7 de agosto 2018 - 21:20

El aborto esconde una enorme situación de desigualdad socioeconómica

Marin Pilatti Vergara
Marin Pilatti Vergara
Por Marin Pilatti Vergara - Senadora FpV Chaco

Durante estos días de exposiciones y de debates en el Senado de la Nación sobre el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) pudimos escuchar respetuosamente todas las posturas, desde diferentes perspectivas, aprendimos, nos sensibilizamos y también adquirimos algunas certezas.

El aborto es una realidad que no podemos desconocer y esconde una enorme situación de desigualdad socioeconómica en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, que impacta a modo de desigualdad geográfica en nuestro país.

El deseo y/o la necesidad de interrumpir el embarazo existió, existe y va a seguir existiendo, pero quienes se ven afectadas son las mujeres que no pueden acceder a un asesoramiento, tratamiento o prácticas serias y seguras por carecer de recursos suficientes y que históricamente tuvieron dificultades para acceder a la información por parte de sus familias, a métodos anticonceptivos y a espacios de conserjería sobre salud sexual y reproductiva.

Los datos del Ministerio de Salud de la Nación reflejan que Chaco, junto a Salta y Jujuy, presentan las tasas de mortalidad materna más altas del país, duplicando o casi la tasa nacional, y que Chaco, asimismo, presenta la tasa más alta de egreso hospitalario por aborto tanto en la franja de niñas de 10 a 14 como en las adolescentes de 15 a 19 años y la tasa más alta de mortalidad adolescente femenina. El aborto inseguro explica una quinta parte de las muertes maternas a nivel nacional, pero además deja secuelas graves de salud que, incluso, impiden ser madre cuando en un futuro se desea serlo o están dadas las condiciones, comprometiendo seriamente su salud y su bienestar.

El derecho a la educación sexual integral, a la salud sexual y reproductiva, y a las políticas de prevención, asistencia y acompañamiento hacia la mujer desde las edades más tempranas posibles son cuestiones prioritarias, especialmente para quienes representamos a las provincias con menores recursos, y por eso son reafirmadas en el proyecto que debatimos. Una publicación del Ministerio de Salud sobre "Niñas y adolescentes menores de 15 años embarazadas" relata que en el año 2015 hubo 2.787 nacimientos de madres menores de 15 años, "lo que merece una preocupación especial no sólo por el riesgo que representa a su salud física y emocional el embarazo a esa edad, sino porque a menor edad de la adolescente, mayor es la probabilidad de que el embarazo sea producto de abuso sexual, relaciones forzadas, o explotación sexual". Nuevamente Chaco presentaba en 2015 la tasa de fecundidad temprana más alta del país, más del triple de la media nacional.

Existe, además, una gran desigualdad hacia las mujeres en el tratamiento de este proyecto. Resulta una injusticia que para acceder al derecho a ser madre se utilicen criterios y argumentos totalmente contrarios a los que se utilizan para defender el derecho a no ser madre, o se relativicen los mismos.

Para acceder a la maternidad no hubo casi resistencias para aprobar una ley de fertilización asistida que posibilitara constituir una familia (tuve el honor de ser diputada en junio de 2013 y estar entre los 204 diputados/as que la aprobamos -sólo 1 se opuso-); no hubo allí inconvenientes en reconocer que el embrión tiene un status legal diferente al de la persona que desea ser madre, incluso por diputadas y diputados que hoy se oponen a este proyecto de IVE; tampoco hubo problemas en sostener que el sistema de salud debía hacerse cargo de pagar hasta tres tratamientos de reproducción de alta complejidad para quienes no podían acceder a los mismos, reconociendo la inequidad en el acceso a esas prácticas médicas. Pero pareciera que la decisión orientada a impedir que continúe un ciclo reproductivo en sus primeras etapas, encuentra todas las resistencias legislativas, constitucionales, convencionales y económicas posibles, condenando a la mujer a una maternidad forzada, no deseada, no querida.

En definitiva, el proyecto que debatimos pretende sentar las bases de un Estado que entienda, acompañe, y se haga cargo de la demanda de las mujeres por ejercer sus derechos. Históricamente las mujeres luchan por el reconocimiento de su facultad de decidir, por ocupar espacios de poder al igual que los varones, por su libertad para con sus cuerpos, entre otras cuestiones. Y cada vez más las mujeres se organizan en la búsqueda de reconocimiento de sus derechos ciudadanos. Este proyecto es parte de esa lucha que busca una mayor justicia social. Porque entendemos que no hay justicia sin equidad, y que no hay equidad si no cuidamos, acompañamos y reconocemos las problemáticas y los reclamos de las mujeres como parte legítima y sustantiva del pueblo que representamos.

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