viernes 22.6.2018
Economía
Por Glauco C. Marqués.-
martes 12 de Junio de 2018

La huelga y el derecho a trabajar

Por Glauco C. Márques

El derecho de huelga no es un derecho irrestricto que cualquiera pueda ejercer de cualquier modo. Escuchamos en los comunicadores sociales todo el tiempo que ¨tienen derecho a hacer huelga¨, en relación a circunstancias en las que no existe ese derecho. Y ese instituto, como toda manifestación de la libertad de expresión y de movimiento, tiene sus límites y regulación. La idea no es que si a alguien no le gusta lo que hace un empleador o el gobierno, se junta con un grupete de amigotes y arma una huelga. La huelga debe ser ejercida por una entidad sindical con personería gremial. Pueden coexistir por actividad, oficio o profesión, infinidad de sindicatos simplemente inscriptos. Pero sólo uno tiene el derecho de firmar convenios colectivos, hacer huelga, y otras cuestiones relacionadas con el ejercicio sindical: el gremio con personería gremial. Ésta la otorga el Ministerio de Trabajo de la Nación en función de la acreditación de la mayor representación del gremio en la actividad, oficio o profesión. Si se presenta otro gremio que dice tener mayor representación, existe un procedimiento, y una vez efectuada la presentación o y acreditados los requisitos, el Ministerio puede quitar la personería al gremio que la detentaba y otorgársela al nuevo gremio.

Esto es la ley Argentina. Si no nos gusta, cambiémosla. Mientras tanto, debemos cumplirla. Ahora bien, ese gremio con personería gremial, tampoco puede hacer cualquier cosa al respecto. Ese gremio con personería gremial, para hacer una huelga, debe respetar ciertos principios establecidos en la ley que reglamenta el instituto, informando con 24 horas de anticipación a la autoridad de aplicación la medida de fuerza a adoptar. Tampoco alcanza para aceptar la legalidad de la medida de fuerza sólo estas circunstancias: para que exista huelga, debe existir un motivo de carácter colectivo que la amerite. No se puede hacer una huelga, aún cumpliendo los requisitos anteriores, porque meten preso a un compañero, o porque despiden a un amigo. Hay otros mecanismos legales para ello. Debe existir una cuestión de índole colectivo que la avale (por ej., reclamo de salarios de la actividad). Una vez declarada la huelga siguiendo los procedimientos establecidos y a través de la institución habilitada a tal efecto (sindicato con personería gremial), los huelguistas también deben respetar las normas básicas del derecho a la protesta. El derecho a huelga es el derecho de no trabajar en protesta de un derecho colectivo afectado. Pero no ir a trabajar no implica ir al trabajo y ocupar el lugar de trabajo sin trabajar. Tampoco impedir que el compañero que quiere trabajar no trabaje. Quien cayera en semejante violación del derecho a la propiedad y a la libertad de trabajo, estaría cometiendo seguramente un ilícito. La impunidad reinante en la Argentina hace que estas cuestiones pasen casi inadvertidas y que sean temas secundarios en el análisis de cualquier conflicto. Y el sistema imperante en el mundo, indica que quien viola la ley, debe ser invitado a dejar de violarla, y si se resiste ,debe ser reprimido para evitar que siga violándola. Y una vez que cesó el acto violatorio, debe ser juzgado por tal acto. Es una facultad básica del poder de policía del Estado, que en el único país que se discute es en el nuestro.

En un minuto decimos como puede ser que estén cortando las calles, y al minuto siguiente, cuando el que las corta es invitado a salir y no sale y es sacado por la fuerza pública ejerciendo esa fuerza, se empiezan a alzar las mismas voces con tono de reproche y acusando a las fuerzas o al gobierno de represor. La represión es mala cuando es ilegal. No cuando se ejerce en su justa medida para sacar o atrapar a alguien que se resiste a cumplir la ley. Por ello, como conclusión, es imposible que este país salga adelante si en algún momento no nos comprometemos como ciudadanos a cumplir la ley. Podemos apoyar la protesta si ésta tiene nuestra aprobación porque defiende algo que entendemos injusto. Pero hasta que no condenemos unánimemente la legalidad de las medidas más allá de lo que se discute, no tenemos destino. Y la huelga sólo un ejemplo. El resto de los derechos que el pueblo puede estar reclamando en un momento determinado, pueden ser muy justos, pero si no están dentro del marco jurídico carecen de legitimidad, y deben ser condenados por todos. Y las fuerzas públicas que ejercen esa tarea, deben ser apoyadas por la población, siempre que ejerzan esa fuerza en la medida de la ley.

Nadie sostiene que se le debe pegar un tiro a alguien por cortar una calle, pero sí que hay que dejar la hipocresía de lado, y consensuar entre todos que se lo debe desalojar ejerciendo la fuerza si se resiste, porque no hay otra forma de desplazar a alguien que ocupa un lugar público y no deja trabajar al prójimo. Y el derecho a trabajar es tan o más importante que el derecho a no trabajar o a protestar.

(*) "Adrogué, Marqués, Zabala & Asociados"

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