9 de mayo 2018 - 23:46

Inicia capítulo “privados” en el escándalo Odebrecht

• CASANELLO PROCESÓ A EMPRESARIOS LOCALES DE LA CONSTRUCCIÓN COMO ALDO ROGGIO, WAGNER Y BIAGINI
Es por dos plantas potabilizadoras licitadas por AySA. Citó a De Vido y a José López a indagatoria por coimas. Juez apuntó a firmas como Cartellone, Supercemento, Esuco y Camargo Correa por “obtener ventajas”.

Aldo Roggio y Carlos Ben.
Aldo Roggio y Carlos Ben.
El juez federal Sebastián Casanello inauguró el "capítulo privados" del escándalo local por los sobornos de Odebrecht y dispuso casi una veintena de procesamientos a exfuncionarios, pero también a empresarios argentinos por el direccionamiento de una licitación de AySA para la construcción de dos plantas potabilizadoras, que quedaron en manos del gigante brasileño y sus socios criollos. Dispuso embargos por $700 millones y disparó el llamado a indagatoria (ahora sí acusados por haber pagado y recibido coimas) a exintegrantes del Ministerio de Planificación como Julio De Vido y a jugadores de peso en el rubro de la construcción como Aldo Benito Roggio y Tito Biagini (expresidente de José Cartellone e Hijos SA). El magistrado renovó además el intento de la Justicia argentina para que Marcelo Odebrecht sea indagado en el marco de las investigaciones abiertas en nuestro país, objetivo que continúa siendo un obstáculo porque se lo considera ya juzgado por haber accedido a un acuerdo de delación.

Casanello estiró la definición de la causa a su cargo, luego de haber cumplido un cronograma de indagatorias durante la última mitad de 2017. Pero dio por probadas irregularidades en la licitación de las obras de la Planta Potabilizadora de Paraná de las Palmas y de Berazategui por haber constituido una maniobra que defraudó al Estado. A los exdirectivos de AySA, como Carlos Ben y Raúl Biancuzzo (ambos con investigaciones abiertas también sobre su patrimonio) los apuntó como autores de la estafa y a los empresarios, como "partícipes necesarios", por el delito de administración fraudulenta. Por el lado de AySA, también incluyó como responsables a Carlos María Donnoli (exdirector de Planificación), Antonio Caucion (exdirector de Obras) y Carlos Di Somma (exgerente de Licitaciones y Contratos de la Dirección de Obra) en la nómina de 19 procesados. No avanzó (todavía) sobre los dos exfuncionarios de Planificación que habían sido indagados y que estaban bajo la órbita del detenido José López, a quien sí anunció una futura indagatoria también en esta causa.

Roggio, Biagini y Carlos Wagner (presidente de Esuco SA y señalado por los "arrepentidos" como el nexo para el pago de coimas) fueron procesados junto a quienes actuaron en los procesos de licitación como apoderados y representantes legales. Casanello confirmó que pese a que simularon competir por las dos plantas potabilizadoras, se cartelizaron y el supuesto "perdedor" terminó "ganando" otra licitación. Sostuvo que el objetivo fue que dos Uniones Transitorias de Empresas (UTE) conformadas una por Constructora Norberto Odebrecht, Sucursal Argentina SA, Benito Roggio e Hijos SA, José Cartellone e hijos SA y Supercemento SA; y la segunda conformada por Construçoes y Comercio Camargo Correa, Sucursal Argentina y Esuco SA, terminaran haciendo las obras. "Incrementos presupuestarios injustificados" y "obras nuevas" agregadas por AySA por fuera de los pliegos originales fueron parte de las inconsistencias que ampliaron las ventajas económicas. Y por las que el juez avaló el presupuesto de la fiscalía de que la obra de Paraná de las Palmas prevista en $1.800.000.000, tras los incrementos, la financiación del BNDES, las sistemáticas prórrogas y la redeterminación de precios, llevó el valor del contrato a casi $ 6.500.000.000. Para la Planta de Berazategui se había estimado un presupuesto de $ 324.000.000 y el valor del contrato se elevó hasta hoy a casi $ 860.000.000.

Sin fecha, Casanello anunció más indagatorias por "cohecho": a las autoridades de Planificación con De Vido a la cabeza, Jorge "Corcho" Rodríguez (señalado como presunto intermediario), Osvaldo Gandini y Marcos Sankowicz; a los abogados uruguayos, Carlos Dentone Loinaz, Martín Molinolo y Pablo Correa Calcagno; y pidió que amplíen sus indagatorias Ben, Biancuzzo, Fabián López, Edgardo Bortolozzi, y los empresarios Roggio y Biagini. Sobre todas las empresas involucradas, además de un embargo pesa una inhibición general por lo que no podrán tener movimientos accionarios.

De acuerdo con el fallo, Casanello citó además a indagatoria a Marcelo Odebrecht, presidente de la empresa sospechada porque ratificó oficialmente "todos los actos practicados por la Sucursal Argentina" de su firma. La futura convocatoria incluyó a Antonio Miguel Marques, presidente del Consejo de Administración de Camargo Correa.

"Está claro que las empresas argentinas no fueron convidados de piedra, sino que participaron, consintieron y obtuvieron ventajas de estos acuerdos", señaló Casanello acerca del rol de los "privados" locales. Sobre este foco se están dirigiendo todas las investigaciones del capítulo argentino de la trama de sobornos más grande de la región. Las firmas abrieron el camino para el desembarco de Odebrecht y posiblemente habilitaron el flujo de los fondos para aceitar los sobornos.

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