18 de julio 2015 - 22:17

Bonadio defendió uso de la Metropolitana para los allanamientos en Río Gallegos

El juez federal sostuvo que no fue un error, es una fuerza como cualquier otra.
El juez federal sostuvo que "no fue un error, es una fuerza como cualquier otra".
Tras su apartamiento de la causa Hotesur, el juez federal Claudio Bonadio defendió la utilización de la Policía Metropolitana para realizar allanamiento en Río Gallegos. "No fue un error, es una fuerza como cualquier otra", sostuvo en declaraciones radiales.

El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, había considerado "que el juez ha tomado decisiones que significaron una injerencia lisa y llana sobre las personas y sobre las empresas".

Al respecto, denunció que Bonadio "utilizó efectivos de la Policía Metropolitana, que se pagaron con fondos de la Ciudad de Buenos Aires, en lugar de las fuerzas federales, y designó peritos sin explicar por qué ni para qué", para concluir que "más elementos no puede haber" para tomar una decisión como el apartamiento del juez.

El ministro coordinador calificó como una "torpeza" las críticas de la oposición a este desplazamiento, al insistir en que "más clarito no puede ser" y negó que el magistrado haya hecho una solicitud formal a la Ciudad por las fuerzas de seguridad.

Fernández concluyó que Bonadio "lo que hizo fue un desaguisado fenomenal, que hace agua por los cuatro costados", aunque advirtió que no puede saber "cuál fue la intencionalidad" del magistrado, al actuar de esta manera, e insistió en señalar que "acordó con el gobierno de la Ciudad" su proceder en esta causa.

El apartamiento de Bonadio fue aprobado por los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero.

Freiler, el más duro de los camaristas que votó a favor de la nulidad, le recordó al juez su varias acciones irregulares en esta causa, como ser el negar copias del expediente a las defensas, la demora en la contestación de planteos, y hasta le reprochó el haber utilizado a la Policía Metropolitana en el allanamiento que ésta semana se hizo en Río Gallegos.

"No ha elegido a ninguna de las fuerzas de seguridad de carácter federal para llevarlas a cabo -Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria-, sino a la Policía Metropolitana, pese a que tales diligencias fueron practicadas fuera del ámbito de la ciudad de Buenos Aires", dijo Freiler.

El fallo de la Sala I expone también las irregularidades que quedaron planteadas por el allanamiento realizado por Bonadio en Santa Cruz en compañía de la Metropolitana. El hecho de que el Gobierno porteño haya pagado el desplazamiento de los efectivos de la Metropolitana, encierra una serie de irregularidades. Si un juez federal o nacional tiene que realizar un procedimiento en otra jurisdicción que requiera de gastos, debe pedir fondos al Administrador General del Poder Judicial, que es un órgano del Consejo de la Magistratura de la Nación.

El Administrador General es quien administra el Presupuesto del Poder Judicial, de acuerdo a la ley de creación, Nº 24.937, y por lo tanto dispone de las sumas requeridas por los Juzgados para esta clase de situaciones especiales.

El Consejo de la Magistratura tiene un reglamento de viáticos, en donde están tabulados expresamente los montos diarios que corresponden asignar a los funcionarios judiciales que se trasladan a otra jurisdicción, de acuerdo a la distancia y la jerarquía de los funcionarios.

Sólo se otorgan viáticos a funcionarios judiciales. El Consejo de la Magistratura no solventa gastos o viáticos de las fuerzas de seguridad que acompañan a los funcionarios judiciales.

Para casos de urgencia, en los que no es posible gestionar con carácter previo los viáticos, los funcionarios judiciales realizan el procedimiento y luego presentan la rendición de cuentas requiriendo la restitución de las sumas de dinero correspondientes.

En este caso, el juez Claudio Bonadio no solicitó estos gastos. Entonces, se produce la primera irregularidad porque no se sabe con qué fondos viajaron los funcionarios judiciales.

Las fuerzas de seguridad que concurren en auxilio de la Justicia destinan recursos y movilizan a su tropa. Es decir, es la propia fuerza con sus recursos la que debe pagar el traslado, y no un Ejecutivo como lo hizo el Gobierno porteño de Mauricio Macri.

En este caso hay un desplazamiento irregular ya que la Metropolitana no tiene dentro de sus funciones la potestad de intervenir en Santa Cruz. Además el gasto salió de la administración central del Gobierno porteño, es decir un gasto irregular que podría configurar el delito de malversación de fondos públicos.

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