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Esta medida se aplica a quienes se anoten de ahora en adelante en los concursos y a los postulantes cuyo pliego esté bajo análisis del Consejo de la Magistratura y aun en los casos en que se hubieran elevado ternas al Poder Ejecutivo y el pliego del postulante aún no hubiera sido elevado al Senado.
La información permanecerá protegida por el secreto fiscal, aclara el texto del decreto.
La intención del Gobierno es además detectar si hay irregularidades patrimoniales, sobre todo en casos de jueces que investigan delitos de narcotráfico o corrupción.
A partir de este informe quedará asentada una suerte de declaración jurada inicial del magistrado, pero con mayor detalle que la actual, que los jueces presentan ante la Corte Suprema de Justicia.
De hecho, esta información económica estará en manos en el Ministerio de Justicia, en el Poder Ejecutivo.
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