El debate por el nuevo Código Civil y Comercial unificado no comenzó aún, pero sí las quejas de la oposición por las diferencias entre la redacción del borrador que elaboró la comisión integrada por Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Aída Kemelmajer de Carlucci y el proyecto que finalmente Cristina de Kirchner giró al Congreso.

Una de las primeras quejas apareció cuando diputados y senadores leyeron el proyecto de elevación, que llegó acompañado del anexo donde se detalla en nuevo Código artículo por artículo. Ese proyecto establece, entre otros puntos, la creación de una comisión bicameral integrada por 12 miembros (seis senadores y seis diputados) designados en proporción al número de cada partido.

Hasta allí ninguna novedad. Pero en el artículo 1 el Poder Ejecutivo ya le pone limitaciones al Congreso para el tratamiento. Allí dice: «Apruébase el Código Civil y Comercial de la Nación que como Anexo 1 integra la presente ley».

Cuando la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado se reúna para debatir la creación de esa bicameral, también deberá decidir si acepta votar el Anexo 1, es decir todo el Código, sin introducir modificaciones, casi a libro cerrado, o plantea un reglamento propio, en uso de las facultades que tiene el Congreso para organizar ese debate.

Hay otro punto más inquietante aún en ese proyecto de elevación de la reforma. En el artículo 10, el Poder Ejecutivo le impone al Congreso un plazo de tres meses para emitir el dictamen del nuevo Código, una orden que los diputados y senadores pueden aceptar o no.

Hay otro punto que avanza aún más sobre la potestad del Congreso: en el artículo 11 ese proyecto dice: «Transcurrido el plazo establecido en el artículo anterior, el proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación quedará en situación de ser tratado en el plenario, aun sin despacho de la comisión».

Es decir que el límite para terminar el debate y bajarlo al recinto no parece ponerlo el propio Congreso, sino el Poder Ejecutivo, toda una novedad en técnica parlamentaria.

La Comisión de Asuntos Constitucionales tenía previsto reunirse esta semana, pero casi con seguridad lo hará dentro de 10 días.

En ese momento, los legisladores deberán decidir también si desdoblan el proyecto y abren el debate del Anexo y se deciden a introducir alguna modificación o lo votan a libro cerrado, como sucedió con el Código Civil original.

Dentro de esa reforma hay algunos cambios que comenzaron ya a generar preguntas entre senadores y diputados de la oposición.

Por ejemplo, hay cambios en la figura del anatosismo, la capitalización de intereses sobre intereses. Si bien no se habilita la figura como regla general, sí se la permite en el caso de que «una cláusula expresa autorice la acumulación de los intereses al capital con una periodicidad no inferior a SEIS (6) meses». Aquí puntualmente se introduce un plazo cuando hasta ahora no lo había.

Aunque el Gobierno decidió no involucrarse en una definición sobre el aborto en el proyecto del nuevo Código Penal que lidera Eugenio Zaffaroni, en la reforma al Código Civil se da alguna pauta. Allí se habla del comienzo de la existencia de la persona en la concepción y si se trata de fertilización asistida en el instante de la aparición del embrión. Ese límite ya marca una imposibilidad en definir alguna técnica de interrupción de la gestación sin que esto implique terminar con una persona.