miércoles 19.9.2018
Política
Por María Sacnun - senadora por Santa Fe (FpV)
martes 10 de Julio de 2018

Una demanda política de justicia social que no debe soslayarse

María de los Ángeles Sacnun.

María de los Ángeles Sacnun.

Por María de los Ángeles Sacnun, Senadora por Santa Fe (FpV).-

En medio de un contexto político y económico de retroceso en cuanto a los derechos sociales, políticos y económicos surge el Movimiento Ni Una Menos como emergente de las luchas de miles de mujeres que se visibilizaron en las marchas multitudinarias de la que nuestro país fue protagonista.


En la actualidad asistimos a la pérdida y flexibilización del empleo, al recorte a los derechos de la seguridad social de millones de jubilados y jubiladas, al desfinanciamiento y subejecución de los programas y partidas destinadas a Educación Sexual y a distribución de anticonceptivos.

A través del Decreto 114/2016 se afectó un Programa a la vanguardia en materia de derechos, el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.

Este Programa para mejorar la estructura de oportunidades en el acceso a una atención integral tendiente a prevenir embarazos no deseados, promover la salud sexual de las y los adolescentes, contribuir a la detección precoz de enfermedades de trasmisión sexual, VIH/sida y garantizar a la población el acceso a la información, métodos y prestaciones de servicios.

El desfinanciamiento del Programa de Salud Sexual Integral tuvo una caída fuerte en 2016 profundizada en 2017 y se han afectado programas como el Remediar, el Nacer, el Sumar, el Cunita, entre otros.

El modelo económico profundiza las desigualdades estructurales que persisten entre hombres y mujeres en materia laboral, política, social y económica.

Sin embargo, en este contexto adverso y de profunda regresión en cuanto a la distribución del ingreso, surge un nuevo sujeto político que emerge con contundencia planteando reivindicaciones que cuestionan el patriarcado como forma de organización social injusta y sus implicancias en la esfera pública y privada.

El sistema penal expresa las relaciones de poder que el patriarcado afianzó como modo de dominación sobre nuestro primer territorio soberano, nuestro cuerpo, el cuerpo de las mujeres.

El único delito de género tipificado en el Código Penal -antes de la incorporación del femicidio- era el aborto, y condena a las mujeres.

Estoy convencida que el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo no es un debate binario, no es un debate entre abortistas y antiabortistas. De ninguna manera se promueve el aborto.

Según el informe de Amnistía Internacional Argentina de 2017, en la Argentina se practican 450.000 abortos al año y el Ministerio de Salud de la Nación señala que es la primera causa de mortalidad de mujeres gestantes, según datos oficiales publicados en 2016.

Las políticas públicas deben estar dirigidas en primera instancia a la Educación sexual para decidir y al acceso a los anticonceptivos para no abortar.

El proyecto no obliga a ninguna mujer a realizar una práctica reñida con sus convicciones morales o religiosas, simplemente protege la vida de aquellas que tomen esta decisión y condena a quien lo realice sin consentimiento de la mujer.

Esta problemática debe ser abordada en términos de política sanitaria ya que es una demanda política de estricta justicia social que no debe soslayarse.

Desde 1921 el aborto es legal para ciertos casos en nuestro país. Sin embargo es un derecho que fue sistemáticamente vulnerado.

Ocurrió con Ana María Acevedo, santafesina, cuya vida corría peligro por un cáncer que le habían diagnosticado. Tenía 19 años y dos hijos. Se la condenó a seguir adelante con su embarazo y murió víctima de un sistema injusto que le negó hacer efectivo su derecho a la salud.

El fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia de la Nación llevó claridad en cuanto a la interpretación de la ley, de nuestra Constitución Nacional y de los Tratados Internacionales incorporados con rango constitucional.

El derecho a la vida; el derecho a la salud, a la integridad física, psíquica y moral; el derecho a ser libres de tratos crueles, inhumanos y degradantes; el derecho a la autonomía, a la intimidad y dignidad son derechos que las mujeres reclamamos se hagan efectivos. Por ello es necesario garantizar el aborto legal, seguro y gratuito. Que sea Ley.

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