26 de julio 2016 - 09:22

Gobierno no pudo, por ahora, evitar la "guerra del aceite"

• BUSCAN EVITAR UNA NUEVA POLÉMICA COMO LA GENERADA CON LA SUBA DE TARIFAS DEL GAS
El oficialismo quiere que el aumento del 30% se distribuya en el año. Empresarios presionan por aplicarlo directamente en agosto. Sindicatos amenazan con reabrir paritarias.

Góndolas. Por ahora los súper e hipermercados abastecen la demanda, pero ofrecen dos botellas por persona.
Góndolas. Por ahora los súper e hipermercados abastecen la demanda, pero ofrecen dos botellas por persona.
 El Gobierno no pudo, hasta ahora, desmantelar la amenaza de la "guerra del aceite". El foco de conflicto se concentra en estos días en la negativa de las empresas del sector a aplicar un incremento en los precios del producto de manera gradual hasta fin de año, y con un tope de 30%. Los privados aceptan este nivel, pero exigen que el alza se concrete en agosto. Mientras tanto, los sindicatos del sector siguen asegurando que habrá incrementos mayores a ese 30% y que podrían superar el 100%. Y además, de paso, hablan de reabrir las paritarias para los trabajadores aceiteros cerradas hace un mes con un incremento de 37%; presionando para que las compañías productoras "repartan" la "inminente" ganancia que estarían por recibir con la suba de los precios. La premisa del Gobierno de Mauricio Macri en este tema es clara. No aceptará que durante agosto se produzca un incremento importante en los valores de los aceites de soja, girasol y mezcla; y tenga que vivir un nuevo conflicto similar al que protagonizó entre junio y julio por los aumentos en los precios en las tarifas de gas. La orden de Presidencia al Ministerio de Producción es que, al menos hasta diciembre, los incrementos en niveles superiores al 10% en cualquier bien o servicio deben ser evitados o, en su defecto, negociados para que se apliquen gradualmente en los meses que restan para terminar el año. Más si se tiene en cuenta, como en el caso de las aceiteras, las empresas involucradas son en su mayoría grandes compañías como Molinos Río de la Plata, Molinos Cañuelas, AGD, Nidera y Arcor. En la visión oficial, estas empresas son parte de las que están observadas diariamente por los aumentos en los precios entre diciembre y julio, y deben ser controladas para que moderen las subas hasta fin de año. Menos todavía se les aceptarían los incrementos que se reclaman de más de 30% en un solo mes.

Los privados tienen sus argumentos para defender el alza de manera directa. Afirman que sólo el 20% de la oferta aceitera estaría afectada (los envases de aceites de soja, girasol y mezcla de menos de cinco litros) y que el incremento podría ser absorbido por los consumidores sin mayores problemas. Hablan del fin del subsidio con que contaba el producto y de la obligación que tienen las compañías de cerrar los valores con dinero propio; aún con un incremento de 30%. Se defienden además asegurando que en los otros productos que ofrecen estas empresas, los márgenes hoy son mínimos y no aseguran la posibilidad de mantener los márgenes de ganancias. Menos si, como amenaza permanentemente el Gobierno, la firma de una mayor apertura de importaciones está con la lapicera cargada. Los sindicatos tienen su propia visión del problema. Según el secretario de prensa de la Federación de Aceiteros en el país, José Luis Mayo, la subida simplemente está siendo mitigada artificialmente debido a la indignación que existe por parte de la opinión pública desde hace varios días, pero aseguró que antes de fin de año, el precio de una botella de aceite de girasol va a ser "por lo menos el doble" que en la actualidad. Asegura además que el incremento salarial firmado en las últimas paritarias del 37% ya no sería suficiente ante el alza de la inflación, y que se hace necesario una reapertura de las negociaciones; más teniendo en cuenta el próximo incremento en los precios de los aceites que comenzaría a aplicarse desde agosto.

El origen del conflicto data de 2008, cuando Guillermo Moreno en sus días de secretario todopoderoso de la Secretaría de Comercio Interior; inventó un esquema de fideicomiso privado, por el cual el 1,2% de las alícuotas de las retenciones a las exportaciones formaría un fondo de subsidio a los precios de los aceites hoy en conflicto. Según los empresarios, el dinero recaudado terminó redireccionado a otros fines, incluyendo el contrabando de aceite a países vecinos para su posterior reenvasado y reingreso al país. Mientras el Gobierno, empresarios y sindicatos debaten una solución; la noticia de la potencial suba del aceite llegó al público, y desde hace más de una semana los stocks de los súper e hipermercados están agotándose y la velocidad de reposición se languidece. En algunos locales incluso comenzó las restricción de sólo dos envases por persona. Hay algo que juega en contra: el producto es fácilmente almacenable.

Dejá tu comentario