5 de agosto 2016 - 00:08

Tecno-voto: el PRO reconoce riesgo de uso “pleno” en 2017

Macri pidió que se instrumente en 2017 pero por experiencias, objeciones y trámite legislativo, ese objetivo se vuelve difícil.

Rogelio Frigerio
Rogelio Frigerio
 La promesa campañista de Mauricio Macri de desparramar, a lo largo y ancho del país, el tecno-voto en la elección 2017 entró en zona de brumas. El primer round en el Congreso mostró resistencias y terminó de blanquear una postura oficial que estaba latente: sería riesgoso jugar, a todo o nada, para apurar el uso pleno del voto electrónico a nivel nacional.

Rogelio Frigerio, Andrés Ibarra y Adrián Pérez aterrizaron ayer en Diputados para defender el proyecto PRO y se toparon con un puñado de quejas. El oficialismo desliza, de arranque, que aceptarán correcciones y tachas -podría ocurrir con la limitación al "voto silvestre" en las PASO- pero, ante todo, empezó a bajar la espuma al deadline impuesto por el presidente de que, si o si, el tecno-voto debería aplicarse el año que viene en las casi 100 mil mesas de votación del país.

Al menú de observaciones que alumbró la exposición del trio macrista (ver nota aparte) hay que agregarle un alerta que surge, en simultáneo, desde la Justicia y la política, y encuentra respaldo en el propio Gobierno. El cambio cultural que implica pasar de la boleta papel al voto electrónico es complejo y en los lugares donde se usó, en general se hizo de manera escalonada.

En Salta, se hizo en tres tandas: arrancó en 2011 se amplió en 2013 y se completó en 2015. Fue, así y todo, "muy caro" según el análisis que hacen en el gobierno para refutar los cálculos del costo final del tecno-voto. En Brasil arrancó en 1996 con un tercio del electorado y se alcanzó la cobertura total en 2002, 5 años y 3 elecciones más tarde. En Capital se aplicó de un tirón pero se evitó la primaria que, por la cantidad de ofertas electorales, volvía más complejo el proceso. La ciudad tiene, además, otras ventajas: la cobertura plena de red y un territorio acotado.

El proyecto oficial deja, sutilmente, abierta esa opción en las cláusulas transitorias, los artículos 94 y 95, donde establece que en "aquellos distritos en los que por razones justificadas no pudiera implementarse el sistema de emisión de sufragio con boleta electrónica se votará con boletas partidarias en papel".

De mínima, el proyecto M contempla que el tecno-voto, legalmente llamado Boleta Unica Electrónica (BUE), no se llegue a instrumentar a nivel nacional para las primarias del 14 de agosto de 2017 aunque, como ocurrió en Capital, si pueda usarse en la general. "El pedido de Macri es que esté en 2017" dicen en Interior. En otros despachos ponen el foto en los tiempos legislativos: "Si la ley no sale en como mucho, 40 días, va a ser muy difícil llegar" aporta un PRO.

Lo demás está sobre los hombres de Ibarra, ministro de Modernización, que sería el encargado de instrumentar el proceso de licitación y diseño del sistema de voto electrónico que ayer defendió la posición de hacer licitaciones separadas para cada rubro. En la instrumentación contrareloj, eso la vuelve más engorrosa.

En ese paquete entrará otro asunto urticante. Según un informe que confeccionó Jorge Landau, apoderado del PJ, y que le presentó a los diputados, el cálculo del costo de la elección electrónica sería varias veces mayor al de la boleta papel. Landau estima, sobre los $ 71 millones que costó la elección salteña, a nivel país rondaría $4.500 millones mientras que las elecciones de 2015, con doble vuelta, costaron en impresión de boletas múltiples de papel $398 millones. Ibarra ayer no dio números pero en Gobierno dicen que el costo final será sensiblemente menor.

El menú de resistencias irá in crescendo. El Bloque Justicialista (BJ) que preside Oscar Romero y que tiene a Juan Manuel Urtubey como uno de los goberandores emblema, respalda el sistema pero plantea fijar, por ley, la inscrumentación escalonada. Lo mismo dice el FpV. El radicalismo planteó, en su momento, vía José Corral un puñado de objeciones. Carla Carrizo es quien empuja, ahora, la postura de la UCR en la Cámara.

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