21 de junio 2018 - 00:00

Justicia frena parquímetros porteños

Un fallo traba licitación y suspende la extensión de estacionamiento medido que la ley cuestionada llevaba a todos los barrios.

Una decisión judicial complica al Gobierno porteño no solo porque por el momento no podrá extender el estacionamiento medido a los barrios de la Ciudad, ni tampoco renovar el servicio de grúas, sino que le crearía la obligación de hacerse cargo.

Es que la Justicia considera inconstitucional artículos de la ley que disponía licitar nuevamente el Sistema de Estacionamiento Regulado, que incluye el servicio de acarreo y dispuso un plazo para el nuevo contrato, que de no cumplirse, el Gobierno porteño debería llevar adelante una estatización del sistema.

La medida judicial responde a un amparo que cuestionó la Ley 5728 que, entre otros puntos, aprobaba el llamado a licitación por diez años del Sistema de Estacionamiento Regulado que en la actualidad funcionaba desde 2001 con prórrogas en la concesión. Además, la norma establece dividir la totalidad de la Ciudad en cinco zonas para otorgar a cinco empresas distintas las concesiones.

Para la Justicia, en sintonía con la Constitución porteña, la ley debió aprobarse con mayoría de dos tercios (40 votos) por tratarse de un contrato por más de cinco años y también debía pasar por audiencia pública como ocurre con las normas que requieren mayoría especial.

En los fundamentos del fallo se señaló que "estas leyes toda vez que disponen sobre bienes inmuebles de la Ciudad, a la vez que establecen concesiones y constituyen derechos sobre el dominio público de la Ciudad, por un plazo que supera los cinco años, debieron haber contado, para su sanción, con la mayoría agravada consagrada en el artículo 82, inciso 5° de la CCABA (40 votos)".

De acuerdo con la norma, en una cláusula transitoria se impuso que "el Poder Ejecutivo deberá proceder a brindar el servicio público por sí, garantizando al personal de las actuales concesionarias del servicio estabilidad laboral", si en 18 meses no renovaba las concesiones, plazo que terminó hace unos diez días.

La ley en cuestión se sancionó en diciembre de 2016 con 33 votos (del PRO y la Coalición Cívica). El martes, el juez Francisco Ferrer hizo lugar al amparo que encabezó el abogado Gustavo Desplats y declaró inconstitucional artículos de la norma y con esa resolución el Gobierno porteño no podría adjudicar la licitación, aunque apelará, claro, el fallo.

Actualmente el contrato de concesión de acarreo de vehículos y estacionamiento medido sigue a cargo de las empresas STO (Dakota S.A) y SEC (BRD S.A.C.I.F.I) que se dividen en dos zonas de la Ciudad.

La extensión de los parquímetros a los barrios abarca a casi todas las comunas porteñas, lo que significa que los espacios pagos para estacionar aumentarían de 4 mil a 85 mil, abarcando el 23% de los lugares con posibilidades de estacionar en la Ciudad de Buenos Aires, lo cual en cuadras significaría más de la mitad de las existentes en el territorio porteño.

Mientras, según detalla la ONG Observatorio del Derecho, las empresas pagan un canon de $55 mil cada una y efectúan entre 10 mil y 14 mil acarreos mensuales por empresa, lo cual significa que recaudan "entre $7,5 millones y $10,5 millones.

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