Cámara espera respuesta de las partes para definir la postergación de audiencia clave
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La fiscal del fuero comercial Gabriela Boquín acusó que la propuesta aceptada por el Correo y ofrecida por el Ministerio de Comunicación implicaba "una condonación de la deuda".
Boquin emitió dos dictámenes en los que criticó el acuerdo. En sus escritos, la fiscal consideró que de homologarse como acuerdo la propuesta que el Gobierno le aceptó al Correo Argentino S.A, la firma de la familia Macri estaría obteniendo "una condonación de la deuda" por más de $ 4.000 millones, en valores actuales, pero que superarían los $ 70.000 millones hasta el año 2033. También agregó que el consentimiento estatal para el acuerdo fue brindado por un funcionario del Ministerio de Comunicaciones sin competencia para hacerlo y sin acreditar de quién recibió instrucciones ni en el acto administrativo que se las impuso, por lo que lo informó ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).
La PIA, a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, comenzó una investigación para determinar si hubo una irregularidad en el hecho de que el director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Carlos Mocoroa, interviniera en el asunto.
Para emitir sus dictámenes, la fiscal se había apoyado en informes de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación. El estudio de la DAFI fue el que estableció que el acuerdo entre el Gobierno y el Correo implicaría una quita de deuda de $ 4.277,6 millones en la actualidad, o de más de $ 70.163 millones a marzo de 2033, fecha prevista para la última cuota, si se considera que la deuda de la empresa data del año 2001.
Además, la Procuración del Tesoro a cargo de Carlos Balbín realizó una presentación ante el fuero contencioso administrativo para solicitar que cayera la demanda del Correo Argentino S.A. contra el Estado por daños y perjuicios contra el Estado por la extinción del contrato de concesión ocurrida en 2003.
Balbin sostuvo que esa demanda por la "caducidad de instancia" dado que el 14 de febrero pasado se cumplieron los seis meses previstos para que se de impulso al proceso, sin que eso ocurriera.
El Correo Argentino había presentado una denuncia por daños y perjuicios contra el Estado en la que reclamaba $ 2.300 millones, aplicando a la deuda una tasa más alta que pretendía imprimirle al concurso preventivo de quiebra en el que estaba inmerso.
En relación a ese expediente, la fiscal Boquin, había emitido una ampliación de dictamen en la cual consideró que Correo Argentino S.A. tuvo actitudes contrarias a la buena fe procesal.
En este marco, el abogado Daniel Igolnikov y los dirigentes de Nuevo Encuentro Martín Sabbatella y Gabriela Cerruti denunciaron al presidente Macri, al ministro Aguad y a Mocoroa, a quienes ahora se los investiga por sus responsabilidades penales.
Los denunciantes tomaron en cuenta que el Correo Argentino es controlado por SIDECO S.A., que a su vez está asociada a SOCMA S.A., siendo ésta última la sociedad insignia de la familia Macri, a través de su padre Franco.
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