8 de mayo 2018 - 08:16

La designación del Defensor del Niño: entre la demora y los derechos vulnerados

Juan Facundo Hernández, Fabián Repetto y Marisa Graham
Juan Facundo Hernández, Fabián Repetto y Marisa Graham
Desde hace 12 años el Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes es un cargo vacante en el país. En 2017, el Congreso acató una sentencia judicial presentada por la coalición Infancia en Deuda y otras organizaciones y conformó una Comisión Bicameral para iniciar el proceso de designación del Defensor. En el Senado la misma ya está lista pero aún falta nombrar a los diputados que la integrarán para poder retomar el concurso público y elegir esta figura entre 68 postulantes ya admitidos.

Carmen Ryan, coordinadora de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y miembro de la ONG, mencionó a ámbito.com que "el Defensor es la cúspide de todo el sistema de protección de derechos a nivel nacional". Para que sea designado, "hay un concurso que se está tramitando y tiene que implementarse un proceso de examen y de audiencia pública", pero sin la Bicameral, es imposible. Respecto a su autonomía, punto central para sus funciones, aseguró que "si todas las normas que están vigentes se ponen en funcionamiento, debería ser un órgano independiente".
El cargo de Defensor del Niño está vacante desde hace 12 años.

Tres de los candidatos detallaron a este medio la importancia de la labor del Defensor, así como la urgente necesidad de su designación para velar por los derechos de los más desprotegidos. Se trata de Juan Facundo Hernández, abogado y socio fundador del colectivo Derechos de la Infancia y de la Adolescencia; Fabián Repetto, politólogo e investigador principal del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC); y Marisa Graham, abogada y ex Directora de la Secretaría Nacional de la Niñez Adolescencia y Familia.

Periodista: ¿Cuál es la importancia de designar al Defensor del Niño y el Adolescente?

Juan Facundo Hernández: Es una obligación legal prevista en la ley 26061, de Protección de los Derechos de niños, niñas y adolescentes. El Defensor es la cúspide del Sistema de Protección de Derechos, también previsto en la ley. En términos institucionales es fundamental, ya que esperamos contribuya a dar centralidad a la infancia, como eje de las políticas públicas.
Fabián Repetto: Es saldar una deuda que tiene la democracia con la niñez en Argentina, que está pendiente hace más de una década. No sólo por cubrir ese vacío institucional sino porque hay muchos derechos de los niños y adolescentes que aún siguen vulnerados en el país. La figura del defensor tiene que atender todo lo que tiene que ver con esos derechos vulnerados, reclamando para que sean reparados.
Marisa Graham: Es un organismo que nos debíamos, la propia Convención habla de que los Estados tienen que diseñar un organismo independiente que vele por los derechos humanos de los chicos y las chicas. Argentina cometió el error, producto de las malas interpretaciones que se hicieron sobre todo en los noventa, que ese organismo era el Sistema de Protección de Derechos. Esa institución que va a velar por los derechos de los pibes es una figura distinta, es el Defensor.

P.: ¿Cuáles son los principales derechos vulnerados de niños y adolescentes en Argentina?


