Implica tipificaciones penales más graves

Aportes truchos: investigación continuará en Comodoro Py

POLÍTICA | 
La investigación sobre los presuntos aportantes falsos a la última campaña electoral de Cambiemos en Provincia continuará en los Tribunales de Comodoro Py. El juez federal Sebastián Casanello rechazó entregar la causa a su par de La Plata Adolfo Ziulu, quien investiga posibles delitos electorales y reclamaba acumular todas las causas en su Juzgado. De esta manera, la investigación continuará su curso bajo el fuero federal lo que implica otras tipificaciones penales más graves. Específicamente, Casanello está a cargo de una denuncia por supuestos delitos de asociación ilícita, lavado de activos, falsedad ideológica a partir de la presentación de la organización La Alameda. La denuncia de la ONG dio cuenta de afiliaciones masivas forzadas al PRO así como aportes de campaña falsos, armados con listados de beneficiarios de planes sociales.En su resolución, Casanello recordó que cuenta con aproximadamente medio centenar de declaraciones testimoniales, un informe pericial caligráfico, distintos informes oficiales y otros en curso, por la cual seguirá al frente del caso. El juez federal Sebastián Casanello."Los actos de instrucción realizados hasta el momento han tenido por norte corroborar las falsedades y establecer el origen de las filtraciones sobre la base de que las personas, cuya identidad fue utilizada, integran bases de datos de organismos federales con sede en esta Ciudad -ANSeS, INAES, Ministerio de Desarrollo Social-. En esta última circunstancia reposa hoy la competencia de este Juzgado", explicó el magistrado federal.La hipótesis de Casanello es que los listados de aportantes a la campaña de Esteban Bullrich y Graciela Ocaña en Buenos Aires fueron confeccionados con los nombres de beneficiarios de planes sociales para blanquear dinero que habían aportado en realidad personas que no querían figurar o bien empresas, lo que está vedado por la ley electoral.También existe una denuncia que apunta al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con Horacio Rodríguez Larreta por hechos similares de financiamiento de campaña. Apuntan no sólo a falsos aportantes, sino a empleados públicos con aportes directos tras incrementos salariales y, lo que es más grave, a pagos de contratistas de obra pública. Para Stornelli esa cuestión no tiene relación con el expediente principal por lo que la envió a sorteo: está en manos de Marcelo Martínez de Giorgi que debe definir si la acepta o se la devuelve a Casanello. La decisión puede quedar en manos de la Cámara Federal.En las últimas semanas, Casanello le tomó declaración testimonial a unas 40 personas que ratificaron las denuncias de las víctimas: esto es quienes figuran aportando dinero y dijeron desconocer haber hecho esos aportes.Vale recordar que el juez Ziulu declaró la competencia de su fuero electoral por entender en todas las causas relacionadas con el control del cumplimiento de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos y, en función de ello, le pidió a Casanello que se desprendiera de su causa.