El juez federal Claudio Bonadío ordenó ayer una última pericia antes de definir sobre la situación procesal de los imputados en la causa que investiga la tragedia ferroviaria de Once. El magistrado definió realizar un análisis médico al maquinista Marcos Antonio Córdoba para saber si al momento en el cual la formación se estrelló éste podría haberse desvanecido por un ataque de epilepsia.

El motorman niega esta posibilidad y espera por las definiciones del Cuerpo Médico Forense. La noticia no cae bien entre funcionarios, ejecutivos de TBA y abogados querellantes: varios de ellos esperaban definiciones para los primeros días de la semana que viene. Ahora la espera continuará.

Con esta medida Bonadío da lugar a un pedido que en su momento realizara el exsecretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi. En ese entonces, mientras se desarrollaban las indagatorias, el exfuncionario había propuesto la pericia en una suerte de vendetta contra los directivos de TBA que descargaron responsabilidades en Córdoba y llegaron a sostener que estaba alcoholizado al momento del accidente.

Cuando el motorman concurrió a la indagatoria en los tribunales de Retiro negó en forma rotunda haber padecido epilepsia al momento del accidente y descartó cualquier posibilidad de episodios anteriores. El argumento de Córdoba es que intentó, hasta último momento, frenar la formación pero que los frenos no le respondieron. Una de las tesis que planteó en el despacho de Bonadío es que si bien los frenos pudieron funcionar en la pericia técnica, éstos podrían haber fallado al momento de la tragedia que le costó la vida a 51 personas.

Contradicciones

Durante la feria judicial de invierno, que el juez pasó en su despacho, TBA cargó directamente contra el motorman y le presentó al magistrado un escrito donde señalaba distintas contradicciones entre las dos declaraciones indagatorias que realizó Córdoba. Ya en ese entonces Bonadío había decidido realizar la pericia y había notificado a los médicos forenses. Ayer oficializó esas intenciones. Ahora debe acordar cuestiones de tipo presupuestario, especialmente si el análisis se lleva a cabo en una clínica privada. Todo indica que sería así especialmente por la tecnología médica que se requiere para el análisis: se trata de una videotelemetría de al menos 48 horas de duración interrumpida con internación.

La estrategia de Bonadío también es cubrirse a futuro. El juez entiende que esta pericia será un elemento crucial de debate cuando la causa llegue a instancia de juicio oral: aún en el caso de que Córdoba sufra algún tipo de epilepsia será necesario demostrar que en el momento del choque éste efectivamente se desvaneció.

En otro frente del expediente Bonadío espera por los resultados de la pericia contable sobre las finanzas de TBA. Quiere saber si el holding Cometrans incurrió en el supuesto delito de desvío de fondos públicos.

Todavía faltan completar tres puntos del informe y hay uno que ya es el principal motivo de demora: los peritos de la Corte Suprema intentan, desde hace semanas, reconstruir la ingeniería financiera mensual en TBA. La complejidad reside en que la firma registra más de 1.000 movimientos cada mes y los peritos todavía no han terminado de identificarlos.