La Justicia sobreseyó ayer a funcionarios porteños que estaban imputados por el derrumbe de un entrepiso del local bailable Beara, del barrio de Palermo, que provocó la muerte de dos chicas.

Los funcionarios se desempeñaban en el área de habilitaciones e inspecciones de la Agencia Gubernamental de Control, precisamente donde Mauricio Macri impulsa un cambio, a través de un proyecto de ley que se recibió ayer en la Legislatura porteña.

El jefe de Gobierno pide a los diputados una modificación en la ley de ministerios para traspasar la dependencia de control de Faltas Especiales a la cartera de Seguridad y Justicia bajo la órbita de la Subsecretaría de Justicia, a cargo del exjuez Javier Buján.

Según el proyecto que envió Macri, el pase se propone para que un área (la Agencia) sea la que controla y otra la que lleva adelante el «juzgamiento administrativo», es decir, una aplica la sanción y la otra la efectivizaría, ya sea cobrando multas o realizando otras acciones que corresponda.

Entre otras tareas se traspasarían la imposición de multas y clausuras por irregularidades en construcciones, locales comerciales o bailables, entre otros rubros.

En la investigación por el derrumbe de Beara, la magistrada Iermini sobreseyó al exfuncionario Martín Farrell, quien era titular del área de habilitaciones del Gobierno porteño; a Norberto Casano, jefe del Departamento de Esparcimiento; Pablo Saikauskas, director de Habilitaciones Especiales; Carlos Mustapich, quien habría dado la habilitación del local, y de Gustavo Amaru, maestro mayor de obras. La Legislatura había conformado una comisión que investigó el caso, adonde acudieron algunos de los funcionarios ahora sobreseídos, a responder preguntas de los diputados.