El Gobierno dio otro paso ayer en su proyecto de capturar el control total de los fondos que se recaudan con destino a las obras sociales sindicales. Disolvió la estructura de la APE (Administración de Programas Especiales) que repartía un tramo de esa recaudación entre las organizaciones con destino al paso de tratamientos médicos caros o infrecuentes. Históricamente, ese fondo se lo repartían las obras sociales en negociaciones observadas, porque funcionarían como una caja para solventar otros gastos. Ya habían perdido los caciques sindicales ese manejo y lo hacían funcionarios de la Superintendencia de Salud. Ahora desaparece la estructura, algo que significa un golpe severo al rol que cumplían las organizaciones dentro de un esquema oficial en el que dominó -como en otros- el moyanismo hasta hace algunos meses. Esos dineros significan unos $ 1.200 millones al año, y los gremios reclamarán que se lo den en tiempo, no como los $ 16 mil millones que dicen les retienen de otro fondo «solidario» que ha «pisado» el Gobierno. (Ver pág. 2.)