Miércoles 10 de Marzo de 2010   
En medio de las protestas de la oposición

Italia: aprueban otra polémica ley que posterga los juicios contra Berlusconi

Silvio Berlusconi.

El Senado italiano adoptó una ley que "impide legítimamente" al jefe de gobierno italiano, Silvio Berlusconi, comparecer ante los tribunales de su país, lo que le evitaría presentarse a los dos juicios en los que está acusado.

La ley, centro de una fuerte batalla política, fue adoptada con 169 votos favor, 126 en contra y 3 abstenciones en medio de las protestas de la oposición.

Para entrar en vigor, la ley, que fue aprobada el 3 de febrero por la Cámara de Diputados, debe ser firmada por el presidente de República, Giorgio Napolitano.

La ley establece que el jefe de gobierno y sus ministros están cubiertos durante los próximos 18 meses por un "impedimento legítimo" para comparecer ante los jueces.

Si la ley es ratificada por el presidente, los jueces se verán obligados a aplazar las audiencias de los dos procesos a Berlusconi por fraude y corrupción en Milán (norte).

Hasta ahora, el juez decidía caso por caso si otorgar o no el "legítimo impedimento" para fijar la fecha de las audiencias.

La ley podría ser considerada inconstitucional por los magistrados que juzgan a Berlusconi y cuya próxima audiencia ha sido fijada para el 26 de marzo.

Los fiscales de los dos casos, uno por irregularidades en la adquisición de derechos televisivos y otro por soborno al abogado inglés David Mills, anunciaron ya que denunciarán la norma por inconstitucional.

En tal caso, el asunto pasa a la Corte Constitucional, la cual emplea cerca de un año para pronunciarse mientras los juicios son aplazados.

La oposición de izquierda acusó al Parlamento de haber aprobado de nuevo una ley "hecha a medida" del multimillonario primer ministro, que viola el primer artículo de la Constitución que reza "la ley es igual para todos" por lo que mostraban como protesta ejemplares de la Carta Magna.

Los juicios contra Berlusconi se reanudaron tras el levantamiento en octubre pasado por parte de la Corte Constitucional de la inmunidad penal al primer ministro adoptada pocos meses después de su regreso al poder en abril del 2008.

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