9 de diciembre 2016 - 00:11

El traspaso no está muerto: firma de convenio bipartito, guiño light

Los detenidos a disposición de jueces porteños quedan en el Servicio Penitenciario Federal, que cede dos edificios para alojarlos. Es para apuntalar la nueva ley de flagrancia y luego de la caída de la transferencia de tribunales.

Firmantes. El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, suscribió el acuerdo con el titular del Consejo de la Magistratura local, Enzo Pagani.
Firmantes. El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, suscribió el acuerdo con el titular del Consejo de la Magistratura local, Enzo Pagani.
El traslado de la Justicia ordinaria al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires no está muerto, pese al uppercut con el que jueces y fiscales bloquearon la avanzada del Gobierno para la firma de convenios especiales que habilitaran la migración. Bajo cuerda, en los últimos días se firmó un acuerdo entre el Ministerio de Justicia que conduce Germán Garavano y el Consejo de la Magistratura porteño que preside Enzo Pagani, que pese a no ser significativo para la transferencia, simbolizó un guiño de Nación a Ciudad sobre que el proceso continúa. Allí se convino que el Servicio Penitenciario Federal trasladará y custodiará a detenidos a disposición de jueces porteños, a lo que se agrega el destino de dos lugares de alojamiento para presos, a disposición de la ciudad. También apuntalaron el proceso de flagrancia que acelerará procesos y que es resistido tanto por magistrados como por fiscales.

La Resolución 1362/2016 selló la puesta a disposición de dos alcaidías de Hipólito Yrigoyen 932 y Beruti 3345 que "permitirán que los detenidos no recaigan en Tribunales cuya capacidad se encuentra saturada y ello complica el cumplimiento de la ley de flagrancia". Los jueces nacionales están completando un checklist con las falencias que están encontrando en el procedimiento -que intentaron anular- desde que se implementó hace una semana. La Asociación de Magistrados ya alertó que las autoridades debían disponer de mejoras logísticas, presupuestarias y de recursos humanos. La norma, que entró en vigencia la semana pasada a instancias del oficialismo, reduce los procesos penales en los cuales una persona que fue arrestada en forma "in fraganti" pueda llegar más rápido a un juicio o condena. Por esto se disponen audiencias exprés y una serie de requisitos que han puesto los pelos de punta a jueces y fiscales.

A través del convenio, la Ciudad permitirá al Servicio Penitenciario Federal (SPF) trasladar a las dos alcaidías de la Ciudad a los presos a disposición de jueces nacionales o federales a la espera de los procedimientos previstos en la nueva ley. La medida se da en el marco de un convenio de cooperación aprobado por la Legislatura porteña que incluye entre las disposiciones la colaboración para que los jueces con competencia penal en la Ciudad de Buenos Aires puedan contar con un espacio adecuado para el "comparendo transitorio" de los detenidos en los tribunales competentes en materia penal. Por debajo, subyace un apoyo en mostrar continuidad en el proceso abortado con la postergación indefinida de cinco convenios para transferir la Justicia que se iban a firmar el 30 de noviembre, según reveló Ámbito Financiero.

Proyectos en "stand by"

Con la firma del nuevo acuerdo, Garavano también limó asperezas con las autoridades judiciales porteñas que se habían enterado por los medios de que el ministro les había dicho a los jueces que la firma de los documentos había caído. Ambas partes suscribieron la idea que ante la resistencia de los magistrados se debía patear para adelante una definición concreta pero seguir trabajando en el procedimiento a partir de una decisión política de llevarlo a cabo. En ese esquema, se coló la polémica por flagrancia donde nuevamente los jueces pusieron el grito en el cielo ante las nuevas exigencias que plantea la norma.

En la agenda de 2017 persiste la idea de que se firmen cuestiones en apariencia menos polémicas: la transferencia del Registro de la Propiedad Inmueble (de Nación a Ciudad) y el traslado de las competencias de la Inspección General de Justicia (IGJ)para las sociedades inscriptas en territorio metropolitano. A ello se le sumaría la "migración" del fuero del Consumo, que fue creado por el kirchnerismo y que quedó en los papeles porque nunca llegó siquiera a cubrirse con jueces ni a funcionar.

IGJ local

El proyecto para la IGJ sería un salvavidas ante la complicación que generó la idea autónoma de la Ciudad para crear su propio organismo regulatorio de personas jurídicas. El jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta fue imputado por el fiscal federal Franco Piccardi en esa causa, junto con el jefe de Gabinete, Felipe Miguel, y el ministro de Justicia, Martín Ocampo, además de Hernán Emilio Najenson, quien había sido designado al frente del organismo. El expediente penal se inició a raíz de un freno que tuvo la iniciativa porteña de crear, en 2009, un registro de sociedades con su propia reglamentación por parte de la Justicia Comercial. Hubo una medida de no innovar que fue desatendida por la administración de Rodríguez Larreta y que continúa empantanada en tribunales. Sin embargo, la Ciudad avanzó con las designaciones para poner en marcha la IGJ porteña, lo que les valió una denuncia penal a las autoridades.

En la Ciudad ven con buenos ojos que el primer convenio que se firme sea por la IGJ lo que puede neutralizar la avalancha judicial que desató sobre el jefe de Gobierno y despejar el camino para que no sea la Justicia Comercial la que intervenga y bloquee uno de los principales objetivos del PRO.

Dejá tu comentario