6 de octubre 2016 - 00:32

Pautan piso de $2.000 para bono a privados

El monto es el ofrecido al gremio de Comercio como reconocimiento de fin de año. Tanto funcionarios como CGT creen que será la referencia para la sugerencia que el Gobierno debería hacerles a los empresarios sobre el pago.

El bono de fin de año discutido entre el Gobierno y la CGT debería tener un piso de $ 2.000 para trabajadores del sector privado y de ahí proyectarse en los casos de actividades con altas rentas o con facilidades para absorber subas del costo laboral. La referencia, que admitieron funcionarios y sindicalistas, surge de la propuesta de un sector mercantil al gremio de Comercio de aumentar por el segundo semestre de la paritaria un 15% más un bono de 2.000 pesos. Para ser el faro del debate ese sindicato cumple dos requisitos: es el de más afiliados en la actividad privada (cerca de un millón) y sus sueldos son en general bajos en comparación con otros rubros.

En la central obrera y en sectores del Ejecutivo como el Ministerio de Trabajo creen que con esa compensación de fin de año como base para una propuesta elevada por la administración de Mauricio Macri a las cámaras empresarias bastará para evitar el paro pendiente. En la cúpula de la CGT agregan que ese piso los sindicatos con mayores ingresos (transporte o minería, entre otros) deberán tener la chance de elevarlo a tono con los bonos que habitualmente negocian cada fin de año.

Distintos son los casos dependientes de desembolsos del Estado, como los bonos solicitados para jubilados, beneficiarios de planes sociales y trabajadores del sector público. El propio ministro de Trabajo, Jorge Triaca, así como su par de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y el director ejecutivo de ANSES, Emilio Basavilbaso, dieron ayer pistas de que en esos casos habrá indefectiblemente una respuesta por parte del Gobierno aunque sin dar pistas sobre montos. En esos casos persiste en el Gabinete económico ese debate que tiene como eje, entre otros puntos, la posibilidad de pago de los bonos por parte de provincias y municipios

En el caso de los privados el eventual reconocimiento de fin de año fue el eje ayer de una reunión del Consejo Directivo de la CGT. Como había anticipado este diario, primó la posición de la cúpula de la organización, con el triunvirato de líderes a la cabeza, de darle al Gobierno oxígeno para avanzar en la definición de números sin apurar con amenazas de paro. Ni siquiera Pablo Moyano, hijo de Hugo y su lugarteniente en Camioneros, además de número tres de la CGT y de recurrentes sentencias incendiarias, fue drástico en su exposición ante sus pares y se allanó al criterio de mantener las vías de negociación.

Aunque no hay todavía fecha firme para un encuentro en el que el Gobierno tenga previsto responder al pliego de reclamos de la CGT (que incluye la exención del pago de Ganancias sobre el aguinaldo de fin de año) ayer los dirigentes debatieron sobre la presunción de que el miércoles habrá definiciones. Y que en ese caso, el jueves la central obrera debería retrucar. Así lo hizo saber Víctor Santa María, del gremio de encargados de edificios, al término de la reunión.

Fuera de las declaraciones cruzadas, la principal organización sindical reniega de la posibilidad de ir a la huelga. Necesita sostener un discurso confrontativo a la espera de una respuesta con volumen por parte del Gobierno pero de fondo, requiere de al menos un argumento válido para no hacer un paro que generaría costos insospechados para ambas partes.

La dirigencia sindical cree que lanzar la huelga implicaría, necesariamente, dar inicio a un plan de lucha con su consecuente escalada de medidas ante una administración que recién atraviesa sus primeros meses, y que además mantiene niveles de aprobación atendibles. Cerca de Macri, en tanto, admiten necesario conservar en buenos términos el vínculo con la corporación que ostenta el mayor resorte de conflicto social.

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