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Economía    Jueves 19 de Septiembre de 2013   

Crecen partidas para obras futuras

Presupuesto 2014: filtro para cobrar juicios contra el Estado

• Control a gasto también sobre acreedores por sentencias.

Jorge Vanossi y Roberto Feletti
La modificación aparece sutil, casi imperceptible, dentro del proyecto de Presupuesto Nacional 2014. Cuando el proyecto se convierta en ley será más engorroso el camino para introducir en cada presupuesto las partidas para el pago de sentencias por juicios ganados contra el Estado.

En la actualidad el pago de sentencias a cualquier particular que gane un juicio contra el Estado está supeditado a la existencia de fondos disponibles en cada área o, mucho más probable, la inclusión de ese pago dentro de las partidas que se incorporan en el presupue sto del año siguiente para la cancelación de sentencias judiciales.

Ese mecanismo, que Domingo Cavallo utilizó hasta el hartazgo en los 90 también para taponar el pago de sentencias previsionales, sigue vigente aunque flexibilizado. Pero en el proyecto de Presupuesto Nacional 2014 se introduce un pequeño cambio burocrático que complicará el cobro de esas sentencias.

Hasta ahora cuando un juicio se ganaba al Estado la orden judicial de pago se comunicaba directamente a la Secretaría de Hacienda para que dispusiera la incorporación de la partida en el presupuesto siguiente.

El proyecto establece que desde ahora cada repartición del Gobierno que tenga una sentencia en su contra deberá incorporar el pedido de fondos para cancelarla dentro del anteproyecto de presupuesto que presentan anualmente siempre antes del 31 de julio .

No sólo existe una diferencia de tiempos ya que el trámite de cobro entrará dentro de las necesidades de cada área y no en la partida nacional; también entrarán a jugar las prioridades de cada sector a la hora de incluir las partidas.

No es una novedad que el Presupuesto 2014 incluye restricciones reales al crecimiento del gasto. La oposición ya argumentó sobre la diferencia entre el crecimiento proyectado de la recaudación, casi un 28 % y el del gasto, cercano al 16 %. Es lo que llaman un ajuste real sobre la ejecución del gasto.

Dentro de las cientos de obras de infraestructura comprometidas en el proyecto aparece un dato clave también sobre la ejecución del gasto en medio de un año de campaña que antecede a otro donde las disponibilidades de caja se pueden complicar.

En esas 26 planillas que contienen todas las obras a ejecutar en el país a partir de 2014 aparecen compromisos por un total de $ 131.381 millones, pero en la imputación del año próximo sólo se registran $ 3.860 millones, otros $ 14.750 millones en 2015 y $ 19.750 en 2016. El resto queda a ejecutar en el futuro.

Hay otra polémica que nada tiene que ver con el gasto y amenaza con complicar el último tramo del debate del paquete de leyes económicas que el Gobierno pidió para antes de las elecciones del 27 de octubre.

Dentro de ese paquete está la renovación del impuesto al cheque que vence el 31 de diciembre de este año. Ese impuesto se distribuye un 80% a la Nación y la oposición siempre presionó por llevar al 50% el monto que reciben las provincias. La diferencia en juego son unos $ 35.000 millones de la recaudación.

El radicalismo, conducido en Diputados por Ricardo Gil Lavedra, y el recién estrenado Frente Renovador de Sergio Massa le reclaman a Roberto Feletti que ese proyecto se apruebe con la mayoría calificada de 129 votos positivos en Diputados y 37 en el Senado que la Constitución nacional exige para toda ley que modifique asignaciones de la coparticipación. Si se sigue esa regla el kirchnerismo estaría en peligro de no lograr el número. El oficialismo argumenta que en las renovaciones de ese impuesto que se votaron en 2004, 2006, 2009 y 2011 la oposición aceptó que se hiciera por mayoría simple. En juego quedan $ 70.000 millones de recaudación anual ya que la vigencia del impuesto vence. Está claro que ninguna provincia auspicia la desaparición del impuesto al cheque, pero aunque no lo reconozcan públicamente, hasta los gobernadores apoyan que se modifique la coparticipación de ese tributo que nació en medio de la crisis final del Gobierno de Fernando de la Rúa.

El kirchnerismo, para defender la posición, cita al constitucionalista radical Jorge Vanossi que en 2004 reconoció que "se requiere la mayoría absoluta de los presentes y no otra mayoría calificada" para renovar el impuesto.

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