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Por el contrario, el ministro de Salud, Simon Harris, uno de los principales impulsores del cambio, indicó que "hoy en un día muy emotivo" para él y para todas las mujeres de este país que "han padecido", solas o con sus parejas, "crisis durante sus embarazos".
"En vez de decirles que tomen el barco, ahora les damos la mano y les decimos que cuidaremos de ellas", destacó Harris, en referencia a la miles de mujeres de este país que viajan cada año al extranjero para abortar, nueve a diario, debido a las restricciones de la legislación vigente, una de las más duras de Europa.
El gobierno había pedido a la ciudadanía que se pronunciara sobre la eliminación de la llamada "octava enmienda", incluida en 1983 en la Constitución, y que garantiza de igual manera el derecho a la vida del "no nacido" y de la madre.
De acuerdo con esta previsión, la ley promulgada en 2013 por el Ejecutivo del Fine Gael, solo permite la interrupción del embarazo en las circunstancias excepcionales citadas y prevé, además, penas de cárcel de hasta 14 años para las mujeres y los profesionales de la salud que lo realicen al margen de las normas.
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