el 20 de septiembre: la teoría de los dos demonios.

El punto de arranque de la polémica fue el Decreto 157, firmado a la par del 158, que instruyó al procurador general de la Nación para actuar penalmente contra las cúpulas guerrilleras. En su libro "La casa está en orden", Horacio Jaunarena (funcionario de Defensa durante todo el alfonsinismo, llegando a ser ministro), niega la equiparación entre las organizaciones irregulares y las Fuerzas Armadas: "En ningún momento se puso en duda que el terrorismo de Estado fue mucho más grave que el terrorismo de orientación política que se practicó en nuestro país".

Para Salvador, "la teoría de los dos demonios la habían desarrollado los militares para justificar la represión. Nunca se equiparó a la guerrilla con los militares, es una distorsión total ver el trabajo de la Conadep desde esa óptica".

"Ya con la firma de los decretos de diciembre del 83 se planta la idea de los dos demonios y eso se ve en el prólogo del informe. Quisimos cambiar ese prólogo por uno redactado por los organismos cuando el libro era un best seller, y no nos dejaron", aduce Barros.

Como fuese, la polémica quedó instalada con la publicación del "Nunca Más". El prólogo, consensuado por los integrantes, y al que le dio forma Sabato, arranca diciendo: "Durante la década del 70 la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda", para luego agregar que, "a los delitos de los terroristas, las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el combatido, porque desde el 24 de marzo de 1976 contaron con el poderío y la impunidad del Estado absoluto, secuestrando, torturando y asesinando a miles de seres humanos". Es lo que califica como "metodología del terror planificada por los altos mandos".

En "Por algo fue", texto anexo a "Las dictaduras argentinas" (Alejandro Horowicz, 2012), Elsa Drucaroff desglosó el prólogo del "Nunca Más": "El texto postula así un terror que convulsionó versus un terror planificado; un terror autónomo que llegó de zonas extremas a enfermar, a convulsionar, acorde con la irracionalidad y el desorden que instala la enfermedad (convulsiones), como metáfora biomédica, versus un terror con sujeto planificador, frío, racional y autoritario. El primer terror convocó al segundo. El segundo es infinitamente peor. Si el primero remite a la metáfora biomédica de las convulsiones (un desorden de la naturaleza, de la materia), el segundo apunta a la metáfora teológica del Infierno (el Mal, instalado ahora en el territorio metafísico)". Efectivamente, el prólogo usa reiteradamente figuras como "tecnología del infierno" y llega a aludir al "Abandonad toda esperanza, los que entráis", de Dante, para referirse a los campos de concentración.

Agrega Drucaroff: "En la 'teoría' de los dos demonios resuena el 'todos los extremos son malos', 'los extremos se tocan', etc. Desde esta ecuanimidad neutral y serena el prólogo plantea que los dos 'extremos' fueron demonios. Subyace aquí una presuposición: el bando subversivo debía ser derrotado, como todo demonio; el problema era cómo. Si el prólogo sostiene que 'en nombre de la seguridad nacional, miles y miles de seres humanos' desaparecieron, no se priva de dejar claro, en otro lugar, que 'la seguridad nacional' estaba efectivamente en peligro. Y sin duda estaba en peligro lo que el bloque capitalista entiende por 'seguridad nacional'".

Durante el kirchnerismo se agregó otro prólogo, que niega toda equiparación: "Es preciso dejar claramente establecido, porque lo requiere la construcción del futuro sobre bases firmes, que es inaceptable pretender justificar el terrorismo de Estado como una suerte de juego de violencias contrapuestas como si fuera posible buscar una simetría justificatoria en la acción de particulares frente al apartamiento de los fines propios de la Nación y del Estado, que son irrenunciables".

Sabato reivindicó siempre la labor de la Conadep. Conviene detenerse en sus apreciaciones de 1995, al responder por escrito un cuestionario de La Maga, en el cual ponderó la política inicial de Alfonsín hasta que decidió "el malhadado Punto Final": "Cuando entregamos las cincuenta mil y pico de páginas sobre los hechos que pudimos verificar en la Conadep, hubo gente de la extrema izquierda que nos acusó de negarnos a dar el nombre de los culpables, olvidando un pequeño detalle: nosotros no éramos un tribunal judicial -habría sido una violación inadmisible de la Constitución-, sino un organismo creado para investigar y documentar los hechos, en la medida de nuestras posibilidades, ya que hasta edificios enteros fueron destruidos por las Fuerzas Armadas".

