15 de noviembre 2017 - 09:29

Funcionarios del Ministerio Público Fiscal advierten que reforma del oficialismo restringe su autonomía

Facsímil del documento elaborador por trabajadores del Ministerio Público Fiscal contra la reforma que propone el Gobierno nacional.
Facsímil del documento elaborador por trabajadores del Ministerio Público Fiscal contra la reforma que propone el Gobierno nacional.
Luego de las críticas de diferentes ONG y organismos de derechos humanos al proyecto oficial de reforma del Ministerio Público Fiscal, que comenzó a tratarse la semana pasada en la Comisión de Justicia del Senado, los propios funcionarios y trabajadores de ese organismo elaboraron un documento mediante el cual advierten que la iniciativa del Gobierno "restringe la autonomía" de la entidad.

Según la misiva, a la que accedió ámbito.com, el proyecto de reforma de la ley 27.148 cuenta con varios "problemas", que identifican en tres ejes.


Restricción de la autonomía del Ministerio Público Fiscal

Los funcionarios del organismo sostienen que al modificar el proceso de designación y remoción del Procurador General de la Nación, se reducen las mayorías parlamentarias exigidas para destituir y para prestar acuerdo a la designación.

A esto suman el abandono de la instancia de juicio político, incorporando la facultad del Poder Ejecutivo para acusar de oficio. "El proyecto se diferencia así de todas las leyes orgánicas de Ministerios Públicos provinciales, que remiten a las constituciones al referirse a la remoción de un procurador o fiscal general", señalan.

"Esta falta de estabilidad constituye un enorme peligro para un organismo que investiga, entre otros, los delitos de la corrupción de la administración pública, la criminalidad económica, el narcotráfico, el crimen organizado, y otros fenómenos delictivos desde las altas esferas del poder", exponen en el comunicado.

Retrocesos en materia de investigación del crimen organizado y de persecución de las violaciones de derechos humanos

La iniciativa oficial busca eliminar de la ley a las Procuradurías Especializadas y a las Direcciones Generales Técnicas de Apoyo ya existentes. Para los funcionarios del Ministerio Público Fiscal esto implica un "fuerte retroceso en su institucionalidad y en la perdurabilidad de una política criminal estratégica a largo plazo".

La falta de previsión legal, entienden en el organismo, "les quita estabilidad" a las procuradurías y "las debilita".

Entre las Procuradurías Especiales y Direcciones que se suprimen de la ley de acuerdo con el proyecto de reforma se encuentran la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, de Violencia Institucional, y de Violencia de Género. También, las Direcciones de Acceso a la Justicia, Derechos Humanos, Orientación y Protección a las Víctimas.

"La disolución de estos espacios podría afectar la continuidad de las investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos perpetradas por el terrorismo de Estado", advierte el comunicado.

En tanto, la eliminación de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), implicaría para los trabajadores del Ministerio Público Fiscal un "fuerte retroceso en la política criminal contra la violencia contra las mujeres".

Respecto a la cuestión de género, los funcionarios del organismo advirtieron que la reforma supone un una marcha atrás respecto a la paridad al interior del organismo. El proyecto incluye el requisito de ser fiscal general y con 10 años de antigüedad para desempeñar ciertas funciones. Ahora bien, la mayoría de las mujeres fiscales ingresaron en los últimos años, con lo cual prácticamente no hay mujeres que ocupan el cargo de fiscal general con diez años de antigüedad.

De la planta total de fiscalías del Ministerio Público Fiscal (325), sólo 17 están ocupadas por fiscales generales mujeres. De ellas, apenas seis tienen más de diez años de antigüedad.


Peligro para el Sistema de Administración de la Justicia

Para los trabajadores que integran el Ministerio, de aprobarse el proyecto tal como está redactado "colapsará en el corto y mediano plazo el servicio de administración de Justicia" que imparte el organismo.

El proyecto del oficialismo ordena revertir en apenas un mes los traslados de fiscales efectuados en los últimos cinco años. "Una reversión inmediata de los traslados puede generar un colapso en los casos en trámite" al tener que reubicar a los fiscales en un lapso de treinta días.

El panorama se agrava si se tiene en cuenta la anulación de las subrogancias de fiscalías, mecanismo extraordinario previsto para hacer frente a ciertas vicisitudes que enfrentan los fiscales titulares.

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