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Congreso: alerta por amnistía para piqueteros en 48 horas
• ANTEPROYECTO IMPULSADO POR CTA AUTÓNOMA ES EMPUJADO POR LIBRES DEL SUR Y LA IZQUIERDA
Magistrados de todo el país “deberán ordenar de oficio y sin sustanciación la extinción de la acción penal y/o de la pena” dentro de ese plazo, según plantea la iniciativa. Dardos a los K y al macrismo.
Del otro lado, quedan incluidos en la iniciativa movilizaciones laborales y sindicales por cierre de empresas, despidos, suspensiones, demoras en las retribuciones, demanda de fuentes de trabajo, aumentos, mejoras de las condiciones laborales (impositivas, jubilatorias); los reclamos "tendientes a obtener satisfacción de necesidades o reconocimiento de derechos, en particular la entrega de alimentos, acceso a la vivienda y/o salud".
Se permitirá, por otra parte, "el accionar de dirigentes y/o integrantes de agrupaciones sociales, gremiales, de desocupados" relacionado "con la confección de listas de beneficiarios de planes sociales, su distribución y/o adjudicación"; los "cortes de ruta u otras vías públicas o interrupción de tránsito terrestre, naval y/o aéreo"; y la "ocupación" de "edificios públicos o privados" con motivo de los reclamos en cuestión.
En los argumentos del anteproyecto, la CTA autónoma reparte dardos por igual con el kirchnerismo y el macrismo: señala "que ante un creciente aumento de los reclamos populares, se torna cada vez más frecuente la utilización de los procedimientos legales con el inocultable propósito de amedrentar a los actores sociales, acallar sus reclamos, desarticular los movimientos sociales, deslegitimar la protesta".
La central gremial además expresa que "innumerables manifestaciones de la protesta popular se han desarrollado durante estos años: puebladas, movilizaciones, cortes de ruta, huelgas, escraches, acampes, piquetes, huelgas de hambre, ocupaciones de fábricas, de tierras y de edificios públicos, han sido distintas expresiones de la legítima protesta de nuestro pueblo".
Curioso fundamento utiliza la CTA autónoma. "El Congreso de la Nación dictó la Ley N° 20.508 (B.O. 28/05/73), a pocos días de asumir la presidencia Héctor Cámpora. A través de esa ley de amnistía se dispuso la extinción de la acción penal y de la pena en causas judiciales en las que se imputaba la comisión de actos motivados por una finalidad política (...) Hoy, a cuatro décadas de aquel debate, y más de tres décadas de vigencia ininterrumpida del régimen constitucional, resulta imperioso el dictado de una amnistía a fin de neutralizar la escalada represiva del Estado en la vida social".
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