J.F.H.: La cuestión social, la pobreza y la indigencia son centrales. Los niños lo son en mayor proporción que los adultos, ya que en los hogares pobres o indigentes hay más cantidad de niños que de adultos. El derecho a la protección especial no encuentra un correlato en el andamiaje institucional que debería existir en nuestro país. Nos referimos al Sistema de Protección de Derechos, que es el conjunto de organismos del Estado que deberían atender a aquellos niños y niñas con sus derechos más vulnerados, tanto a nivel local como provincial. Sin una institucionalidad fuerte de estos organismos y programas es difícil abordar problemas como el abuso, el maltrato. Otro es el derecho a la libertad. El sistema penal juvenil está fragmentado y es sumamente dispar entre las provincias del país. Tenemos una antigua ley de la dictadura militar, que fue duramente cuestionada por la Corte Suprema de Justicia, y el sistema regional y universal de protección de los derechos humanos.
F.R.: No hay un único derecho vulnerado para todos los niños y adolescentes, hay muchos derechos vulnerados para muchos sectores de la niñez y la adolescencia. Hay un sector muy importante de la población de niñez y adolescencia en situación de pobreza. La infantilización de la pobreza es un dato cruel de la realidad argentina. En ese sentido, uno podría englobar que un número muy grande de derechos están vulnerados. Luego de esa apreciación más general, entre los más particulares, hay derechos vulnerados en el campo de educativo, en el campo de la salud, en el campo del cuidado, en el campo de la identidad.
M.G.: Es difícil que haya un ranking de derechos más o menos vulnerados. Lo que más me preocupa que la Argentina vuelva a tener problemas de hambre, que falte alimento oportuno y de calidad en nuestras familias. Otra cosa tiene que ver con la escuela secundaria, con cómo resolvemos el abandono de la escuela, del pasaje de primaria a secundaria, que es un gran bajón. Tenemos una gran escolaridad primaria pero tenemos que resolver los dos extremos: inicial y secundaria. En la escuela secundaria hay algo que no atrae, creo que no está aggiornada a los nuevos deseos e intereses de los pibes. Otro tema es la violencia y crueldad contra los niños, el maltrato, el abuso. No hay campañas o políticas públicas concretas de prevención. Hay una violencia no registrada como tal, esta cuestión de la cosa cotidiana de los niños a los cuales no les puedo avasallar sus derechos. También el derecho de los chicos a ser oídos, el derecho a la participación respetando la autonomía progresiva. Otra cosa que hay que trabajar es la relación de los niños, niñas y adolescentes y los medios de comunicación, el defensor ahí tiene un papel gravitante para ponerle límites a los medios.

P.: ¿Cómo puede lograrse un tratamiento federal de las cuestiones que afectan a niños y adolescentes, teniendo en cuenta las variadas problemáticas que los afectan en las diferentes regiones del país?

J.F.H.: El federalismo no debería ser un obstáculo para el cumplimiento de los derechos humanos. El sujeto obligado frente al derecho internacional es el Estado, que es uno, así que por ejemplo, el Gobierno Nacional no debería desentenderse de las realidades provinciales y, por otro lado, las autoridades provinciales deberían cumplir pisos mínimos que la Nación debería fijar. Es el sentido que debería tener, por ejemplo, una nueva ley penal juvenil. También el defensor debería apoyarse en otros defensores provinciales, donde existan y sean independientes, y en los espacios federales existentes. Me refiero al Consejo Federal de Niñez, creado por la ley 26061, integrado por todas las autoridades de infancia de las 24 provincias y por supuesto en la Comisión Bicameral de elección del Defensor, que debería funcionar como un espacio que colabore en la gestión de la nueva Defensoría.
F.R.: A nivel Poder Legislativo, se sacan leyes de carácter nacional para todo el territorio. Ahí hay una oportunidad de homogeneizar. Lo mismo con el Poder Ejecutivo, que fija políticas de índole global. En materia del rol de la Defensoría, tiene un marco de acción de lo que tiene que ver con el Gobierno nacional. Pero hay un trabajo por hacer y es darle una territorialidad al rol de la Defensoría. Hay cuatro Defensorías que están empezando a funcionar, algunas más que otras, a nivel provincial. La asignatura pendiente es que más provincias rápidamente adhieran a tener una figura de defensor para poder tener una mirada mucho más sistémica, más federal.
M.G.: El Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia se ha quedado instalado como política de Estado. Posiblemente, una organización similar pero horizontal, que tenga cierta vinculación. Después hay que ver cómo uno coordina y se corre.

P.: ¿Por qué considera que se da la demora del nombramiento del Defensor?

