23 de enero 2017 - 23:48

Se amotina fuero penal y amaga con no levantar la feria

• RECHAZO AL TRASPASO DE LA JUSTICIA NACIONAL A LA CAPITAL FEDERAL
Resistencia de empleados y jueces a ser transferidos a la Ciudad deriva en asamblea general en Palacio de Tribunales el 1 de febrero. Puede paralizar tribunales posreceso. Efecto contagio es articulado por los magistrados.

Presión. Los movimientos sindicales, avalados por los jueces, se dirigen a presionar al líder de la UEJN, Julio Piumato, que se quejó por Twitter.
Presión. Los movimientos sindicales, avalados por los jueces, se dirigen a presionar al líder de la UEJN, Julio Piumato, que se quejó por Twitter.
El reinicio de la actividad posferia corre el serio peligro de quedar paralizada en la Justicia penal de la Capital, luego de que el Gobierno pisara el acelerador con el traspaso de varios tribunales de la Justicia Nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. En reacción a la decisión política de avanzar con la transferencia a través de la firma de cuatro convenios, los gremios de empleados judiciales convocaron a una asamblea abierta en el Palacio de Justicia a las 10 del 1 de febrero con el objetivo de adoptar "medidas de fuerza por tiempo indeterminado". Con el auspicio de los jueces -que también resisten la migración detrás del escudo de la poderosa Asociación de Magistrados- la medida amenaza con contagiarse a otros fueros que no fueron incluidos en la primera tanda, pero en los que también existe malestar.

Convocados por el Frente Azul-Bermellón que dirige la comisión interna en el fuero penal nacional, la asamblea apunta a ejercer presión sobre el líder de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN), Julio Piumato, cuya lista "Marrón" mutó su estado a "alerta y movilización" en la previa del acto de firma del acuerdo adelantado por Ámbito Financiero. Pese a que se mostró crítico con el anuncio a través de Twitter, las comisiones internas opositoras le reprochan que 48 horas antes de que el Poder Ejecutivo ratificara su avance, Piumato hubiera estado con la primera línea del Gobierno en el homenaje a dos años del fallecimiento del fiscal Alberto Nisman. De todas formas, el gremialista se pronunció en contra de la medida oficial, haciendo eje en un punto polémico del convenio: la transferencia de competencias sobre delitos contra la administración pública que implica que los jueces que se nombren a nivel local sean los que juzguen a los funcionarios porteños ante cualquier delito de presunta corrupción. Desde las listas opositoras al piumatismo intensificaron sus contactos en las últimas horas para replicar las asambleas en los edificios donde están juzgados civiles, comerciales y laborales, que también formaban parte de la iniciativa original pero cuyo convenio quedó en suspenso para no irritar a la CGT que hizo fuerza el año pasado para excluirlos de una migración forzada. Fiscalías y defensorías también están en alerta dado que fueron incluidos dentro del paquete pero, argumentan, pertenecen al Ministerio Público, un organismo constitucionalmente autónomo. Por su parte, Sitraju (asociado como un sindicato afín al kirchnerismo) le bajó el pulgar al traspaso aunque abriría la posibilidad a incorporar más afiliados.

El plan incluye el diseño de un comunicado conjunto de todas las comisiones opositoras a la lista Marrón y que puede incluir a los propios jueces de instrucción cuyo malestar quedó evidenciado ante la exclusión de la migración de camaristas. Sospechan de un arreglo bajo cuerda para reestructurarlos como Cámaras Federales, un viejo anhelo que -en tiempos de campaña- se había ofrecido para vencer resistencias. Si el movimiento impulsado por los sindicatos tiene éxito, la primera semana de febrero podría verse paralizada, al menos en el fuero que investiga delitos penales como robos u homicidios en la Capital Federal. Entre los preparativos se encuentra una marcha de empleados judiciales a la sede del Ministerio de Justicia. En lo semántico, pretenden replicar el discurso oficial acerca de una justicia más ágil y cercana con los vecinos con la puesta en marcha de la ley de flagrancia que perseguía ese fin y ya está en práctica. Los magistrados, por cuerda separada, deslizarán ausencia de garantías de su propia inamovilidad para el traspaso dado que el régimen sancionatorio porteño no requiere de mayorías especiales para definir un jury. Entre los magistrados grafican su nivel de descontento: equiparan esta iniciativa con los intentos de reforma judicial del kirchnerismo, que en su momento fueron repelidos con munición gruesa.

Cualquier intento de judicialización recaerá en el embudo del fuero Contencioso Administrativo Federal como escala previa a la Corte Suprema. En tribunales sospechan que el traspaso fue apalancado por el máximo tribunal que desempolvó el viejo anhelo de desterrar otros juzgados del Palacio de Justicia y así dejar que ese centro neurálgico para la actividad judicial quede solamente reservado para los supremos, que podrían así tener un piso entero para cada uno de sus integrantes.

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