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El derecho a la educación sexual integral, a la salud sexual y reproductiva, y a las políticas de prevención, asistencia y acompañamiento hacia la mujer desde las edades más tempranas posibles son cuestiones prioritarias, especialmente para quienes representamos a las provincias con menores recursos, y por eso son reafirmadas en el proyecto que debatimos. Una publicación del Ministerio de Salud sobre "Niñas y adolescentes menores de 15 años embarazadas" relata que en el año 2015 hubo 2.787 nacimientos de madres menores de 15 años, "lo que merece una preocupación especial no sólo por el riesgo que representa a su salud física y emocional el embarazo a esa edad, sino porque a menor edad de la adolescente, mayor es la probabilidad de que el embarazo sea producto de abuso sexual, relaciones forzadas, o explotación sexual". Nuevamente Chaco presentaba en 2015 la tasa de fecundidad temprana más alta del país, más del triple de la media nacional.
Existe, además, una gran desigualdad hacia las mujeres en el tratamiento de este proyecto. Resulta una injusticia que para acceder al derecho a ser madre se utilicen criterios y argumentos totalmente contrarios a los que se utilizan para defender el derecho a no ser madre, o se relativicen los mismos.
Para acceder a la maternidad no hubo casi resistencias para aprobar una ley de fertilización asistida que posibilitara constituir una familia (tuve el honor de ser diputada en junio de 2013 y estar entre los 204 diputados/as que la aprobamos -sólo 1 se opuso-); no hubo allí inconvenientes en reconocer que el embrión tiene un status legal diferente al de la persona que desea ser madre, incluso por diputadas y diputados que hoy se oponen a este proyecto de IVE; tampoco hubo problemas en sostener que el sistema de salud debía hacerse cargo de pagar hasta tres tratamientos de reproducción de alta complejidad para quienes no podían acceder a los mismos, reconociendo la inequidad en el acceso a esas prácticas médicas. Pero pareciera que la decisión orientada a impedir que continúe un ciclo reproductivo en sus primeras etapas, encuentra todas las resistencias legislativas, constitucionales, convencionales y económicas posibles, condenando a la mujer a una maternidad forzada, no deseada, no querida.
En definitiva, el proyecto que debatimos pretende sentar las bases de un Estado que entienda, acompañe, y se haga cargo de la demanda de las mujeres por ejercer sus derechos. Históricamente las mujeres luchan por el reconocimiento de su facultad de decidir, por ocupar espacios de poder al igual que los varones, por su libertad para con sus cuerpos, entre otras cuestiones. Y cada vez más las mujeres se organizan en la búsqueda de reconocimiento de sus derechos ciudadanos. Este proyecto es parte de esa lucha que busca una mayor justicia social. Porque entendemos que no hay justicia sin equidad, y que no hay equidad si no cuidamos, acompañamos y reconocemos las problemáticas y los reclamos de las mujeres como parte legítima y sustantiva del pueblo que representamos.
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