Política    Jueves 18 de Octubre de 2012

Rechazó planteo de la cámara empresaria de TV por cable contra artículo 30

El juez Alfonso ya suspendió una cautelar contra la Ley de Medios

Horacio Cecilio Alfonso, titular del juzgado federal en lo Civil y Comercial N° 2, y desde este jueves designado subrogante del N° 1, donde se tramita la constitucionalidad del artículo 161 de desinversión de medios audiovisuales, ya suspendió una cautelar presentada por una asociación de empresas privadas de TV por cable contra la Ley de Medios.

La historia comenzó el 24 de abril de 2011 cuando la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC) solicitó a la Justicia frenar la aplicación del artículo 30, que establece los requisitos y obligaciones para que las cooperativas y organizaciones sin fines de lucro ofrezcan el servicio de televisión paga. 

Ese pedido recayó en el juzgado N° 3, que en ese momento tutelaba el jubilado Edmundo Carbone, que ya había congelado el 161 a pedido del Grupo Clarín. La presentación fue realizada por Beatriz Villosio y Daniel Celentano, en nombre de la ATVC. Villosio, titular de la compañía Televisora Centro Mortero de Córdoba, y Celentano exigieron a Carbone que impida la aplicación del artículo 30 porque sentían afectados sus derechos. En la cautelar, argumentaron que como las cooperativas están exentas de pago del Impuesto a las Ganancias tendrían ventajas a la hora de fijar el precio para la prestación del servicio de televisión por cable, y que por ese motivo, les ocasionaba un perjuicio y una falta a libre competencia. Para la ATCV esta situación provocaba una "anticompetencia".

"Su arbitrariedad e irrazonabilidad determinan lesiones, restricciones, alteraciones y amenazas a los derechos y garantías", sostuvieron en su escrito patrocinado por el abogado Mario Hugo Lezana, y remarcaron: "En especial los de propiedad y de ejercer industria lícita (artículos 14 y 17 de la Constitución nacional) en un mercado libre de distorsiones".

En julio siguiente, Carbone hizo lugar a la queja de la ATVC y frenó la aplicación del artículo 30. Para ese entonces, los supuestos damnificados Villosio y Celentano prescindieron del abogado Lezana y contrataron a un estudio con vínculos comerciales con el Grupo Clarín, y que ya había pedido la suspensión de la resolución 100/2010 de la Secretaría de Comunicación que quitaba la licencia a Cablevisión para dar el servicio de Internet a través de Fibertel (ver nota vinculada).

Ante el congelamiento del 30, la AFSCA, que hoy comanda Martín Sabbatella, recusó a Carbone y la causa fue a parar a manos del juez Horacio Cecilio Alfonso, que ese año había asumido la titularidad del juzgado N° 2 propuesto por el Poder Ejecutivo. Cuatro meses más tarde, el 14 de noviembre de 2011, el juez Alfonso revocó la cautelar solicitada por la ATVC y habilitó a las cooperativas a participar en el reparto de licencias de comunicación audiovisual, según lo establece la ley 26.522.

En su fallo, Alfonso argumentó que una cautelar no puede frenar la puesta en vigencia de una ley y consideró que declaración de inconstitucionalidad de una norma aprobada por el Congreso es un "acto de suma gravedad institucional".

"El fundamento de la medida cautelar podrá reducirse a la petición de inconstitucionalidad atendiendo al acierto o al error, al mérito o a la conveniencia de las soluciones legislativas pues éstos no son puntos sobre los que el poder judicial pueda pronunciarse, por lo que la declaración de inconstitucionalidad de una ley -acto de suma gravedad institucional- no puede fundarse en apreciaciones de tal naturaleza, sino que requiere de la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable", escribió en la sentencia.

Perfil

Alfonso cumplirá 55 años en noviembre próximo. Oriundo de Capital Federal, se matriculó en la UBA en 1985, donde dictó clases y asistió a la jueza de la Corte Suprema Elena Highton de Nolasco en la cátedra Elemento del Derecho Civil. Posee posgrado en derecho aeronáutico y espacial y otro en derecho a la propiedad intelectual e industrial. Desde 1980 se desempeña como funcionario judicial del fuero Civil y Comercial. Fue auxiliar, secretario interino, auxiliar principal, secretario de Justicia y titular de juzgado. Ahora, le tocará asumir como subrogante.

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