Economía    Domingo 25 de Agosto de 2013

Por Liliana Franco.-

Para subir piso de Ganancias estudian aumentar recargo por compras en el exterior y retenciones mineras

Por: Liliana Franco

El Gobierno tomó la decisión política de subir el piso a partir del cual se calcula el pago del impuesto a las Ganancias para los trabajadores en relación de dependencia como se lo hizo saber la presidente Cristina de Kirchner a los empresarios el miércoles pasado en Río Gallegos.

En esa oportunidad, la jefa de Estado reconoció que es necesario encontrar fuentes alternativas a la recaudación de Ganancias para no desfinanciar al Fisco. Si bien, les pidió a los empresarios que aporten ideas al respecto ya, por su indicación, varias áreas del Gobierno venían analizando diferentes alternativas.

Los números que se barajan es subir el piso en el orden del 30% lo que representaría un esfuerzo fiscal de unos $ 15.000 millones, según trascendió en medios oficiales.

Si se concretara esta suba, el monto mínimo a partir del cual pasaría a tributar un trabajador soltero sería de $ 9.020 y de $ 12.476 para el caso del asalariado casado con dos hijos.

El dilema que enfrenta el gobierno es que por este tributo se recauda nada menos que $ 54.000 millones, recursos a los que no se puede renunciar en momentos en que existen faltantes en las cuentas del Tesoro, un dato que le aportó el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, a la Presidente.

El proyecto de grabar la renta financiera en el mejor de los casos aportaría "unos $ 5.500 millones", explicó oportunamente el titular de la AFIP y siempre cuando se aplicara una del "del 15% a la renta financiera", sostuvo el funcionario.

Dado que la Presidente decidió que se excluyeran a los plazos fijos de futuros gravámenes, con el argumento de no castigar al ahorro de los argentinos, la carga recaería en pocos sectores como las acciones, siendo menor aún la eventual recaudación proveniente del sistema financiero.

Otra área que fue sujeta a estudio y de donde habría más posibilidad de obtener recursos para el Gobierno es el turismo. Según datos del Banco Central, los argentinos que viajaron al exterior registraron gastos en divisas por u$s 5.400 millones durante el primer semestre del año, un monto 64% mayor al registrado entre enero y junio de 2012. Cabe señalar que la proyección anual por turismo equivale a todo el saldo de la balanza comercial.

Un elemento a tener en cuenta es que en el segundo trimestre del año, un período tradicionalmente de baja en los viajes, los turistas argentinos gastaron casi lo mismo que en el primero (temporada alta). Esta circunstancia muestra la tendencia creciente de estas salidas de divisas que podría perfectamente superar los u$s 10.000 millones en el año, si no se establecen correcciones.

En la actualidad los gastos con tarjeta de crédito sufren un cargo de 20%, que arroja un dólar cercano a los $ 6,70. Las anteriores cifras llevan a que en los despachos oficiales se esté pensando en subir ese recargo en 30 puntos más, es decir a un 50% que ubicarían al dólar turista en 8,40 pesos, muy cercano al valor actual del dólar blue.

Por cada u$s 1.000 millones de gastos en tarjeta, la suba del recargo al 50%, aportaría un adicional al gobierno de unos $ 1.700 millones.

En tiempos electorales se evaluó cómo caería una decisión de esta naturaleza. Al respecto, existe bastante consenso en los argumentos que justificarían la medida. Explican que los sectores que podrían disgustarse con un aumento al gasto en tarjeta de todas maneras no simpatizan con el kirchnerismo.

Además, esta suba tendría el destino de beneficiar a numerosos trabajadores lo cual "es mucho más justo", aseveran. Otro punto a favor es la necesidad de frenar esta salida de dólares para así poder agilizar las importaciones y permitir continuar con el crecimiento.

Otra de las ventajas es que para su aplicación no necesitarían una ley simplemente elevaría el monto de gastos con tarjetas sujeto a devolución en la liquidación de Ganancias, tal cual funciona actualmente.

Si bien la mayoría coinciden en estas argumentaciones algunos dentro del Gobierno sugieren que no sea implementado antes de antes de octubre. Argumentan que la oposición se ocupará de "atemorizar" a la población con "argumentos falaces tales como que no se puede viajar al exterior" omitiendo que el dinero a recaudar terminará en los bolsillos de los trabajadores.

Para el fisco el tema es conveniente porque si bien esa tasa puede ser devuelta a los viajeros, en la práctica, como reconocen en la AFIP, quienes solicitan el reintegro es una minoría.

También es cierto que si sube el recargo a un total del 50% esto puede redundar en menos viajes al exterior lo cual también beneficia al Tesoro porque la salida de divisas disminuiría.

