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Las autoridades cristianas afirmaron que se trata de una "ley discriminatoria y racista" que se dirige contra las comunidades cristianas.
"Nos recuerda a leyes parecidas que se impusieron contra los judíos en Europa en tiempos oscuros", agregaron.
A su vez, acusaron a la administración municipal de Jerusalén de haber impuesto "amonestaciones escandalosas" y ordenado la confiscación de propiedades de la Iglesia, inmuebles y cuentas bancarias por supuesto impago de impuestos.
Según los líderes cristianos, eso viola la posición histórica de la Iglesia en la ciudad santa de Jerusalén, así como acuerdos y obligaciones internacionales que garantizan los derechos y los privilegios de la Iglesia.
La autora del proyecto de ley, la diputada Rachel Asaria, del partido de centro Kulanu, alegó que sólo afecta a terrenos ya vendidos a inversores privados y que nunca se tocarán terrenos que sigan siendo propiedad de la Iglesia.
Su objetivo es proteger las viviendas de cientos de personas que habitan en terrenos que la Iglesia vendió demasiado baratos a constructores privados.
Con este cierre por tiempo indefinido del templo, las iglesias también protestan contra el pago de impuestos locales en Jerusalén, que en su opinión infringen el statu quo y son un "intento de debilitar la presencia cristiana" en esa ciudad.
No obstante, el alcalde de Jerusalén, Nir Barkat, aseguró que la ley es igual para cristianos, musulmanes y judíos, y que todas las iglesias, sinagogas y mezquitas, incluida la iglesia del Santo Sepulcro, siguen estando exentas de impuestos locales.
"En ese sentido no hay ningún cambio", apunto. Sin embargo, edificios comerciales que son propiedad de la Iglesia, como hoteles u oficinas, deben pagar esos tributos.
Según Barkat, los edificios de ese tipo propiedad de la Iglesia tienen deudas que ascienden a unos 186 millones de dólares, razón por la cual las cuentas eclesiásticas fueron congeladas.
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