Justamente, el Decreto 187, que dio origen a la comisión, estipulaba que debía abstenerse de "emitir juicios sobre hechos y circunstancias que constituyen materia exclusiva del Poder Judicial". Con todo, la Conadep formó una lista de casi 1.500 represores entre miembros de las Fuerzas Armadas, de Seguridad, del Poder Judicial, de la Iglesia y médicos.

Sabato no se había caracterizado por su denuncia de la dictadura, sino desde 1980, cuando firmó junto a Jorge Luis Borges una solicitada por los desaparecidos. En declaraciones a Le Monde recogidas por Clarín el día de la final del Mundial 78 (según consignan Eduardo Blaustein y Martín Zubieta en "Decíamos ayer. La prensa argentina bajo el Proceso") aseguró que "boicotear el Mundial no sólo hubiera sido boicotear al Gobierno, sino también al pueblo de la Argentina, que de veras no se lo merece". También, que se sentía "hondamente angustiado por la tragedia que se vivió en estos últimos diez años".

Con todo, recién instalado el régimen, Sabato y Borges habían almorzado con Jorge Rafael Videla, acompañados por Leonardo Castellani y Esteban Ratti, y en la conversación salieron los nombres de Haroldo Conti y Antonio Di Benedetto, secuestrados en las semanas previas. Conti sigue desaparecido. El autor de "Zama" partió a España y en 1983 dedicó sus "Cuentos del exilio" "al Premio Nobel de Literatura Heinrich Böll y al gran escritor argentino Ernesto Sabato, que bregaron por mi libertad en altas instancias".

Borges, el otro contertulio de renombre en el almuerzo con el dictador, declaró a la revista Gente, entregado ya el informe a Alfonsín, que había hablado con Sabato. "Me ha dicho que se siente muy cansado. Lo entiendo. Lo que no entiendo es por qué se ha resignado a estas revisaciones, probando culpas. Yo sé que alguien tiene que hacerlo. Pero prefiero que lo hagan otros. Yo quisiera saber por qué él se ha resignado. (...) A él lo conoce el doctor Alfonsín y por lo tanto puede pedirle algo. Yo, en cambio, hablé con él tres o cuatro minutos y no puede pedirme nada. Sí... ellos son amigos, así que es otra cosa. Además, le repito, alguien tiene que hacerlo".

La confirmación de las atrocidades de la dictadura y la exasperante lentitud del Consejo Supremo dieron por tierra con la idea original de Alfonsín de que se produjese la "autodepuración". La Cámara Federal se abocó y la causa quedó en la esfera de la Justicia ordinaria. El juicio a las juntas tomaba forma y el corpus documental de la Conadep era decisivo. En el medio, el libro editado por Eudeba en el verano del 85 agotaba ediciones, y se creaba la Subsecretaría de Derechos Humanos, con Eduardo Rabossi como primer titular.

"La investigación de la Conadep y su informe público fueron el resultado de la conformación de una alianza tácita entre la mayoría de los organismos de derechos humanos y la conducción del Estado que se tradujo en un proceso de legitimación recíproca entre la comisión, los organismos, los familiares y los sobrevivientes", resume Crenzel en su libro, y agrega que "otorgó a los organismos, a los familiares y a los sobrevivientes una legitimidad pública inédita, en especial al asignarles un rol protagónico en el programa televisivo que adelantó sus conclusiones, al darles la autoridad para decidir el destino judicial que tendrían sus testimonios y al invitarlos a proponer sus ideas sobre las recomendaciones que debería incluir su informe final".

Barros considera que "tuvo el valor de poner a la luz la dimensión de lo ocurrido en la dictadura, aunque acotada en esos términos, porque con la bicameral se podría haber investigado a fondo. Aun así, el informe fue un cimbronazo para toda la sociedad".

Salvador considera que "Alfonsín se sustentaba en dos ideas centrales. Una era saber toda la verdad sobre lo que había pasado, para lo cual creó la Conadep. La otra era lograr la máxima justicia posible en un país con la democracia recién reinstaurada, cuando el Proceso aún estaba infiltrado en muchos ámbitos. La Conadep tuvo dos grandes aportes: ser la base procesal de la acusación en el juicio a las juntas, como admitió Strassera; y, más trascendente, diría, lograr un vínculo con la sociedad, que se tomase conciencia de lo ocurrido. El 'Nunca Más' es la condena moral del pueblo argentino al terrorismo de Estado".

@jpcsipka

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