martes 22.8.2017
Política
Mientras discuten endurecer penas
jueves 20 de Abril de 2017

Bullrich negó compra de material antipiquete

El Gobierno viene de mostrar una firme decisión contra los cortes de calles luego de actuar el pasado 6 de abril en la Panamericana, cuando despejó un piquete de agrupaciones de izquierda en el marco del paro que ese día realizó la CGT. (Foto: Ignacio Petunchi)

El Gobierno viene de mostrar una firme decisión contra los cortes de calles luego de actuar el pasado 6 de abril en la Panamericana, cuando despejó un piquete de agrupaciones de izquierda en el marco del paro que ese día realizó la CGT. (Foto: Ignacio Petunchi)

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, rechazó la versión de que el Gobierno prepara una compra de material para que las fuerzas de seguridad despejen manifestaciones callejeras, aunque reconoció que existe un plan de "renovación" de los equipos.

"No estamos pensando en comprar material especial para manifestaciones. Lo que estamos viendo es, dentro de un plan de compras, renovar los equipos", aseguró Bullrich en declaraciones a radio La Red.

El Gobierno viene de mostrar una firme decisión contra los cortes de calles luego de actuar el pasado 6 de abril en la Panamericana, cuando despejó un piquete de agrupaciones de izquierda en el marco del paro que ese día realizó la CGT. "Hoy aplicamos el protocolo al 100%", dijo Bullrich en declaraciones a la prensa al finalizar esa jornada.

Esta semana se conoció que el Gobierno presentó un proyecto en la Cámara de Diputados para endurecer las penas con respecto a piquetes y manifestaciones. La iniciativa D-1495-2017 fue presentada el pasado 7 de abril bajo el título "Proyecto de Ley de Reforma al Código Penal de la Nación contra agresiones en Piquetes e Intimidación Pública".

La iniciativa propone que la prisión preventiva alcance a quienes sean encontrados responsables de incidentes durante un corte de calle o una manifestación no autorizada. No sólo incluye a quienes se cubran el rostro para no ser identificados sino también a quienes porten objetos contundentes.

También una ampliación de las penas mínimas y máximas previstas, una equiparación con el delito de "amenazas coactivas", y el endurecimiento del castigo al entorpecimiento de la circulación.

La síntesis de esas modificaciones es que podría caratularse así a cualquier manifestación no autorizada que pueda ser calificada de extorsiva, lo que también deja a tiro de una prisión preventiva (por el monto de la pena) a quienes puedan ser detenidos en ocasión de esas manifestaciones, a las que parte de la fundamentación busca salvaguardar como derecho legítimo a la protesta, pero que cuestiona por "crecientes hechos de violencia" que el oficialismo entiende que se produjeron.

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