• Retenciones Mineras

Otro de los sectores que según instrucciones presidenciales se analizó es el minero. Esta actividad tributa por derechos de exportación entre el 5% y 7% de acuerdo de los productos que vende al exterior.

Sin embargo, de acuerdo al estudio que acercaron a la Casa Rosada, incrementar los derechos de exportación supone distintos problemas: uno es que los precios de los minerales han caído a nivel internacional afectando negativamente el resultado de las empresas; otro es que, por ley las empresas mineras tienen garantizada la estabilidad impositiva, de donde seguramente reclamarán ante cualquier intento de aumentar la carga tributaria.

Con todo, debe tenerse en cuenta que el Gobierno aplicó en su momento derechos de exportación, no contemplados en la ley, de donde no se descarta que el Ejecutivo trate nuevamente de hacerse de recursos provenientes de este sector, al que se considera con buenas tasas de ganancias, más allá de la normativa vigente.

De todas maneras, y en base a las exportaciones de minerales del año pasado que no superaron los u$s 5.000 millones, cada punto de aumento de los derechos significaría unos u$s 50 millones equivalentes a $ 280 millones.

• Turismo al exterior 

Actualmente el impuesto a las Ganancias alcanza a cada vez más trabajadores en relación de dependencia. Un estudio de la Fundación Mediterránea sostiene que, mientras en 2003 menos de uno de cada diez empleados pagaban este tributo (8,3%) en la actualidad es casi uno entre tres (31,5%).

La actualización por debajo de la inflación de los montos para el cálculo de este impuesto como así también la no revisión de las escalas (no han sido modificadas desde el año 2.000), explican la creciente presión tributaria sobre los salariados.

Así, según Fundación Mediterránea, mientras la inflación acumulada en el período 1998-2013 estuvo en torno de 522%, las deducciones que pesan sobre la determinación del impuesto de un asalariado soltero crecieron 296%, en tanto que para el trabajador casado con 2 hijos la suba fue de 352%.

De esta forma, el salario neto a partir del cual se comienza a pagar el impuesto se ubica en 2013 entre los niveles más bajos de la década. Si se actualizaran las deducciones y tramos de escala al ritmo de la inflación de los últimos 15 años, un trabajador soltero que actualmente tiene ingresos mensuales netos de $ 12.450, recuperaría $ 906 por mes por menor presión tributaria.

La parte de sus ingresos que los asalariados destinan a este impuesto llega a casi 7% en el caso de un trabajador con ingresos brutos mensuales de $ 15.000 ($ 12.450 netos) en la actualidad, cuando en 1998 hubiera tributado menos de 1%.

Mucho peor es el caso de un trabajador casado con dos hijos que en la actualidad gana $ 30.000 ($ 24.900 netos), ya que ahora destina casi el 15% de sus ingresos a Ganancias, cuando en 1998 era menos del 4%.

Otra forma de ver el problema es el tipo de asalariados que son alcanzados por el tributo. Según datos que surgen de la Encuesta Permanente de Hogares, tanto para el año 2003 como para 2007, los asalariados formales que pagaban Ganancias eran básicamente aquellos que desempeñaban ocupaciones profesionales, mientras en 2012 casi el 35% de los asalariados en cargos técnicos y casi 29% de los operarios fueron alcanzados por este tributo.

Un aumento del 50% en los niveles de salarios a partir de los cuales se comienza a tributar es, a juicio de la Fundación Mediterránea, el ajuste que mínimamente debería aplicarse. De esta forma, el piso para el pago sería de $ 10.408 en el caso de solteros y de $ 14.396 para los casados con dos hijos.

Actualizar el mínimo no imponible de Ganancias en un 50% tendría un costo fiscal del orden de 1% del PIB, según la Fundación Mediterránea, equivalente a unos $ 22.000 millones. El problema es cómo financiarlo, en momentos en que la presión tributaria se encuentra en un nivel récord: se calcula que para el año en curso llega a 42,8% del PBI (incluyendo el impuesto inflacionario).

No sólo se han producido en los últimos años aumentos en los impuestos existentes (por ejemplo el IVA pasó de representar el 5,7% del PBI en 2001 a 8,8% en 2012), sino que también es creciente la participación de nuevos impuestos como los derechos de exportación y el impuesto al cheque que representaron 2,8 y 2% del PBI, respectivamente, en 2012.

Por esta razón es que en medios privados se pone la mira sobre el gasto público, que creció a más de 49% del PBI en la actualidad, unos 14 puntos porcentuales por encima del dato correspondiente a 2001.

En tal sentido, el trabajo señala la necesidad de recortar particularmente los subsidios económicos a empresas - que en 2012 representaron aproximadamente 4,8 puntos del PBI -. En particular se apunta a los subsidios a las tarifas de los servicios públicos (electricidad, gas, agua, transporte) y específicamente a los que benefician a las familias de mayores ingresos.

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