18 de septiembre 2018 - 00:11

Arrepentidos, llave de Bonadio para procesamientos masivos

• CRISTINA DE KIRCHNER, "JEFA" DE ASOCIACIÓN ILÍCITA; SI CÁMARA CONFIRMA, JUEZ INSISTIRÁ CON DESAFUERO
Decisión incluyó a 42 acusados. Todo Planificación y empresarios (Calcaterra, Betnaza, Roggio y Ferreyra, entre otros). Calculó coimas por u$s55 M, pero no hay ruta del dinero. Wagner, Clarens, López y Uberti sostienen el caso.

Cristina de Kirchner.
Cristina de Kirchner.
El dicho afirma que el Diablo se esconde en los detalles. Y el procesamiento dictado ayer por el juez Claudio Bonadio en el marco de la investigación por el mecanismo de sobornos con la obra pública instaurado durante el kirchnerismo deja muchos interrogantes a futuro sobre la solidez con la que la causa podrá enfrentar un juicio oral, rumbo al que puso proa desde ayer. En lo conceptual, la acusación a Cristina de Kirchner como jefa de una asociación ilícita no mutó desde el 1 de agosto, cuando estalló el escándalo, pero para esta instancia fue sazonado con los relatos de varios imputados colaboradores que validaron (y expandieron) los indicios relatados en los cuadernos del exchofer de Planificación Federal, Oscar Centeno.

Dato distintivo: es la primera vez que una extensa nómina de empresarios son procesados por delitos de corrupción y que dos exfuncionarios y allegados al matrimonio Kirchner dieron cuenta de delitos ocurridos durante el Gobierno que integraron.

Dato soslayado (incluso por el juez): las impredecibles consecuencias económicas para las empresas que deberían ocurrir a partir de ahora y que incluyen decomisos, embargos, caídas de contratos y penalizaciones por los aproximados u$s55.460.000 que habrían pagado los ejecutivos como coimas a cambio de favorecerse con licitaciones.

Otra jugada del juez fue comprometer a la Cámara Federal con una segura confirmación de los procesamientos antes de disparar al Senado un nuevo pedido de desafuero para la expresidenta, al dictarle la prisión preventiva por 22 hechos de dádivas y 5 de cohecho pasivo. Para Bonadio, por su cargo y por tratarse de una "organización delictiva enquistada en el mismo seno del Estado" no es posible sostener "la ajenidad a la asociación", aunque aclaró que no se corroboró entregas de dinero directas a su persona, algo que para el juez tampoco la desvincula de los hechos. En sí, los testimonios de Carlos Wagner (por la Cámara Argentina de la Construcción) y los exfuncionarios José López y Claudio Uberti sumado al del financista K Ernesto Clarens hilvanan el hilo conductor de confirmaciones que el juez utilizó para validar los cuadernos, validados a su vez por su presunto autor. Riesgo: muchas de las afirmaciones de los arrepentidos que contiene el fallo (salvo Wagner que fue explosivo para los empresarios y Clarens sobre el circuito de dinero) no son por vía directa del conocimiento de los hechos y más allá del esfuerzo argumentativo se basan en convicciones o creencias de los declarantes. La ley del arrepentido es taxativa en cuanto a que los testimonios deben ser corroborados por vía independiente para considerarlos válidos para un juicio. Sólo para algunos casos, el juez cruzó información de los movimientos en las licitaciones o adelantos de obra que le permitieron inferir que eran en fechas cercanas a los desembolsos de dinero descriptos en la bitácora del chofer.

Tampoco hay a esta altura confirmación del recorrido del dinero aplicado a los sobornos más allá de las declaraciones: no se analizó la contabilidad de las empresas para verificar cómo se extrajo el dinero utilizado para sobornos ni tampoco el destino. Las hipótesis sobre el patrimonio del fallecido exsecretario Daniel Muñoz aparecen esbozadas en las 522 carillas. Totalizaron 42 procesamientos, que incluyen a la totalidad de los exfuncionarios de Planificación con Julio De Vido a la cabeza y a los empresarios que van desde Luis Betnaza (Techint) a Angelo Calcaterra (primo presidencial y extitular de IECSA), pasando por Gerardo Ferreyra (Electroingeniería), Enrique Pescarmona y Aldo Benito Roggio o Hugo Eurnekian, Gabriel Romero o Néstor Otero; 6 faltas de mérito -que curiosamente incluyen a Javier Sánchez Caballero, Héctor Zabaleta, Jorge Neira y Francisco Valenti- cuatro de los primeros detenidos que aparecían reiteradamente en los escritos de Centeno pagando sobornos por IECSA, Techint, Electroingeniería y Pescarmona.

Se instaura así una supuesta "obediencia debida" de los ejecutivos cometiendo delitos asumidos por sus superiores. Bonadio los fustigó en un pasaje calificándolos de "cobardes" a los empresarios que con un "discurso acomodaticio" se dijeron víctimas de presiones del kirchnerismo para pagar a cambio de poder mantener empresas y puestos de trabajo. Lo contradictorio es que toda la primera tanda de arrepentidos que él mismo validó puso de excusa el inverosímil motivo de una extorsión para aportar fondos para la campaña electoral. El exjuez Norberto Oyarbide fue también procesado lo mismo que el auditor general de la Nación y exoperador judicial Javier Fernández. Este último podría tener que abandonar la AGN en atención a la doctrina Echegaray.

Se dejó abierta la puerta para profundizar la pesquisa porque quedaron salpicadas decenas de empresas que fueron mencionadas como parte de la cartelización desde 2003 o referidas por arrepentidos como trasladando dinero para sobornos que no están siquiera esbozados en los procesamientos que dispuso embargos de $4 mil millones de manera indistinta tanto al exchofer como a cualquiera de los hombres de negocios o funcionarios. El juez dejó pendiente de un hilo la amenaza de prisión para empresarios que no pisaron la cárcel todavía como Roggio, Calcaterra, Betnaza o Juan Chediack atento a sus incidentes de excarcelación.

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