Política    Viernes 10 de Febrero de 2012

Tras las denuncias por "militarización del Atlántico sur"

Argentina pierde apoyo de tres países de la región en la causa Malvinas

Por: Carolina Barros

Después de que el canciller Héctor Timerman presentase ante el consejo de Seguridad de Naciones Unidas el reclamo argentino por el despliegue militar británico en el Atlántico Sur, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, instó a Argentina y el Reino Unido a "evitar una escalada" en la disputa por las islas Malvinas, tras manifestar su "preocupación" por el "creciente fuerte intercambio" entre ambos países en torno a esa cuestión.

Nada nuevo. Hasta puede parecer redundante que el organismo internacional más "global" de todos, exhorte a la mesura y coherencia en esta guerra retórica entre Buenos Aires y Londres. (Tampoco tuvo mucho de nuevo el material de inteligencia británico "revelado" por Timerman en su exposición: el sistema de comunicación Echelon lleva cerca de cuatro décadas allí).

Sin embargo, no tan coherentes o encuadrados en ese equilibrio y armonía invocado por Ban para la relación entre los gobiernos de Cameron y de Cristina Kirchner son algunas reacciones en el supuesto "club de amigos" de la Argentina. Dos países caribeños, que la Argentina contaba en su lista de adherentes para su argumentación sobre Malvinas, aclararon los tantos el viernes. 

Dominica, junto con Antigua y Barbuda desautorizaron parte de un comunicado de la cancillería argentina titulado "Cinco nuevos países deciden impedir el ingreso a sus puertos de buques con bandera colonial de Malvinas", fechado en Caracas el 4 de febrero de este año (fue el resultado de la cumbre del Alba, a la que concurrió Timerman). En sus propios sitios oficiales, los gobiernos de Dominica y de Antigua y Barbuda aclararon que instaban a Gran Bretaña y la Argentina a "cumplir con lo establecido en la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, absteniéndose de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación mientras las Islas estén atravesando por el proceso recomendado por la Asamblea General" pero que no avalaban el impedir en sus puertos el ingreso de naves con la bandera de las islas Malvinas", "ni con bandera de ningún otro país de la región". 

No es todo. A eso se agrega que el jueves, el presidente de Uruguay, José Mujica, dijo que, si bien Argentina tiene "sus derechos históricos" en la zona y que le desagrada "la intromisión de Gran Bretaña en nuestro continente", no le agradaba "aislar a la gente comercialmente", "porque no se logra nada y además, no corresponde en ningún caso".

Mujica avalaba así la "libertad comercial" de la delegación de empresarios uruguayos que estaban cerrando nuevos negocios en Puerto Stanley. Sin duda, los dichos del mandatario uruguayo no desautorizaron el pronunciamiento del MERCOSUR de diciembre en Montevideo, que suscribió impedir el ingreso a puerto de buques con bandera de las Malvinas. Pero junto con la de cal, vino la de arena: Uruguay, en palabras de Mujica, no se plegará a un mayor bloqueo comercial sobre las islas.

Por eso, frente a estos cambios suscitados en aquellas adhesiones de la región hacia la causa argentina por Malvinas, cabe preguntarse si la escalada verbal, diplomática, de carpetas de denuncia y de presentaciones mediáticas forma parte de una política de estado o es, como estamos acostumbrados con nuestra política vernácula, otro texto más dentro del relato oficial. Lo peligroso en esto no es sólo el escalamiento de un conflicto que hasta ahora es verbal y mediático, con denuncias hacia Gran Bretaña y los isleños (y en consecuencia, con sus respectivas enconadas respuestas), sino que esta misma escalada, desmadrada, termine por aislar a la Argentina.

Ya Uruguay y dos países caribeños modificaron parte de su posición frente a las medidas anti-malvinas de Argentina. Cabe preguntarse si fue una modificación o si, como suele suceder en la diaria política de la Casa Rosada, se decidió embarcar a todos -propios y ajenos- en la misma cubierta, sin darle lugar ni opción al disenso o a las diferencias de opinión.

Mientras tanto, Chile aguarda, expectante, los próximos pasos del gobierno argentino en lo que hace a las historia de 1982 que puede "ventilar" el informe Rattenbach, o la suspensión de los vuelos de Lan hacia las islas. Tampoco Brasil, que tiene derechos marítimos sobre el Atlántico Sur, por ahora, mete baza en esto.

Quizás convenga reflexionar sobre las señales que tanto Uruguay como Dominica y Antigua y Barbuda ya empezaron a dar. Estamos todos de acuerdo en navegar en el mismo barco: la cuestión es conocer -antes- cuál es el derrotero. Si lo hay.

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