J.F.H.: Este cargo no es el único pendiente, hace muchos años que tampoco hay Defensor del Pueblo de la Nación, entre otros. La respuesta está en la poca vocación de la política en Argentina de tener organismos de control independientes, como debería ser este nuevo cargo.
F.R.: La demora tiene que ver con una cierta despreocupación de la clase política en términos de la importancia que tiene la figura del Defensor del Niño para cumplir su rol previsto en el marco legal. El sistema político ha tenido otras prioridades en estos 12 años. Hoy por hoy hay una oportunidad, donde la clase política ha tomado nota de que es necesario reparar esa asignatura pendiente. Creo que ha habido mucho de falta de prioridad, y mucho de inercia de la labor legislativa, pero estamos en condiciones de saldar esa deuda.
M.G.: No lo sé. Pero las figuras de control, como el defensor, debieran ser de la oposición.

P.: ¿Cómo califica el tratamiento que se le dio a los casos de abuso sexual en las inferiores de Independiente? ¿Cómo podría haber intervenido el Defensor, si estuviese en funciones?

J.F.H.: Lamentablemente el tratamiento no fue bueno, se hizo poco eje en la protección de los jóvenes implicados, se difundió demasiada información que los perjudica. Por otro lado, el Defensor podría señalar con firmeza que no hacen falta nuevos arreglos institucionales para ejercer el control de este tipo de espacios. Los existentes tienen amplias facultades para ver qué sucede adentro de estos internados.
F.R.: Creo que en líneas generales tuvo muchos más ribetes de tratamiento espectacular, mediático, de show. No hubo un tratamiento profundo, de un diálogo fuerte y sólido, de especialistas, de miradas analíticas, científicas e interesadas en resolver este tipo de cuestiones. La Defensoría debería tener un rol pedagógico con los medios de comunicación para ayudar a un mejor tratamiento de los derechos vulnerados de la niñez y adolescencia. La Debería trabajar en dos frentes: uno, en lo que tiene que ver con los medios de comunicación, un mejor tratamiento informativo en estos temas sensibles; y desde el punto de vista de operación concreta de la Defensoría, creo que debería haber tomado cartas en el asunto para promover políticas regulatorias mucho más estrictas respecto a este tipo de situaciones. Lo que deja al desnudo el caso de Independiente es un problema de regulación de los ámbitos donde viven niños y adolescentes.
M.G.: Los abusos en Independiente te muestran un delito de trata: captación con fines de explotación. Argentina avanzó muchísimo en la legislación contra trata, no tenemos un problema de leyes sino de políticas públicas. En Independiente yo hubiese hecho una acción colectiva, sería una de las causas que el defensor debiera haber tomado. Primero, para delimitar cuál es el delito que se cometió contra esos chicos, si es un delito federal, si hay una red de captadores, etc. También hay que pensar que hay instituciones cerradas para los chicos que no son necesariamente las instituciones de abrigo o de albergue tradicionales.

P.: ¿Cuál es su postura frente a la despenalización del aborto? ¿Cuál es la importancia de esta práctica para niñas y adolescentes?

J.F.H.: A favor de la despenalización. Un embarazo no deseado en una adolescente implica toda una vida posterior no planificada. Las adolescentes tienen el derecho a decidir sobre su cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
F.R.: Hay un marco legal que prevé que en casos de violaciones, fundamentalmente, se pueda interrumpir el embarazo. En la gran mayoría de casos, en nenas de 13 o 14 años, se debería aplicar este mecanismo legal. En general, creo que tiene que ver con la libertad de las mujeres, con la igualdad de género, con poder atender una problemática tan compleja como es el embarazo en la niñez y la adolescencia. Cuando uno observa los embarazos en la adolescencia, un 70% de esa población que queda embarazada dice que no lo estaba buscando. Entonces está claro que hay que pensar sistémicamente el tema del aborto en el marco de una política de salud reproductiva.
M.G.: En lo que puede beneficiar es que las niñas y las adolescentes son mujeres. Que las mujeres, desde que nacemos hasta que nos morimos, tengamos derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo es muy importante. Además, también hay que trabajar con los adolescentes en esta idea de cuidarse, pero no por una cuestión moral. La despenalización del aborto también va a impactar oblicuamente en la concientización del mundo de los varones.

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