26 de enero 2018 - 23:29

Paritarias: gremios agitan fantasma de "gatillo constante"

TIRONEOS ENTRE FUNCIONARIOS Y GREMIALISTAS POR LOS AJUSTES SALARIALES - La cláusula que el Ejecutivo busca desterrar este año amenaza con convertirse en emblema de los opositores para actualizaciones mensuales.

Otros tiempos. Cuando el Gobierno se sentaba con la CGT y había espacios de diálogo y consenso. Hoy la relación está fracturada con un sector influyente de la central obrera que augura paritarias conflictivas.
Otros tiempos. Cuando el Gobierno se sentaba con la CGT y había espacios de diálogo y consenso. Hoy la relación está fracturada con un sector influyente de la central obrera que augura paritarias conflictivas.
La ronda de paritarias de este año se encamina a replicar en las oficinas y los tribunales la confrontación entre el Gobierno y los sindicatos opositores que también tendrá como escenario las calles. Desde los gremios disidentes respondieron a la amenaza oficial de revisión de los acuerdos salariales para bloquear prerrogativas con una advertencia de similar volumen: exigir la vigencia permanente de las cláusulas gatillo, una herramienta que el propio Ejecutivo impulsó el año pasado pero que para la actual secuencia de negociaciones se resolvió a desterrar.

Se trata de una respuesta jurídica que elaboran en algunas organizaciones gremiales que ya iniciaron sus paritarias como la Asociación Bancaria. El sindicato que lidera Sergio Palazzo está en la mira de la administración de Mauricio Macri por tratarse, junto con Comercio, de uno de los primeros en discutir su ajuste salarial en el año. Pero, a diferencia del mercantil Armando Cavalieri, el bancario está sindicado como opositor al Gobierno.

En ese tironeo entre el Ministerio de Trabajo y La Bancaria la palabra clave es "ultraactividad". El término remite a la condición que sostiene la vigencia de los convenios colectivos de trabajo incluso después de su vencimiento hasta tanto sean reemplazados por un acuerdo nuevo. Ese carácter está consagrado por leyes laborales como la 14.250 y la 25.877. Esta última establece en su artículo 13 que "una convención colectiva de trabajo, cuyo término estuviere vencido, mantendrá la plena vigencia de todas sus cláusulas hasta que una nueva convención colectiva la sustituya, salvo que en la convención colectiva vencida se hubiese acordado lo contrario".

Basados en ese principio en los sindicatos alegan que las cláusulas gatillo que fueron incorporadas en varias de las negociaciones más importantes del año pasado, como la de los bancarios, Comercio, los albañiles de UOCRA o los estatales de UPCN, se mantendrán vigentes este año a pesar de la negativa del Gobierno en la medida que no sean sustituidas por acuerdos renovados. Dicho de otra forma, los opositores alegan que si el Ejecutivo traba las discusiones que no crea alineadas con su postulado de tope de 15%, de todos modos podrán validar la activación de las cláusulas de 2017 que permitieron compensar eventuales pérdidas por subas inflacionarias, y que deberían reajustar los sueldos de esos convenios cada mes al darse a conocer la suba del costo de vida.

El razonamiento inverso hacen en la cartera laboral para presionar a los sindicatos rebeldes. En el caso de los bancarios afirman que la ultraactividad rige para convenios colectivos pero no para acuerdos paritarios. Y en ese sentido explican que algunas cláusulas, como la "cuota solidaria" de 1% a favor del gremio de Palazzo que se les descuenta a los no afiliados de manera compulsiva con destino a la organización sindical, puede quedar sin efecto este año de no haber pleno acuerdo con los bancos, tal como reveló este diario días atrás. En Trabajo agregaron otra advertencia: igual suerte podría correr otro aporte de 1% pero que realiza cada entidad financiera sobre su nómina salarial a favor de la obra social bancaria.

Las advertencias de uno y otro lado sobre la judicialización de estos ítems no son nuevas. Ya en el Gobierno anterior estaban sobre la mesa en los prolegómenos de cada negociación pero en general no llegaban al terreno de las presentaciones formales y quedaban en el anecdotario de los aprontes. En cambio en este caso se dan en un contexto de agravamiento de la relación entre el Gobierno y los gremios disidentes, y con una convocatoria de Hugo Moyano a una marcha junto a esas organizaciones para el 22 de febrero en un sitio a determinar.

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