11 de mayo 2017 - 00:14

Presión política a la Corte y aval para frenar el 2x1

SENADO APROBÓ POR UNANIMIDAD LEY QUE BLINDA DISIDENCIA DE JUECES INFERIORES - El Congreso se despabiló presionado por el rechazo al fallo que beneficia a represores. Reclamaron nuevo pronunciamiento del máximo tribunal y avalaron rebelión judicial contra penas abreviadas.

Ley exprés. El Senado alteró su parálisis electoral apurado por la masiva marcha a Plaza de Mayo. Organismos de Derechos Humanos e intendentes como Verónica Magario (La Matanza) y Fernando Gray (Esteban Echeverría) presenciaron la sesión en la Cámara Alta.
Ley exprés. El Senado alteró su parálisis electoral apurado por la masiva marcha a Plaza de Mayo. Organismos de Derechos Humanos e intendentes como Verónica Magario (La Matanza) y Fernando Gray (Esteban Echeverría) presenciaron la sesión en la Cámara Alta.
En un trámite express y apremiado por la multitudinaria marcha de ayer en Plaza de Mayo, el Honorable Senado de la Nación convirtió ayer en ley el proyecto de ley que excluye a represores autores de delitos de lesa humanidad del beneficio de excarcelación abreviada, conocido como 2x1. El Congreso puso así presión sobre la Corte Suprema de Justicia para redefinir, a través de un nuevo fallo, el alcance de cómputo abreviado de condenas, con una ley "interpretativa" votada por unanimidad y destinada a que el máximo tribunal rectifique el alcance del fallo en el caso Luis Muiña.

Ayer, tras la conversión en ley del proyecto que se había aprobado el martes en Diputados con el apoyo de todas las bancadas, el jefe del interbloque Cambiemos, el radical Ángel Rozas instó al máximo tribunal a emitir un nuevo fallo que "unifique criterios" en relación a la aplicación del 2x1 en casos de violaciones a los derechos humanos. El ex gobernador de Chaco ventiló así la aspiración de la Casa Rosada que deja trascender su intención de que la Corte Suprema desactive, vía un nuevo pronunciamiento, el conflicto político e institucional que desató su sentencia.

Horas antes de la marcha a Plaza de Mayo, y desde Mendoza, Macri se pronunció por primera vez sobre el fallo y rechazó el acortamiento de penas en cualquier clase de delito. El Poder Ejecutivo Nacional ya había demostrado su falta de puentes políticos con el máximo tribunal en el fallo que dejó sin efecto, en agosto del año pasado, el tarifazo energético que promovía Juan José Aranguren. La ley aprobada por el Congreso, en la práctica, abre la puerta para una tormenta de judicial ya que avala a los tribunales inferiores para rechazar taxativamente los pedidos de excarcelación que puedan presentar represores ya condenados en base al beneficio del cómputo abreviado de la pena expresado en la ley 24.390.

"La Corte Suprema debería dictar un fallo rector y final sobre la consagración definitiva de los derechos humanos, y que no puede aplicarse alguna pena menor o beneficio alguno a los que han cometido delitos de lesa humanidad", reclamó ayer el radical Rozas. El jefe del bloque Frente para la Victoria, Miguel Pichetto también cuestionó al máximo tribunal y le apuntó específicamente a Elena Highton de Nolasco, quien votó a favor de la excarcelación express a torturadores, apropiadores de bebés y condenados por delitos de lesa humanidad junto a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti.

Pichetto también deslizó en el recito que este fallo abría una oportunidad para replantear la composición de la Corte Suprema de Justicia. Junto al peronista federal Adolfo Rodríguez Saá y el jefe del bloque PJ-FPV pidió ampliar la cantidad de miembros, al mismo tiempo que cuestionaron a Highton de Nolasco por permanecer en su puesto más allá de los 75 años, edad límite establecida por la Constitución Nacional.

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, afirmó que "la ley del 2x1 fue un hecho desgraciado" porque estaba "orientada a solucionar temas de espacio penitenciario" y a "soltar a los delincuentes pero no a los menos peligrosos, a los más peligrosos". "Párrafo aparte tienen los crímenes más aberrantes, que afectan al conjunto de la humanidad", agregó el senador oficialista, al tiempo que remarcó que el objetivo del proyecto consensuado por todos las partidos es "otorgarle al Poder Judicial una herramienta interpretativa a los efectos de abordar este tema tan delicado".

La ley sancionada ayer establece: "De conformidad con lo previsto con la ley 27.156, el artículo 7° de la ley 24.390 -derogada por ley 25.430- no es aplicable a conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho interno o internacional". Además, dispone que "el cómputo de las penas establecido en su oportunidad por el artículo 7° de la ley 24.390 - derogada por ley 25.430 - será aplicable solamente a aquellos casos en los que el condenado hubiere estado privado de su libertad en forma preventiva durante el período comprendido entre la entrada en vigencia y la derogación de aquella ley", es decir entre 1994 y 2001."Lo dispuesto por los artículos anteriores es la interpretación auténtica del artículo 7° de la ley 24.390 -derogada por ley 25.430 - y será aplicable a las causas en trámite", concluye.

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