Polémica por veto de Macri al nuevo régimen jubilatorio para excombatientes de Malvinas
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Fuentes oficiales estimaron que el costo fiscal de la medida alcanzará unos $ 300 millones anuales para un universo de aproximadamente unos 4.000 veteranos.
Sin embargo, la decisión del Gobierno nacional ya despertó las críticas de algunos grupos de excombatientes que dieron una batalla en el Congreso para asegurar la sanción de la norma y ahora ven frustrado en parte su trabajo.
"El veto parcial es una vergüenza", expresó a ámbito.com Ernesto Alonso, miembro del Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas de La Plata (CECIM). "La ley es un reconocimiento para los excombatientes más postergados, que además no hace mella en el sistema previsional", agregó el secretario de Relaciones Institucionales del CECIM.
"Lamentablemente este veto parcial afecta uno de los criterios principales que tenía este régimen de jubilación anticipada, que era dar un reconocimiento específico a aquellos compañeros que tienen pocos aportes, a aquellos que fueron olvidados después de la Guerra de Malvinas, a los que fueron discriminados a la hora de conseguir trabajo y a los que no les hicieron los aportes", remarcó Alonso en la charla con este medio.
Alonso remarcó que el beneficio de las dos jubilaciones mínimas ($ 11.322) apuntaba a los excombatientes que vivían en las provincias y fueron explotados en trabajos rurales. "Se trata de 1.500 o 2.000 casos", explicó el exsoldado.
"La discriminación que hubo para que le den un trabajo a un excombatiente en la década del ´80 y del ´90 fue terrible", enfatizó Alonso, al tiempo que agregó: "Esto es un desconocimiento y un grado de insensibilidad profundo. Estamos hablando de una gota en el desierto en relación con los recursos que tiene la Anses".
"Si tienen que sacar retenciones al campo o a las mineras hay millones de dólares, pero $ 300 millones anuales para jubilar a excombatientes no hay", concluyó.
Desde el CECIM y otras organizaciones de excombatientes anunciaron que buscarán persuadir a los legisladores para que vuelvan a incorporar el beneficio y no descartaron presentarse ante la Justicia para solicitar una medida cautelar que frene el decreto presidencial.
Cabe destacar que la ley estipula que el haber de la prestación será determinado por la Anses "conforme las prescripciones establecidas en las leyes 26.417 y 24.241" y que el incremento del haber operará "automáticamente con el ajuste de acuerdo a la movilidad del SIPA".
Asimismo, la adhesión al régimen resulta incompatible con el desarrollo de actividades en relación de dependencia y con la percepción de otra prestación jubilatoria de cualquier régimen, según indica la norma, aunque sí es compatible con la pensión vitalicia que el Estado otorga a los veteranos de la guerra en el Atlántico Sur.
En materia de obra social, los beneficios se regirán por las normas generales aplicables en materia de libre elección de obra social para jubilados y pensionados, y la autoridad de aplicación del régimen será el organismo previsional.
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