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En la presentación realizada hoy, la OA pidió la elevación de juicio y sostuvo que la ex mandataria "continuó con las acciones de su antecesor, Néstor Carlos Kirchner", para "beneficiar irregularmente a las empresas del grupo Báez con fondos de la Dirección Nacional de Vialidad".
Al fundamentar la decisión de la OA, Alonso precisó que "vamos por eso porque hay un viejo fallo de la Corte Suprema menemista que permitió a todos los corruptos, excepto María Julia (Alsogaray) zafar de la prisión, firmado por (el entonces presidente del máximo tribunal, Julio) Nazareno por el 'caso Pompas' que dice que en realidad se tiene que juzgar por un sólo hecho aunque haya 52 fraudes".
De esta manera, la funcionaria hizo referencia a una polémica resolución de la Corte Suprema que derivó a fines del 2002 en la atenuación de la figura delictiva -con la consecuente definición de jurisprudencia- que pesaba sobre el ahora fallecido banquero Jaime Pompas por el vaciamiento del Banco Social de Córdoba.
"Queremos cambiar la jurisprudencia para que todos los corruptos vayan presos. Queremos cambiar esa nefasta jurisprudencia para llevar a juicio oral y lograr las condenas en el caso de las 51 administraciones fraudulentas" en la causa que investiga el direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz a favor del Grupo Austral, propiedad de Lázaro Báez, precisó Laura Alonso.
Consultada sobre si existe la posibilidad de que se pida el desafuero de la senadora nacional electa y ex presidenta Cristina Kirchner, Alonso dijo que "no es un tema en este momento", pero no descartó que, más adelante, se pueda solicitar esa medida al juez "si sospechamos que está haciendo cosas para entorpecer la investigación".
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