Santa Cruz - En medio de un clima de tensión por un motín policial que ayer cumplió 11 días, el gobernador justicialista Daniel Peralta decretó el otorgamiento a la fuerza por única vez de una suma fija de $ 800 no remunerativos a liquidarse entre este mes y diciembre, y un aumento del Valor Punto a partir de enero de 2013.

La modalidad del decreto fue anticipada por el propio mandatario el pasado domingo, ante el avance nulo que al menos hasta anoche registraban las negociaciones con los uniformados rebeldes.

Rechazo

Los efectivos, sin embargo, tempranamente se apresuraron a enfatizar su rechazo a un incremento vía decreto, y ratificaron las medidas de fuerza. Anoche, en tanto, protagonizaron una nueva movilización por calles céntricas de Río Gallegos.

Según el decreto 1401, rubricado ayer por Peralta -junto a los ministros Paola Knoop (Gobierno) y Ariel Ivovich (Economía)-, se fija a partir del 1 de enero de 2013 el «valor punto» en $ 18,60, importe que «será incrementado en forma consecutiva para los sucesivos meses y hasta junio de 2013», según una escala que va hasta los $ 21,10.

Además se crea una Comisión de Evaluación del Escalafón del Personal de Seguridad y se faculta al jefe de Policía para que pueda readecuar los valores del servicio de policía adicional.

Este escenario se da en medio de la creciente preocupación de la población por la medida de fuerza que jaquea la seguridad en toda la provincia.

Por la protesta, las comisarías se encuentran con guardias mínimas, mientras que los díscolos no patrullan calles ni custodian edificios públicos, y sólo actúan en caso de emergencia.

Los vecinos denuncian un incremento de los hechos delictivos en distintos puntos de Santa Cruz por la seguridad menguada, aunque esa evolución negativa no fue reconocida de ma-nera oficial por el Gobierno de Peralta.

Por caso, en Caleta Olivia -donde, en rigor, se inició la protesta policial- se registró el sugestivo robo en la madrugada del domingo de 21 motos de un corralón. En paralelo, el malestar está dado además por la necesidad de efectivos para custodiar terrenos que sufren fenómenos de intrusiones.