28 de julio 2017 - 23:08

Penas a empresas: Senado desactiva jugada de renovadores

• HAY FILA PARA MODIFICAR LO VOTADO A LOS PONCHAZOS EN DIPUTADOS
Cambiemos y el PJ buscarán retocarlo y llevarlo al recinto para no repetir la actualidad de la iniciativa de extinción de dominio, hoy trabada.

Pedro Guastavino y Federico Pinedo
Pedro Guastavino y Federico Pinedo
El Senado comenzará a debatir desde la próxima semana el proyecto que establece un régimen de responsabilidad penal empresarial. Hay una certeza que anticipó Ámbito Financiero semanas atrás: los legisladores hacen fila para toquetear el texto votado a los ponchazos en Diputados, donde el oficialismo cedió ante el Frente Renovador de Sergio Massa, quien aprovechó la ocasión para morder el dictamen y presentar los cambios aplicados como una victoria plena.

La comisión de Justicia y Asuntos Penales que preside el peronista Pedro Guastavino (Entre Ríos) moderará una serie de reuniones donde expondrán representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de la Oficina Anticorrupción y de colegios públicos de abogados. La nómina completa de disertantes se cerrará el lunes próximo para comenzar con el debate el martes y el miércoles.

A partir de allí surgen dos opciones. Una es, según la cantidad de expositores, finalizar la discusión en comisión en dos o tres semanas y dictaminar sobre el proyecto para que aterrice en el recinto antes que termine agosto. El segundo sendero es, según confió un operador premium del PJ, realizar un debate "más largo, pero con votación asegurada así vuelve a Diputados".

Bajo ese panorama, el texto llegará en segunda revisión a la cámara de origen, donde Cambiemos deberá negociar nuevamente con el zigzagueante massismo para insistir con la versión original o aceptar la modificada, y no repetir el expediente aún trabado sobre extinción de dominio -la repatriación de bienes a favor del Estado provenientes de actividades ilícitas- debido a que los senadores desconfían de Massa y no creen que el tigrense, que impulsó originalmente el tema, avale la gran cantidad de cambios realizado a ese texto.

Un punto en contra de ese escenario: el Frente Renovador no cumplió con su palabra y tuvo varias ausencias anteayer para votar la expulsión de De Vido. Además, los renovadores acusaron a Cambiemos "espiar" comunicaciones internas de la bancada, lo cual llenó de astillas cualquier tipo de diálogo.

En Diputados, Cambiemos tuvo que pedir cuarto intermedio en la sesión -duró una semana- para continuar con la discusión en particular del dictamen de mayoría votado en general y frenado en el artículo uno, es decir, el que le da el objeto a la norma. El oficialismo avaló la opción del massismo, que propuso aplicar todos los delitos contemplados en el Código Penal a las personas jurídicas -ya sean de capital nacional o extranjero- y no sólo los de corrupción contra la administración pública.

La principal polémica se dio en el último artículo de la iniciativa (37), que planteaba que las personas jurídicas podrían "solicitar el acogimiento voluntario a un acuerdo administrativo de colaboración eficaz" por "hechos anteriores a la sanción de la presente ley".

Esa negociación sería llevada adelante por la Procuración del Tesoro y con la conformidad de la Sindicatura General de la Nación. Es decir que para casos como Odebrecht no intervendría la Justicia penal, que sí se ocuparía desde la sanción del proyecto. Todo el esfuerzo del oficialismo -y de muchos radicales que trabajaron en el tema- quedó en la nada tras la orden que llegó del PRO de ceder nuevamente ante el Frente Renovador. De hecho, el titular de Diputados, Emilio Monzó, tuvo que llamar a un nuevo cuarto intermedio. Ahora, la difícil tareade resucitar ese artículo quedará en manos del titular provisional del Senado, Federico Pinedo.

Las propuestas -imprevistas- de los massistas fueron claras: sumar la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción -es decir, modificar el artículo 62 del Código Penal- y elevar las penas a los efectos de que no sean excarcelables. Como un pequeño premio consuelo se votó la creación de una comisión bicameral para Odebrecht, pero en una ley separada.

El artículo 8 también fue "tocado": el dictamen oficialista imponía multas de entre un 0,5% y 20% de "los ingresos brutos anuales que la condenada hubiere tenido en el último ejercicio anterior a la comisión del delito", pero la redacción votada bajó el rango hasta el 10%. Mismo caso para el artículo 20, que menciona la posibilidad de convertirse en "colaborador eficaz".

Otras sanciones que se le podrían aplicar a la persona jurídica autora de delito son la suspensión provisoria o definitiva de la personería hasta 10 años; desactivación de patentes o marcas hasta 10 años; la imposibilidad de acceder a licitaciones o concursos estatales; y pérdida de subsidios estatales u otro tipo de beneficios.

Fue tal el desorden en Diputados que lo votado cuenta con una insólita contradicción: se modificó un artículo del Código Penal pero sin aumentar las penas durante la votación en general, y en la discusión en particular se incorporó un cambio para subirlas.

Otra situación desopilante: el ministro de Justicia, Germán Garavano, fue al Senado hace unas semanas a hablar del proyecto. Los legisladores del PJ e incluso de Cambiemos lo frenaron: no correspondía tratar la iniciativa ya que aún no había sido girada por Diputados.

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