Tras la disolución, los independentistas retomaron el control del Parlamento catalán
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Tres diputados de ERC (Izquierda Republicana Catalana) están presos en Madrid sin posibilidad de salir bajo fianza y otros cinco de Juntos por Cataluña están en Bruselas exiliados y en cuanto vuelvan a España pueden ser detenidos.
Por ello, en las últimas semanas buscaron alternativas para poder ocupar los escaños conseguidos en las elecciones de diciembre pasado, en las que Ciudadanos obtuvo el primer lugar pero las formaciones independentistas, en conjunto, obtuvieron la mayoría absoluta. Solo los tres que están en prisión consiguieron su objetivo.
El diputado Ernest Maragal, que presidió la sesión constitutiva por ser el más longevo de la cámara, anunció que aceptaba la delegación del voto de Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y Joaquím Forn, al considerar que la petición se ajustaba al reglamento.
El político, de 75 años, lamentó que no pudieran asistir a esa sesión constitutiva los cinco diputados electos que están exiliados en Bruselas y criticó a los legisladores que no pueden ver que debe abrirse "una nueva etapa" para "evaluar la situación posterior al 1 de octubre" y "buscar una vía de común acuerdo con el Estado".
Los cinco diputados exiliados se abstuvieron de pedir el voto porque hubiera suscitado un recurso inmediato del gobierno español ante el Tribunal Constitucional.
Pero los independentistas ya tenían los votos suficientes para tomar el control de la Mesa, tal como habían acordado la semana pasada.
La elección de Torrent, un joven politólogo que sin ningún proceso judicial, tuvo el apoyo de las dos principales fuerzas secesionistas catalanas, ERC y la coalición Juntos por Cataluña, del destituido presidente regional, Puigdemont.
También contó con el apoyo de los independentistas y antisistema de la CUP (Candidatura de Unidad Popular), el aliado menor que tuvo Puigdemont durante su gobierno y la fuerza radical que lo obligó, hasta el final, a cumplir con su promesa secesionista.
El primer reto de Torrent será fijar las condiciones del debate de investidura del próximo jefe del gobierno catalán, dadas las circunstancias excepcionales del principal candidato, Puigdemont.
ERC y Juntos por Cataluña acordaron en los últimos días proponer a Puigdemont como presidente del gobierno regional, pero el mandatario español, Maariano Rajoy, advirtió que si esto prospera, mantendrá la intervención de Cataluña.
Puigdemont, además, debe resolver sus problemas con la Justicia. Sobre él pesa una orden de detención en España, por lo que su partido quiere que una eventual investidura se celebre a distancia, fórmula rechazada esta semana por los abogados del parlamento y, con mucho más énfasis, por Rajoy.
Valor en alza de ERC, el nuevo presidente del parlamento catalán fue en la anterior legislatura vocero adjunto de la coalición separatista Juntos por el Sí, que gobernó la región con Puigdemont al frente hasta la declaración de independencia y la intervención de Madrid.
Además de Torrent, fueron elegidos Josep Costa (Juntos por Cataluña) y José María Espejo (Ciudadanos), como vicepresidente primero y segundo, respectivamente.
Las cuatro secretarías de la mesa, en tanto, serán ocupadas por Eusebi Campdepadrós (Juntos por Cataluña), David Pérez (PSC), Joan García (Ciudadanos) y Alba Vergés (ERC).
La ley establece un plazo de diez días hábiles para proponer un candidato y da tiempo hasta el 31 de enero próximo para la celebración de un primer debate en el pleno del parlamento.
Todo el proceso va encaminado a una nueva parálisis institucional, ya que la coalición de fuerzas independentistas acordó proponer a Puigdemont y Rajoy se declaró inamovible en su rechazo al líder catalán.
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