26 de abril 2018 - 00:00

Justicia de EE.UU. vuelve a proteger a los “soñadores”

Un tribunal autorizó nuevas aplicaciones para el programa DACA, que los protege de la deportación. Furia de la Casa Blanca.

Washington - Miles de jóvenes inmigrantes que residen en Estados Unidos celebraron ayer un nuevo fallo judicial que asestó el mayor golpe a los intentos del gobierno de Donald Trump de deportarlos, al exigir la aceptación de nuevas aplicaciones para el programa DACA.

El juez John Bates, de Washington DC, calificó de "ilegal" la decisión de poner fin al DACA, el programa que protege de la deportación a casi 700.000 jóvenes llegados cuando niños a Estados Unidos con sus padres, conocidos como "dreamers" (soñadores) y en su inmensa mayoría latinos.

Bates consideró que la decisión de la administración Trump fue "arbitraria y caprichosa", y ordenó al Gobierno continuar con el programa, creado durante la gestión demócrata de Barack Obama, y reabrirlo a nuevos aplicantes.

La actual administración criticó el nuevo revés judicial. "Es una buena noticia para las organizaciones traficantes de personas y las redes criminales", manifestó en la conferencia de prensa diaria la vocera de la Casa Blanca, Sarah Sanders. "La decisión judicial es extraordinariamente errónea. Lo peor es que crea un incentivo para que venga más inmigración joven ilegalmente", agregó.

"Me dieron ganas de llorar; estoy muy, muy contenta", dijo Eliana Fernández, una "soñadora" ecuatoriana y madre de dos pequeños niños, que es una de las demandantes contra el Gobierno en la corte federal de Brooklyn, en Nueva York.

Bates es el tercer juez que falla contra la decisión de Trump de poner fin a este programa. Otras dos sentencias similares fueron adoptadas por jueces federales de California y Nueva York.

Si no fuese por los fallos de San Francisco y Nueva York, cada día un promedio de 122 jóvenes con DACA quedarían sin papeles, amenazados de deportación, según ONG de defensa de los inmigrantes.

La suerte definitiva de los "dreamers" está finalmente en el Congreso, que hace más de 15 años debate proyectos de leyes migratorios pero nunca logró ponerse de acuerdo sobre qué hacer con estos jóvenes ni con el resto de los 10 millones de indocumentados que viven en el país.

En tanto, los jueces conservadores de la Corte Suprema de Estados Unidos indicaron ayer que es probable que mantengan la prohibición de viajes aprobada por Trump a personas de países de mayoría musulmana (Irán, Libia, Somalia, Siria y Yemen), una de las decisiones más polémicas de su presidencia.

Tanto el presidente del tribunal, John Roberts, como su colega Anthony Kennedy, un voto que suele oscilar en la corte de nueve miembros de mayoría conservadora, mostraron poca voluntad de poner en duda las justificaciones en materia de seguridad nacional ofrecidas por el presidente para respaldar la política.

Los demandantes, liderados por el estado de Hawái, argumentaron que la política está motivada por la enemistad de Trump hacia los musulmanes y que viola la ley de inmigración federal y la prohibición de la Constitución de que el Gobierno favorezca a una religión sobre otra.

Jueces liberales mostraron simpatía hacia los argumentos hawaianos, pero el conservador Samuel Alito dijo que el texto en el que el Gobierno anunció la prohibición "no se parece en nada a una prohibición a los musulmanes".

Está previsto que la corte anuncie su dictamen a fines de junio.

Agencias AFP, DPA y Reuters

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