14 de noviembre 2017 - 00:00

A rodar

A rodar
• Parece una partida de ajedrez. Uno hace un movimiento y el otro le responde con jugada pensada minuciosamente. El primero vuelve a atacar y el segundo se defiende con astucia. Así está hoy la relación entre las automotrices y el Gobierno por el Flex, el índice que mide el comercio de 0km entre la Argentina y Brasil. Poco se habla en estos días de ese tema. Después de las escaramuzas públicas de hace unos meses, ingresó desde hace un tiempo en un smartiano "cono del silencio". Pero pasan cosas.

• En las empresas, el malestar expresado a gritos cuando el Ministerio de Producción de Francisco Cabrera decidió exigir garantías para cubrirse de un futuro incumplimiento, se transformó en una resistencia de puertas adentro. Entendieron que todo lo que se había dicho era suficiente para que las autoridades escucharan el mensaje. Desde el Gobierno parecen haber adoptado la misma estrategia después de mostrar su preocupación "para la foto" ante la avalancha brasileña que anunciaban los medios. Cada nota periodística que se publicaba era una estocada en la imagen oficial

• El meollo del problema, por si alguien lo desconoce, se trata de este índice que mide el nivel de intercambio y que establece que por cada dólar que se exporta se puede importar por u$s1,5 sin arancel. El año pasado se firmó un acuerdo de cinco años (uno para atrás y cuatro para adelante) que fijó el plazo para estar en equilibrio. De no lograrlo se aplican multas en base al desfase. La fecha tope, entonces, es 2020. Hasta ahí, reinaba la armonía. Pero en el medio, ante el crecimiento explosivo de las importaciones desde Brasil, el Gobierno decidió hace unos meses pedir garantías económicas para cubrirse ante la posibilidad de que alguna empresa no pague en su momento la multa. Para eso se comprometió a notificar empresa por empresa de cuánto seria la sanción según su desequilibrio. Hay que tener en cuenta que en algunos trimestres hay terminales que superan la relación 4 a 1 cuando tendría que ser de 1,5.

• Lo nuevo es que desde algunas empresas están dando a entender que, llegado el momento, no pondrán esa garantía e irán al choque. "Tenemos herramientas legales para negarnos" se escuchó decir por estos días. Los argumentos son varios. El principal es que no estaba estipulado en el acuerdo firmado en 2016. Además, aducen que se vivió una situación imprevisible por doble efecto: cuando pensaban que Brasil comenzaría a recuperarse siguió cayendo. Y cuando creían que el mercado interno crecería a menor ritmo, estalló en demanda. Esto agravó la situación. El otro punto que esgrimen en su defensa es el de un castigo innecesario para un sector de no dejó ni deja de invertir. En la actualidad, hay inversiones en marcha por más de u$s3.000 millones y más de 10 nuevas plataformas que provocarán un boom exportador en un par de años. Algo difícil de explicar en las casas matrices que liberan fondos a regañadientes para un país que se conoce más por los problemas que por las virtudes. Hay diferencias. No todas las terminales tienen la misma opinión, pero la mayoría muestra su disgusto. Especialmente aquellas que no aprovecharon los autos brasileños "regalados" para ganar mercado. Porque gran parte de esta avalancha fue utilizada para alentar una demanda que respondió a los estímulos. Eso desató una guerra de precios entre algunas marcas mientras que otras prefirieron mantenerse al margen. En donde hay consenso es en dar batalla contra ese pedido de garantías. El Gobierno, intuyendo tal vez esta resistencia silenciosa, no hace nada para apurar el tema. La información a las empresas sobre el monto a garantizar que debía ya haber sido informado, sigue en interminable proceso de cálculo. La situación parece haber entrado en un impasse donde nadie quiere mover la ficha equivocada y correr el riesgo de perder la partida. A todos les conviene un final de tablas.

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