20 de junio 2017 - 23:32

Odebrecht: Brasil no va a aportar pruebas sin garantías a delatores

• ADVERTENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE ESE PAÍS SOBRE PEDIDOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
La oficina de Rodrigo Janot aclaró que no están autorizados a enviar testimonios de arrepentidos sin marco legal que iguale acuerdos a los que arribaron con exdirectivos de la constructora por sobornos en causas locales.

Delaciones. Brasil confirmó -en línea con Estados Unidos- que no puede compartir testimonios de los 77 ejecutivos de Odebrecht que confesaron.
Delaciones. Brasil confirmó -en línea con Estados Unidos- que no puede compartir testimonios de los 77 ejecutivos de Odebrecht que confesaron.
La Justicia de Brasil le bajó la persiana al suministro de información sobre el caso Odebrecht, y condicionó cualquier avance en las causas en la Argentina al respeto de las garantías para los implicados que fueron acordadas por los tribunales de su país al pactar los convenios por delaciones premiadas. En un tajante comunicado del Ministerio Público Fiscal que preside Rodrigo Janot se aclaró que "Brasil no está autorizado a enviar al exterior las pruebas aportadas por colaboradores, no pudiendo tampoco proporcionar la recolección de testimonios de esos mismos colaboradores, sin una imposición de límites al uso de la prueba aportada voluntariamente por ellos". De este modo, quedaron acotadas las posibilidades de que se abran las evidencias concretas del pago de coimas en las obras locales, aunque la "estrategia hormiga" que explorará la comisión binacional de fiscales será intentar colarse por los resquicios que existan entre los expedientes originales, las filtraciones periodísticas y las chances de impulsar las denuncias a nivel local.

"El Ministerio Público Fiscal debe cumplir los acuerdos que firmó con los investigados, que fueron debidamente homologados en juicio", sostuvo la oficina de Janot en un comunicado en el que detalla el marco regulatorio en el que se apoya la megacausa Lava Jato. Aseguró que ya se recibieron 80 pedidos de cooperación internacional por parte de fiscales o jueces de instrucción; como se detalla, es el "antiguo" sistema vigente en Argentina. Aun así, destacaron que los pedidos se basan en tratados internacionales y justificados en el "principio de especialidad" en el que podría encuadrar Odebrecht, cuya casa matriz está en Brasil, pero desarrolló actividades en toda la región, Estados Unidos incluido. En ese escenario, el secretario de cooperación Internacional Vladimir Arias analizará las condiciones para acceder a cada uno de los requerimientos en base a requisitos que podrá imponer Brasil, advirtieron. "Si las condiciones exigidas por la ley brasileña -permitidas por los tratados y derivadas de los principios de derecho internacional- no fueran aceptadas por los Estados solicitantes, por imposibilidad legal conforme a las leyes de esos países, el Estado brasilero no puede, con base a sus propias leyes, entregar las pruebas al Ministerio Público requirente", alertó el comunicado. La descripción encaja en el caso argentino, donde la Ley del Arrepentido sólo contempla la posibilidad de conmutar un tercio de la pena a quien declare bajo ese sistema, pero no anula la persecución penal, obligación de acusar que recae cuando se cometió un delito de acción pública como el pago de sobornos. Pese al convenio firmado entre Janot y Alejandra Gils Carbó a fines de la semana pasada, la advertencia encorseta la negociación por un desfiladero, donde la única hendija será conseguir la misma información de los 77 ejecutivos arrepentidos por una vía alternativa. La táctica de los fiscales será estirar al máximo esa posibilidad y aprovechar las filtraciones periodísticas para alimentar las causas. Como reveló Ámbito Financiero, Estados Unidos tampoco facilitará información, al menos hasta que haga estallar su propia versión del "Lava Jato" que salpicará a congresistas y gobernadores norteamericanos.

Tampoco hay antecedentes de un convenio como el que se firmó en Buenos Aires entre Janot y Gils Carbó, que ahora deberá recorrer otro camino espinoso: o bien deberá aprobarlo el Supremo Tribunal o las autoridades del Ministerio de Justicia brasilero, y luego pasar al despacho de la Cancillería local para que Jorge Faurie, flamante canciller nombrado por Mauricio Macri, le dé el visto bueno. Pese a los tironeos públicos entre el Gobierno y la jefa de los fiscales, la gestión de Susana Malcorra ya había aprobado la Declaración de Brasilia, auspiciada en esta orilla por Gils Carbó, donde había una mención a la creación de la comisión binacional de fiscales. Todas las opciones posibles conspiran contra la posibilidad de que las pruebas arriben a corto plazo y permitan exhibir celeridad por parte de los tribunales locales, a quienes el Ejecutivo presiona por resultados en el capítulo local del escándalo. Es posible que la traba permita irradiar de la campaña revelaciones judiciales concretas que podrían ser utilizadas políticamente por los principales contendientes.

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