Un cruce entre el oficialismo que impuso su mayoría y la oposición en la Comisión Mixta Revisora de Cuentas terminó bloqueando la auditoría sobre empresas como Cammesa, Enarsa o inclusive los aportes del Estado a la organización Tupac Amaru.

En su lugar la comisión aprobó ordenar a la Auditoría

General que se realicen las auditorías de Papel Prensa y sobre las concesiones de la empresa Artear SA del Grupo Clarín.

Ayer por la mañana se reunió la Comisión Mixta Revisora de Cuentas para analizar expedientes pendientes y los nuevos planes de auditoría que ese cuerpo debe aprobar. Nada distinto de lo que esa comisión bicameral debe hacer cada 15 días.

Nervios

Pero parte de la oposición comenzó a ponerse nerviosa cuando el presidente de la comisión, el diputado kirchnerista correntino Fabián Ríos comunicó que el oficialismo no aceptaría ordenar que se realizaran las auditorías de la organización social Tupac Amaru de Jujuy, Enarsa y Cammesa. En el listado que llevaron los radicales a esa reunión también estaba la ex Ciccone Calcográfica, pero en ese caso el pedido se chocaba directamente con la ley de expropiación de la imprenta que no fijó la intervención de la AGN.

Ríos explicó tras la reunión que en el caso de la auditoría a Papel Prensa la orden se dio en respuesta a una solicitud del Poder Ejecutivo «que no había sido considerada por la gestión anterior de la Comisión Parlamentaria Mixta», cuando era presidida por Heriberto Martínez Oddone.

En el caso de la auditoría a Artear SA, Ríos relató que se trata de una respuesta al petitorio de extrabajadores de la empresa que la acusan de «la violación del pliego licitatorio» además de incumplimientos laborales y deudas con los trabajadores.

Esa fue la base que tomó la Comisión para instruir a la Auditoría General de la Nación, que audite Papel Prensa y Artear SA.

Frente a esa posición, el radicalismo «solicitó una serie de auditorías a diversos organismos públicos» que fueron rechazadas por el kirchnerismo.

Acusación

«El freno y los obstáculos que el oficialismo pone en la comisión que debe controlar las cuentas del Estado desnuda el interés del kirchnerismo de esconder números y gestiones que no le son favorables. De otra manera no se entiende por qué no dejan hacer su trabajo a la AGN», anunciaron ayer los radicales Gerardo Morales, Enrique Vaquié y Manuel Garrido.

«Con frágiles argumentos el kirchnerismo impone su número para evitar cualquier auditoría que no vaya contra quienes se cataloga como enemigo del Gobierno», dijo Morales.

Las oposición ya insistió en cinco ocasiones este año en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria del Senado para que se debatan los dictámenes de los informes ya emitidos por la AGN sobre el OCCOVI, LAFSA, Trenes de Buenos Aires, entre otras empresas de capital estatal o servicios concesionados. Pero tanto el recinto del Senado como el de Diputados se negaron a aprobarlos.

En el caso del informe de TBA, que se conoció una semana después del accidente en la estación Once, nunca pudo llegar ni a un inicio de debate. Allí la AGN afirma que hubo «manifiestos incumplimientos en las tareas de inversión mínimos y en la aplicación de los subsidios al mantenimiento y a la seguridad», según explicó en su momento Leandro Despouy, presidente de la Auditoría General.

«Hubo causales de incumplimiento muy graves y la CNRT ha cumplido un rol muy importante como órgano de la fijación de multas. Pero hubo morosidad y quietud notoria por parte de la Secretaría de Transporte para la aplicación de multas y penalidades», se dice en el informe.

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