Tras un año de discusión la Asamblea Nacional Popular (ANP) aprobó la nueva legislación al término de su sesión bimensual en Pekín y anunció que entrará en vigor el 1 de enero de 2017. La norma, duramente criticada por Estados Unidos y la Unión Europea, dificulta el trabajo de estas organizaciones y estrecha el control sobre sus actividades, sus miembros y su financiamiento.
Con un texto muy ambiguo, la legislación afecta a "organizaciones sociales no gubernamentales sin fines de lucro, como fundaciones, grupos sociales o think-tanks", pero no a "colegios, hospitales o instituciones académicas o de investigación en ciencias naturales, ingeniería y tecnología; y otras entidades", que han sido excluidas del texto final pero sí aparecían en versiones anteriores.
Los grupos afectados pasan a ser gestionados por la policía, que deberá aprobar su trabajo y, en cualquier momento, podrá cancelar la actividad que estén llevando a cabo o interrogar al responsable de la organización en China si considera que se está poniendo en peligro la seguridad del Estado.
Agencia EFE |
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