27 de marzo 2017 - 21:09

Cámara espera respuesta de las partes para definir la postergación de audiencia clave

Las partes ya consintieron la suspensión de la audiencia hasta fines de julio o después de las elecciones primarias, si se cuentan días hábiles. Transcurrido el plazo, la Cámara en lo Comercial deberá volver a convocar a las partes.
Las partes ya consintieron la suspensión de la audiencia hasta fines de julio o después de las elecciones primarias, si se cuentan días hábiles. Transcurrido el plazo, la Cámara en lo Comercial deberá volver a convocar a las partes.
Una de las sindicaturas del concurso preventivo de la empresa Correo Argentino S.A. expresó su conformidad con el pedido del Estado nacional de suspensión por 120 días de la audiencia que se había convocado para resolver sobre un acuerdo de pago entre las partes, sin embargo, la Cámara Nacional en lo Comercial, que interviene en el expediente, espera la repuesta del resto de las partes para decidir si autoriza ese parate en la instrucción.  

Con la respuesta de la "sindicatura verificante", el tribunal tuvo por contestado uno de los "traslados" por cinco días que confirió a la partes hace una semana, cuando, a pedido del representante del Estado Nacional, se suspendió la audiencia a las que habían sido convocadas todas las partes.

Con las respuestas -o el silencio- de las otras sindicaturas, la compañía y la fiscal Gabriela Boquín, las camaristas María Gómez Alonso de Díaz, Matilde Ballerini y Ana Piaggi estarán en condiciones de resolver el pedido del Estado Nacional, pero según supo ámbito.com por el momento no tomaron ninguna decisión a la espera de otras respuestas.

La audiencia había sido solicitada por el presidente del Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa, y el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad. El pedido de Cibils Robirosa fue "a los efectos de tratar de encontrar de buena fe y en conjunto, una salida razonable a este largo proceso concursal" con "una solución justa y equitativa para todos los interesados".

El escándalo del Correo Argentino obligó al presidente Macri a dar marcha atrás con el acuerdo y pidió "volver a foja cero" el conflicto, luego de que la oposición y la Justicia advirtieran que el Gobierno había decidido condonar una gran porción de la deuda que el Correo Argentino mantiene con el Estado.

La fiscal del fuero comercial Gabriela Boquín acusó que la propuesta aceptada por el Correo y ofrecida por el Ministerio de Comunicación implicaba "una condonación de la deuda".

  • Mala fe

    Boquin emitió dos dictámenes en los que criticó el acuerdo. En sus escritos, la fiscal consideró que de homologarse como acuerdo la propuesta que el Gobierno le aceptó al Correo Argentino S.A, la firma de la familia Macri estaría obteniendo "una condonación de la deuda" por más de $ 4.000 millones, en valores actuales, pero que superarían los $ 70.000 millones hasta el año 2033. También agregó que el consentimiento estatal para el acuerdo fue brindado por un funcionario del Ministerio de Comunicaciones sin competencia para hacerlo y sin acreditar de quién recibió instrucciones ni en el acto administrativo que se las impuso, por lo que lo informó ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

    La PIA, a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, comenzó una investigación para determinar si hubo una irregularidad en el hecho de que el director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Carlos Mocoroa, interviniera en el asunto.

    Para emitir sus dictámenes, la fiscal se había apoyado en informes de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación. El estudio de la DAFI fue el que estableció que el acuerdo entre el Gobierno y el Correo implicaría una quita de deuda de $ 4.277,6 millones en la actualidad, o de más de $ 70.163 millones a marzo de 2033, fecha prevista para la última cuota, si se considera que la deuda de la empresa data del año 2001.

    Además, la Procuración del Tesoro a cargo de Carlos Balbín realizó una presentación ante el fuero contencioso administrativo para solicitar que cayera la demanda del Correo Argentino S.A. contra el Estado por daños y perjuicios contra el Estado por la extinción del contrato de concesión ocurrida en 2003.

    Balbin sostuvo que esa demanda por la "caducidad de instancia" dado que el 14 de febrero pasado se cumplieron los seis meses previstos para que se de impulso al proceso, sin que eso ocurriera.

    El Correo Argentino había presentado una denuncia por daños y perjuicios contra el Estado en la que reclamaba $ 2.300 millones, aplicando a la deuda una tasa más alta que pretendía imprimirle al concurso preventivo de quiebra en el que estaba inmerso.

    En relación a ese expediente, la fiscal Boquin, había emitido una ampliación de dictamen en la cual consideró que Correo Argentino S.A. tuvo actitudes contrarias a la buena fe procesal.

    En este marco, el abogado Daniel Igolnikov y los dirigentes de Nuevo Encuentro Martín Sabbatella y Gabriela Cerruti denunciaron al presidente Macri, al ministro Aguad y a Mocoroa, a quienes ahora se los investiga por sus responsabilidades penales.

    Los denunciantes tomaron en cuenta que el Correo Argentino es controlado por SIDECO S.A., que a su vez está asociada a SOCMA S.A., siendo ésta última la sociedad insignia de la familia Macri, a través de su padre Franco.
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