Internacionales    Martes 8 de Junio de 2010

Los controladores aéreos y la policía, exceptuados

Poca aceptación al paro de empleados públicos en España

Las cifras de adhesión generaron cruces entre el gobierno y las centrales obreras.

La huelga de funcionarios públicos en España tuvo un "alcance limitado" y la jornada del martes se desarrolló con "normalidad" según el gobierno, que cifró en 11,85% su seguimiento, pero fuentes sindicales estimaron una participación de un 75% de los 2,5 millones de empleados estatales.

"El paro en la Administración pública ha tenido un alcance limitado y se ha desarrollado con normalidad", aseguró la secretaria de Estado para la Función Pública, Consuelo Rumí, y afirmó que el "seguimiento medio" fue del 11,85%.

Dicho porcentaje no incluyó al personal que cubría servicios mínimos, precisó la funcionaria, quien subrayó cómo el paro se hizo sin "incidentes significativos".

Entre los "incidentes", Rumí habló de algunos retrasos en el tren de alta velocidad entre Madrid y Sevilla, o interrupciones en puertos de Almería o Barcelona, ciudad donde hubo también retenciones tras el corte del tránsito por un grupo de huelguistas, con la quema de varios neumáticos en la avenida Diagonal.

La huelga fue convocada por los sindicatos Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores y Central Sindical Independiente y de Funcionarios, en protesta por el recorte del 5% del salario de trabajadores estatales, aprobado por el Ejecutivo el pasado 20 de mayo.

El recorte salarial forma parte de un plan de ajuste para reducir el déficit público del 11,4%, el cual incluyó también congelamiento de pensiones y reducción en la inversión pública.

Mientras el gobierno dio a entender que la huelga fue un fracaso, los sindicatos aseguraron que la participación giró en torno a un 75%, y amenazaron con profundizar las protestas, en caso de que el gobierno decrete una reforma laboral "lesiva" para los trabajadores.

"El gobierno debe tomar muy buena nota, ya que (la huelga) puede ser el principio de muchas cosas más", avisó el secretario general de UGT, Cándido Méndez, en una manifestación central que se realizó hoy en Madrid, a la que definió como "multitudinaria".

Por su lado, el jefe de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, apuntó que "es problema del Gobierno si se contenta con maquillar las cifras", en referencia al 11,85% de participación según datos proporcionados por el Ejecutivo.

Según los datos que dio Rumí, los ministerios donde hubo más seguimiento fueron los de Ciencia e Innovación (21,87%), seguido de Política Territorial (20,05%) y Exteriores (19,70%).

Mientras, en el resto de administraciones estatales -organismos autónomos, agencia tributaria, administración de justicia e instituciones penitenciarias- la implicación fue del 16%.

La participación también fue escasa en el Congreso de Diputados, pues de 459 funcionarios sólo secundaron el paro 18, y en el Senado, estuvieron 27 de 331 trabajadores.

En el Tribunal Supremo, 15 de 600 personas se unieron a la huelga, mientras en el Consejo General del Poder Judicial sólo se sumaron 30 de 582 empleados.

Izquierda Unida consideró "necesaria y justificada" la huelga, en tiempos de "golpes de mercado contra los trabajadores, los servicios públicos y la propia democracia".

En una conferencia de prensa, el diputado izquierdista Gaspar Llamazares advirtió que la "andanada contra los trabajadores públicos forma parte de una mucho más ancha" que se conocerá mediante una "contrarreforma impuesta" por el gobierno.

Llamazares aludió así a la reforma laboral que el gobierno español aprobará el próximo 16 de junio, por la que los sindicatos ya han amenazado de una huelga general en caso de que se decida incluir medidas que faciliten despidos.

Con más de 4 millones de desocupados, España apenas salió de la recesión en la que estuvo sumida durante un año y medio, pero la Bolsa sumó hace un mes su quinta jornada consecutiva de descensos, el mayor desplome semanal desde octubre de 2008, tras la caída del banco Lehman Brothers.

Por ese motivo, el Ejecutivo se comprometió en Bruselas a reducir el déficit en 15 mil millones de euros, iniciativa que también reclamaba el Fondo Monetario Internacional y poderosos grupos financieros.

El Partido Popular, oposición de derechas y que siempre insistió en la necesidad de "recortar el gasto", valoró hoy como "comprensible" el "enfado" de funcionarios.

"Pensamos que una huelga no es la solución, pero entiendo esa indignación por la irresponsabilidad del gobierno", dijo la portavoz popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría.

Por su lado, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Gerardo Díaz Ferrán, calificó de "inoportuna e injusta" la huelga, y criticó que los funcionarios hayan tenido "subidas salariales muy importantes en 2009", que no se deberían "haber hecho en su momento".

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