Economía    Lunes 25 de Febrero de 2013

Por Federico Cagnani (UBA)

Cambio en coparticipación vs. reforma tributaria

Por Federico Cagnani (UBA).- Para quien no conoce de cerca la realidad argentina, podría resultar difícil entender cómo un país que ha conseguido disminuir su ratio deuda/PBI en más de un 100% en 10 años, y que ha experimentado el período de crecimiento económico ininterrumpido más largo de su historia- con importantes reducciones en sus indicadores de desempleo, pobreza e indigencia- puede hoy tener a sus provincias más ricas con crecientes niveles de endeudamiento, déficits en sus cuentas públicas, y una conflictividad gremial cada vez mayor como consecuencia de los atrasos en el pago de sueldos. El sistema federal de gobierno que impera en nuestro país respeta las autonomías provinciales, que preexisten a la Nación, y por lo tanto una explicación que intente abordar más en detalle los motivos de la delicada situación financiera que atraviesan algunas provincias, demandaría una revisión de sus propias administraciones, que evite la permanente tentación a encontrar culpas ajenas por malos manejos propios. 

El caso más resonante, por ser la provincia más importante del país en términos de actividad económica y cantidad de habitantes, es el de Buenos Aires. Provincia que, desde hace años, sostiene un déficit que oscila entre los $10.000 y $12.000 millones. Esto ha motivado a que no solamente Daniel Scioli promueva un incremento de los ingresos que recibe en términos de coparticipación. Idéntico planteo hicieron en su momento Carlos Ruckauf y Felipe Solá cuando les tocó gobernar la provincia. 

El planteo bonaerense consiste en reclamar que, al estar la masa coparticipable mayormente conformada por impuestos ligados a la actividad económica- IIBB e IVA- le correspondería una distribución más acorde a lo que la provincia genera y a la incidencia que tiene en esa actividad. Los números, en una primera lectura superficial, aparentemente avalan el reclamo: es el distrito donde se concentra casi el 40% del PBI nacional, el 55% de la industria y en donde vive un 40% de la población. En su territorio se origina el 38% de lo que la Nación recauda pero a cambio recibe solo el 20,8%, aunque en términos absolutos los montos distribuidos para Buenos Aires se hayan incrementado en los últimos años un 660%. 

Sin embargo, el argumento así expuesto solo es entendible si se considera a la coparticipación como un esquema pensado para asegurar una distribución de los recursos federales proporcional al peso de cada provincia en la recaudación o el gasto. Pero este principio colisiona con otro, no menos importante, referido a la solidaridad tributaria que inspira a este sistema, muy importante en un país con realidades regionales muy distintas y una importante heterogeneidad entre las estructuras productivas de las diferentes provincias. 

La provincia de Buenos Aires manifiesta que, al no recibir los fondos que merecería, no puede afrontar los aumentos que demandan los gremios docentes y, en consecuencia, necesita recurrir al endeudamiento externo para evitar el ahogo financiero. Esto anticipa un doble problema: en primer lugar, emitir deuda en dólares para financiar gastos corrientes como el pago de salarios, que luego terminan pagándose con saldo exportable. Esa alternativa, por cierto discutible, sólo resultaría sustentable si se aplica a inversiones que diversifiquen la matriz productiva y ayuden a sustituir importaciones. Pero, además, la tentación al endeudamiento sigue postergando la discusión sobre cómo encarar una reforma tributaria en la provincia que incremente la recaudación aumentando la carga entre los sectores con mayor capacidad contributiva. 

En efecto, en los últimos diez años, la participación de los impuestos sobre el patrimonio en Buenos Aires se redujo a la mitad, pasando de un 25% del total en el 2001, a un 12% en el 2011. 

En general, son pocas las provincias que han avanzado en reformas de fondo para reconvertir sus estructuras tributarias y tender a hacerlas más progresivas. Forzados por las circunstancias, algunos mandatarios han propuesto proyectos para, por ejemplo, modificar los valores fiscales de los campos, sin revaluar desde hacía décadas a pesar del notable aumento del precio de la tierra. En la provincia de Buenos Aires, el valor de la hectárea era en 2001 cercano a2.000 dólares/ha promedio en la "zona núcleo", en tanto hoy supera los 18.000 dólares/ha. El impuesto inmobiliario en esta provincia es, quizás, el caso más emblemático de regresividad tributaria, en la medida en que su incidencia en la recaudación tributaria total es todavía muy baja. 

En consecuencia, una estructura tributaria donde de casi de cada 10 pesos que se recaudan, 8 corresponden a Ingresos Brutos, sigue mostrando una asignatura pendiente de la administración local, que perpetúa la oscilación de los ingresos en función de la actividad económica, con los riesgos que esto genera en contextos de fuerte desaceleración, como el del año pasado. 

Finalmente, un último aspecto a considerar tiene que ver con lo los giros y transferencias propiamente dichas que ha realizado el Gobierno Nacional en los últimos años, lo que en general suele ser lo más criticado entre quienes entienden que hay cierta enjundia en particular con el gobernador Scioli. En el período 2007-2012, la administración de Cristina Fernández destinó el 42% del incremento de la asistencia financiera a las provincias sólo a Buenos Aires ($ 3.600 sobre un total de $ 8.700 millones), además de haber promovido un Plan Federal de Desendeudamiento del cual resultó ser la más beneficiada, pues desde su implementación en el 2010 y hasta el 2017, podrá ahorrar $22.600 millones. 

En suma, la orientación de la política económica de la Provincia de Buenos Aires es el principal determinante de los problemas financieros que hoy afronta: se endeuda para financiar gastos corrientes, demora la implementación de una reforma impositiva de fondo que busque aumentar la recaudación entre los sectores con mayor capacidad contributiva, y promueve rediscutir el esquema de coparticipación federal de impuestos vigentes sólo sobre la base de la participación de cada provincia en el total de la recaudación, por fuera de todo criterio solidario y redistributivo. 

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