19 de marzo 2012 - 00:00

Alivio judicial: Magistratura desestima 37 pedidos de juicio

Ricardo Recondo, Mario Fera
Ricardo Recondo, Mario Fera
El Consejo de la Magistratura desestimó 37 pedidos de juicio político contra jueces de todo el país. Algunos de los planteos rechazados de manera definitiva incluían acusaciones por presunto mal desempeño contra la Sala II de la Cámara de Casación y la sala A de la Cámara Civil y estaban pendientes de resolución desde fines del año pasado.

Del total de planteos rechazados, ocho fueron declarados abstractos. En este grupo figuraron, por ejemplo, las denuncias contra el exintegrante de la Cámara Nacional de Casación Gustavo Mitchell -quien renunció a su cargo en octubre del año pasado y está vinculado en una causa penal por presunto tráfico de influencias para beneficiar a los imputados por el asesinato del activista del Partido Obrero Mariano Ferreyra- y contra el juez destituido Otilio Roque Romano. Este último tenía dos denuncias pendientes en su contra presentadas por el procurador general de la Nación, Esteban Righi, que fueron declaradas abstractas ya que el expresidente de la Cámara Federal de Mendoza fue removido de su cargo por jury de enjuiciamiento, acusado de supuesta complicidad en delitos de lesa humanidad cometidos durante el último Gobierno militar.

Las denuncias impulsadas por Righi también incluían a los otros dos integrantes de la Cámara Federal de Mendoza, Alfredo López Cuitiño y Julio Demetrio Petra Fernández. Este último, sin embargo, no se liberó de una investigación en el Consejo de la Magistratura, ya que fue citado la semana anterior por la Comisión de Disciplina y Acusación para que realice su descargo respecto de su decisión de apartar al juez federal Walter Bento de la pesquisa en la que se investigaba a su entonces compañero de cámara Romano.

Las 37 denuncias desestimadas por el plenario del organismo que selecciona, disciplina y administra el Poder Judicial son sólo el principio de lo que se espera para el resto de 2012. Todos los años se desestima en el consejo una extensa lista de denuncias contra jueces de todo el país que incluye una amplia variedad de planteos: desde acusaciones serias y con fundamentos, hasta escritos presentados por los denominados «denunciólogos» sin fundamento o utilizados como una forma de presión indirecta a los magistrados, según han señalado históricamente las asociaciones que agrupan a los jueces.

Limitación

Esta última tendencia se ha profundizado tanto en los últimos años que a fines de 2011, la Comisión de Disciplina y Acusación analizó un proyecto presentado por el consejero juez Mario Fera que busca limitar la presentación de estos escritos. La propuesta del actual vicepresidente del consejo no fue aprobada aún y presenta varios puntos de debate para los integrantes del cuerpo, como la intención de declarar la «temeridad» o «malicia» de denuncias infundadas.

El proyecto de reforma de Fera también incluye la exigencia de que estos escritos tengan patrocinio letrado y que se pague una tasa para presentarlos, aspectos que también fueron cuestionados en relación con quiénes van a estar en condiciones de denunciar a un magistrado por presunto mal desempeño. Más allá de estos puntos, la propuesta no fue desestimada por completo, por lo que podría volver a tratarse con modificaciones.

El otro planteo que circuló estas semanas respecto de las acusaciones por mal desempeño fue el de otro juez consejero, Ricardo Recondo, quien propuso que los expedientes que habían superado los tres años de investigación -plazo que establece la ley del consejo para el trámite de denuncias- fuesen archivados. Esta sugerencia del camarista, sin embargo, no tuvo buena recepción: sólo sus compañeros jueces la avalaron y fue rechazada sin mayor discusión.

Actualmente, hay por lo menos seis procesos sin resolución que ya han superado los tres años de investigación. Uno de ellos es el de la jueza que investigó el asesinato de Walter Bulacio, Alicia Iermini. La magistrada fue acusada por presunto mal desempeño debido a los retrasos en la tramitación de la causa, y los integrantes del consejo no logran ponerse de acuerdo respecto de esta denuncia. De hecho, la semana pasada se postergó nuevamente una decisión sobre el expediente.

La denuncia contra Iermini fue presentada por el entonces jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y tiene tres dictámenes: uno impulsado por los consejeros oficialistas Hernán Ordiales, Marcelo Fuentes y Manuel Urriza, que se inclina por el juicio político; otro presentado por el senador radical Mario Cimadevilla, que propone desestimar la acusación, y el tercero, que sugiere una sanción disciplinaria, suscripto por el abogado Alejandro Fargosi.

Más allá de la postergación del caso Iermini, el plenario del consejo desestimó expedientes contra la Sala II de la Cámara Nacional de Casación, la sala A de la Cámara Civil, los integrantes del Tribunal Oral Criminal N° 16, el juez penal Axel López, el titular del juzgado electoral bonaerense, Manuel Blanco, y el magistrado civil Juan Pablo Rodríguez.

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